Rechazo por la violencia en el Cauca tras asesinato de lideresa indígena
El asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena, ha evidenciado la compleja situación de orden público del departamento.
El asesinato de una gobernadora indígena en el departamento del Cauca alerta sobre la violencia en el territorio. Allí vivían más de un tercio de las 836 víctimas de violencia político-social que hubo en 2020 en el país, reveló este miércoles un informe académico.
Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena nasa y líder ambiental del resguardo La Laguna Siberia, viajaba este martes 20 de abril en motocicleta cuando hombres armados le dispararon a sangre fría a ella y al conductor.
Fueron “los mafiosos”, dijo su padre Clímaco Peña a Efe, al hablar sobre los presuntos responsables del crimen, entre lágrimas durante el velorio de “Lilianita”, como llama a su hija. Tenía 34 años, y venía denunciando repetidamente el crecimiento de los cultivos ilícitos en la zona.
La gobernadora, de hecho, empezó hace un mes un proceso activo de erradicación de cultivos de coca, junto a la guardia indígena.
“Mi hermana era muy fuerte, muy echada para delante, ella no se amedrentaba”, destacó Olga Peña Chocué, durante el velorio celebrado en La Laguna, al que acudieron unas 2.000 indígenas. Agregó que deja “un camino para que nosotros tengamos un derecho ganado frente al Estado”.
“No, compañeros, no nos asustemos. Seguimos adelante en pie de lucha, no nos quedemos en las casas, sino que cuando a un compañero le quitan la vida, manifestémonos”, pidió la hermana.
“Caldono siempre ha sido víctima de la violencia. Entre 1997 y 2014 han ocurrido 248 acciones armadas que vienen de todos lados”, explicó a Efe el alcalde de este municipio que engloba el resguardo, José Otero. Añadió que allí se realizan consejos de seguridad después de cada acto, pero “no han adoptado un plan que dé verdaderas soluciones”.
439 asesinatos en 2020
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) divulgó hoy los datos de sus registros del 2020, revelando que las violaciones de derechos humanos y la violencia socio-política aumentó el año pasado respecto al anterior y el Cauca recogió gran parte de estos incidentes.
De las 836 víctimas de violencia política y social, que incluye 439 asesinatos, 219 amenazas y 82 lesiones físicas, 300 estuvieron en este departamento, mientras que de las 502 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 232 se produjeron también allí.
Así se extrae de la Revista Noche y Niebla nº62, presentada hoy por el Cinep y que se enfoca en la región pacífica del Cauca, donde hay más de 273.000 hectáreas que están siendo explotadas y contaminadas para la extracción de oro, y la población también convive con un aumento de las actividades de narcotraficantes.
“Después del acuerdo de paz, hubo unos meses de una calma muy importante, pero eso después ha venido cambiando y ha generado una situación mucho mas compleja que incluso antes del acuerdo”, explicó durante la presentación de la revista el activista y delegado de la organización Cococauca, Dionisio Rodríguez Paz.
En la región actúan varios grupos armados, entre ellos disidencias de las FARC, bloques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y otros grupúsculos criminales. Se disputan las valiosas salidas al Pacífico, los corredores para sacar la mercancía ilegal, y las explotaciones mineras.
Durante esta guerra por los recursos y el territorio, estos grupos asesinan a todo quien se pone en su paso, incluyendo a indígenas, que se mantienen fieles al resguardo de su territorio.
La mayoría de asesinatos que se cometen en los últimos años, como señaló el investigador del Cinep, ya no son reivindicados, sino que el disparo sale de “hombres armados sin identificar”, encapuchados a los que muy probablemente les paguen. Crímenes que ahora son más difíciles de resolver y perpetran la impunidad que existe en Colombia.
“La salida al conflicto que tiene este país tiene que ser de manera dialógica. Ya nos hemos gastado más de 200 años en distintas guerras y conflictos y no se ha resuelto, así que la mejor manera es a través del diálogo”, enfatizó el líder afrocolombiano del Cauca.
El peligro de alzar la voz
La población vive en muchos casos acosada por el miedo, y movilizarse es un acto de valentía que le ha costado la vida a 193 líderes y lideresas sociales en 2020, según el Cinep.
A pesar de todo, desde varias organizaciones lanzaron esta semana una caravana fluvial, donde llaman a las comunidades a salir al río para que se “respete la vida para construir la paz”.
“Le estamos diciendo al país, les estamos diciendo a los violentos que el Pacífico colombiano, que el Cauca quiere volver a estar en paz, que la gente pueda transitar libremente por nuestros ríos, por nuestras veredas”, dijo Wanner Darío Suárez, el alcalde del municipio de López de Micay, por donde pasó hoy la caravana.
Este lunes, las instituciones del acuerdo de paz alertaron que 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados en el país desde el 1 de diciembre de 2016. Por eso le pidieron a la Defensoría del Pueblo elaborar un informe que trace el camino para evitar estos crímenes.
El asesinato de Peña Chocué “pone de presente un estado de cosas inconstitucional como se lo expresamos al defensor del Pueblo”, según resaltó hoy el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes.
Por su parte, la Procuraduría colombiana aseguró hoy que va a investigar las afirmaciones hechas por organizaciones indígenas sobre “presuntas omisiones” por parte de entidades del Estado en la protección de la gobernadora, y pidió al Gobierno que se ponga atención a las denuncias presentadas por las autoridades indígenas de la región.
El asesinato de una gobernadora indígena en el departamento del Cauca alerta sobre la violencia en el territorio. Allí vivían más de un tercio de las 836 víctimas de violencia político-social que hubo en 2020 en el país, reveló este miércoles un informe académico.
Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena nasa y líder ambiental del resguardo La Laguna Siberia, viajaba este martes 20 de abril en motocicleta cuando hombres armados le dispararon a sangre fría a ella y al conductor.
Fueron “los mafiosos”, dijo su padre Clímaco Peña a Efe, al hablar sobre los presuntos responsables del crimen, entre lágrimas durante el velorio de “Lilianita”, como llama a su hija. Tenía 34 años, y venía denunciando repetidamente el crecimiento de los cultivos ilícitos en la zona.
La gobernadora, de hecho, empezó hace un mes un proceso activo de erradicación de cultivos de coca, junto a la guardia indígena.
“Mi hermana era muy fuerte, muy echada para delante, ella no se amedrentaba”, destacó Olga Peña Chocué, durante el velorio celebrado en La Laguna, al que acudieron unas 2.000 indígenas. Agregó que deja “un camino para que nosotros tengamos un derecho ganado frente al Estado”.
“No, compañeros, no nos asustemos. Seguimos adelante en pie de lucha, no nos quedemos en las casas, sino que cuando a un compañero le quitan la vida, manifestémonos”, pidió la hermana.
“Caldono siempre ha sido víctima de la violencia. Entre 1997 y 2014 han ocurrido 248 acciones armadas que vienen de todos lados”, explicó a Efe el alcalde de este municipio que engloba el resguardo, José Otero. Añadió que allí se realizan consejos de seguridad después de cada acto, pero “no han adoptado un plan que dé verdaderas soluciones”.
439 asesinatos en 2020
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) divulgó hoy los datos de sus registros del 2020, revelando que las violaciones de derechos humanos y la violencia socio-política aumentó el año pasado respecto al anterior y el Cauca recogió gran parte de estos incidentes.
De las 836 víctimas de violencia política y social, que incluye 439 asesinatos, 219 amenazas y 82 lesiones físicas, 300 estuvieron en este departamento, mientras que de las 502 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 232 se produjeron también allí.
Así se extrae de la Revista Noche y Niebla nº62, presentada hoy por el Cinep y que se enfoca en la región pacífica del Cauca, donde hay más de 273.000 hectáreas que están siendo explotadas y contaminadas para la extracción de oro, y la población también convive con un aumento de las actividades de narcotraficantes.
“Después del acuerdo de paz, hubo unos meses de una calma muy importante, pero eso después ha venido cambiando y ha generado una situación mucho mas compleja que incluso antes del acuerdo”, explicó durante la presentación de la revista el activista y delegado de la organización Cococauca, Dionisio Rodríguez Paz.
En la región actúan varios grupos armados, entre ellos disidencias de las FARC, bloques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y otros grupúsculos criminales. Se disputan las valiosas salidas al Pacífico, los corredores para sacar la mercancía ilegal, y las explotaciones mineras.
Durante esta guerra por los recursos y el territorio, estos grupos asesinan a todo quien se pone en su paso, incluyendo a indígenas, que se mantienen fieles al resguardo de su territorio.
La mayoría de asesinatos que se cometen en los últimos años, como señaló el investigador del Cinep, ya no son reivindicados, sino que el disparo sale de “hombres armados sin identificar”, encapuchados a los que muy probablemente les paguen. Crímenes que ahora son más difíciles de resolver y perpetran la impunidad que existe en Colombia.
“La salida al conflicto que tiene este país tiene que ser de manera dialógica. Ya nos hemos gastado más de 200 años en distintas guerras y conflictos y no se ha resuelto, así que la mejor manera es a través del diálogo”, enfatizó el líder afrocolombiano del Cauca.
El peligro de alzar la voz
La población vive en muchos casos acosada por el miedo, y movilizarse es un acto de valentía que le ha costado la vida a 193 líderes y lideresas sociales en 2020, según el Cinep.
A pesar de todo, desde varias organizaciones lanzaron esta semana una caravana fluvial, donde llaman a las comunidades a salir al río para que se “respete la vida para construir la paz”.
“Le estamos diciendo al país, les estamos diciendo a los violentos que el Pacífico colombiano, que el Cauca quiere volver a estar en paz, que la gente pueda transitar libremente por nuestros ríos, por nuestras veredas”, dijo Wanner Darío Suárez, el alcalde del municipio de López de Micay, por donde pasó hoy la caravana.
Este lunes, las instituciones del acuerdo de paz alertaron que 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados en el país desde el 1 de diciembre de 2016. Por eso le pidieron a la Defensoría del Pueblo elaborar un informe que trace el camino para evitar estos crímenes.
El asesinato de Peña Chocué “pone de presente un estado de cosas inconstitucional como se lo expresamos al defensor del Pueblo”, según resaltó hoy el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes.
Por su parte, la Procuraduría colombiana aseguró hoy que va a investigar las afirmaciones hechas por organizaciones indígenas sobre “presuntas omisiones” por parte de entidades del Estado en la protección de la gobernadora, y pidió al Gobierno que se ponga atención a las denuncias presentadas por las autoridades indígenas de la región.