16 Mar 2020 - 2:59 p. m.

“Reconozco el valor que tienen los líderes sociales para el país”: Alicia Arango

La funcionaria responde a los cuestionamientos hechos por las organizaciones sociales al PAO y dice que no se trata de medidas reactivas sino de prevención.

Redacción Nacional

La ministra del Interior, Alicia Arango. / Óscar Pérez
La ministra del Interior, Alicia Arango. / Óscar Pérez

¿Qué acciones han tomado para cumplir con el objetivo de proteger a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas?

El gobierno del presidente Iván Duque se propuso, como una de sus máximas prioridades, atender los problemas que afectan el ejercicio del liderazgo social y defensa de los derechos humanos. En lo que respecta al período 2016-2020, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha habido 370 casos de homicidios de líderes. Considerando esto, el Gobierno nacional ha desplegado todas las capacidades institucionales para proteger su labor. Por ejemplo, el 23 de agosto de 2018, en el municipio de Apartadó, Antioquia, el presidente suscribió el “Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes y lideresas sociales y las personas defensoras de derechos humanos”, en el que asumió el compromiso de diseñar participativamente una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial de equidad, étnico y territorial. El Gobierno nacional se fijó como objetivo encontrar, durante sus primeros cien días, una herramienta que permitiera dar una respuesta institucional, del Estado colombiano, de carácter inmediato, frente a la problemática. En ese sentido, se estructuró el Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunales y periodistas. Allí se definió como propósito la formulación de una política pública integral de garantías para la defensa de los derechos humanos.

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