Relatos de la crisis fronteriza en Arauca: denuncian asesinatos y desapariciones

Elquis Barrios, pastor en la comunidad La Capilla, zona rural de La Victoria, del estado venezolano Apure, comenzó a escuchar las bombas a las 6:00 de la mañana del domingo 21 de marzo, cuando el gobierno venezolano ingresó a la zona. El pastor y su familia decidieron quedarse dos días más, pero finalmente tuvieron que pasar la frontera al ver que los aviones estaban sobrevolando su casa y que el ejército se aproximaba por la carretera. “Tuvimos que huir. En la comunidad hay muchos muertos, a las personas les han quemado las casas. Estos atropellos son contra los campesinos”, relata.

Barrios asegura que hay personas asesinadas y desaparecidas, y que aunque quiere volver a su país, no hay garantías para hacerlo, pues el ejército venezolano se encargó de infundir el terror en la población: “Ingresaron a las casas para llevarse lo que encontraban. Es el ejército el que nos ha atropellado, tenemos miedo de volver, de que nos desaparezcan como les ha pasado a muchos. No hay respeto a la ley”.

El caso del pastor se suma al de miles de pobladores de La Victoria, que completan nueve días de un éxodo sin precedentes. Salieron en canoas para poder cruzar el río Arauca, frontera natural entre los dos países, en busca de asistencia y ayuda del lado colombiano. La información oficial del gobierno venezolano señala que se trata de combates entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo de disidencias de las Farc. Sin embargo, organizaciones sociales y familias desplazadas aseguran que el ejército venezolano está atacando indiscriminadamente a la población civil.

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De acuerdo con el último reporte, a la fecha han llegado al departamento de Arauca 4.741 personas desplazadas — el 83 % de ellas de nacionalidad venezolana — que se encuentran en 19 espacios de albergue temporal en Arauquita, municipio que limita con La Victoria. No obstante, las autoridades reconocen que hay un subregistro en las cifras. Por el momento, no se sabe cuántas personas han muerto ni cuántas se encuentran desaparecidas.

Uriel Peña, secretario de Gobierno de Arauca, dijo que la situación es compleja e incierta. “Aunque medios de comunicación de Venezuela y autoridades han dado un parte de tranquilidad e invitan a la gente a volver a su territorio, en la noche llegan noticias de que nuevamente hubo conflicto y siguen los desplazamientos”, aseguró a El Espectador. A pesar de que el gobierno departamental hace un monitoreo diario de la situación, es un reto garantizar la alimentación de más de 5.000 personas y acomodar a las muchas otras que están llegando. Según Peña, están trabajando de la mano con la administración municipal, el Gobierno y más de 30 organizaciones de cooperación internacional. Colchonetas, kits de aseo, carpas, alimentos, ropa e implementos de cocina son algunas de las necesidades.

Para Ánderson Rodríguez, presidente de la Asociación Campesina de Arauca, es poco el apoyo que ha dado el Gobierno Nacional. Él lidera el albergue ubicado en la Casa Campesina, donde se están quedando 150 personas, además, desde la Asociación están recolectando víveres, plátano y yuca para llevar a otros lugares. Rodríguez insiste en que lo que más hace falta son medicamentos y que en el ambiente reina la incertidumbre de no saber qué pasará, pues los bombardeos continúan. “El domingo (28 de marzo), desde las 5:00 de la tarde, parecía que se iba a acabar el mundo en la frontera. Estaban lanzando bombas contra las casas de los campesinos, en la zona rural todos se han desplazado”, señaló.

En esto coincidió Edior Rodríguez, quien llegó el lunes desde Santa Rosa, La Victoria, y se está alojando en la Casa Campesina. “Todos los días se escuchan las bombas. No hay seguridad para nadie en Venezuela”, afirmó. Pasar la frontera tampoco fue fácil, pues los agentes de la FANB los amenazaron con “echarles plomo” a él y a todo el grupo, incluidas mujeres embarazadas y niños. Agregó que sabe que en este momento, cuando capturan a un campesino, “lo agarran a palo, se lo llevan y lo desaparecen”. Incluso, dijo que esto les ha sucedido a varios menores de edad.

El secretario de Gobierno recordó que la frontera está cerrada por temas diplomáticos, pero el paso entre La Victoria y Arauquita es por canoas y dura tan solo unos minutos. “Del lado colombiano no hay restricción para las canoas, pero a veces la Guardia venezolana no deja pasar a nadie”, dijo. Desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtieron que la mayoría de personas están llegando a Colombia a través de pasos informales del río Arauca, algunos durante la noche, a pesar de los riesgos. Dentro de los desplazados hay 1.700 niños, niñas y adolescentes. También alertaron que, según fuentes locales, cuatro personas que regresaron a La Victoria para salvaguardar sus bienes y enseres habrían sido asesinadas.

Los tres albergues más grandes fueron adecuados en el Colegio Gabriel García Márquez, en el Coliseo La Riviera y en la Cancha Ceballos. Francisco Moreno, director Ejecutivo Cruz Roja Colombiana, explicó que la organización le está brindando asistencia a la población migrante con entrega de kits alimentarios y de higiene, asimismo, un equipo médico conformado por 17 profesionales ha realizado cuatro jornadas de salud. “Las personas tuvieron que salir abruptamente de sus casas, muchos dejaron todo. En ocasiones la población migrante tiene un teléfono celular para contactar a sus familias, pero en este caso muchos no lo tienen. También han recorrido largos trechos y su estado físico está deteriorado”, afirmó Moreno.

El personal de Restablecimiento de Contactos entre Familiares (RCF) de la Cruz Roja trabaja para dar con el paradero de las personas desaparecidas. “El programa brinda estrategias para contactar a las personas de la zona con sus familiares en otras partes del territorio o en el país vecino a través de un sistema de comunicaciones en el que nos entregan sus datos y la Cruz Roja en Colombia y en Venezuela hacen la comunicación”, señaló.

La Defensoría del Pueblo advirtió que lo que está pasando en la zona de frontera podría constituir violaciones al Derecho Internacional Humanitario, pues se han reportado ataques indiscriminados contra la población civil. Frente a la situación de seguridad en Arauca, ya se había emitido una alerta de inminencia, el 5 de marzo, en la que se expuso que 15.000 personas estaban en riesgo en la capital del departamento por el incremento de las acciones violentas del Eln y los Frentes 28 y décimo de las disidencias de las Farc. También se conoce la difícil situación del estado venezolano de Apure, en el que conviven numerosos grupos armados ilegales.

Entretanto, desde este domingo se decretó calamidad pública en el departamento y el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona. “Nos preocupa la alerta que emitió la Defensoría del Pueblo, donde las versiones de los ciudadanos venezolanos, que han cruzado hacia Arauca, señalan acciones indiscriminadas contra la población civil en territorio venezolano”, dijo. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el Ejército Nacional aumentará su presencia en la zona con 2.000 uniformados.

Leer: Declaran calamidad pública en Arauca por desplazamientos en la frontera con Venezuela

“Tengo conocimiento de que hay familias que fueron retenidas y masacradas. Este lunes enterraron a algunas de estas personas en el cementerio local, mientras el desplazamiento continúa; algunos están volviendo solo para traer lo poco que les queda”, dijo Tito Enrique Prada, líder comunitario, veedor de la salud en Arauquita y miembro de un medio digital. Ahora los líderes comunitarios colombianos y venezolanos esperan que haya justicia para los habitantes de La Victoria, muchos golpeados, desplazados y agredidos, y otros detenidos, desaparecidos o incluso asesinados.

Elquis Barrios, pastor en la comunidad La Capilla, zona rural de La Victoria, del estado venezolano Apure, comenzó a escuchar las bombas a las 6:00 de la mañana del domingo 21 de marzo, cuando el gobierno venezolano ingresó a la zona. El pastor y su familia decidieron quedarse dos días más, pero finalmente tuvieron que pasar la frontera al ver que los aviones estaban sobrevolando su casa y que el ejército se aproximaba por la carretera. “Tuvimos que huir. En la comunidad hay muchos muertos, a las personas les han quemado las casas. Estos atropellos son contra los campesinos”, relata.

Barrios asegura que hay personas asesinadas y desaparecidas, y que aunque quiere volver a su país, no hay garantías para hacerlo, pues el ejército venezolano se encargó de infundir el terror en la población: “Ingresaron a las casas para llevarse lo que encontraban. Es el ejército el que nos ha atropellado, tenemos miedo de volver, de que nos desaparezcan como les ha pasado a muchos. No hay respeto a la ley”.

El caso del pastor se suma al de miles de pobladores de La Victoria, que completan nueve días de un éxodo sin precedentes. Salieron en canoas para poder cruzar el río Arauca, frontera natural entre los dos países, en busca de asistencia y ayuda del lado colombiano. La información oficial del gobierno venezolano señala que se trata de combates entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo de disidencias de las Farc. Sin embargo, organizaciones sociales y familias desplazadas aseguran que el ejército venezolano está atacando indiscriminadamente a la población civil.

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De acuerdo con el último reporte, a la fecha han llegado al departamento de Arauca 4.741 personas desplazadas — el 83 % de ellas de nacionalidad venezolana — que se encuentran en 19 espacios de albergue temporal en Arauquita, municipio que limita con La Victoria. No obstante, las autoridades reconocen que hay un subregistro en las cifras. Por el momento, no se sabe cuántas personas han muerto ni cuántas se encuentran desaparecidas.

Uriel Peña, secretario de Gobierno de Arauca, dijo que la situación es compleja e incierta. “Aunque medios de comunicación de Venezuela y autoridades han dado un parte de tranquilidad e invitan a la gente a volver a su territorio, en la noche llegan noticias de que nuevamente hubo conflicto y siguen los desplazamientos”, aseguró a El Espectador. A pesar de que el gobierno departamental hace un monitoreo diario de la situación, es un reto garantizar la alimentación de más de 5.000 personas y acomodar a las muchas otras que están llegando. Según Peña, están trabajando de la mano con la administración municipal, el Gobierno y más de 30 organizaciones de cooperación internacional. Colchonetas, kits de aseo, carpas, alimentos, ropa e implementos de cocina son algunas de las necesidades.

Para Ánderson Rodríguez, presidente de la Asociación Campesina de Arauca, es poco el apoyo que ha dado el Gobierno Nacional. Él lidera el albergue ubicado en la Casa Campesina, donde se están quedando 150 personas, además, desde la Asociación están recolectando víveres, plátano y yuca para llevar a otros lugares. Rodríguez insiste en que lo que más hace falta son medicamentos y que en el ambiente reina la incertidumbre de no saber qué pasará, pues los bombardeos continúan. “El domingo (28 de marzo), desde las 5:00 de la tarde, parecía que se iba a acabar el mundo en la frontera. Estaban lanzando bombas contra las casas de los campesinos, en la zona rural todos se han desplazado”, señaló.

En esto coincidió Edior Rodríguez, quien llegó el lunes desde Santa Rosa, La Victoria, y se está alojando en la Casa Campesina. “Todos los días se escuchan las bombas. No hay seguridad para nadie en Venezuela”, afirmó. Pasar la frontera tampoco fue fácil, pues los agentes de la FANB los amenazaron con “echarles plomo” a él y a todo el grupo, incluidas mujeres embarazadas y niños. Agregó que sabe que en este momento, cuando capturan a un campesino, “lo agarran a palo, se lo llevan y lo desaparecen”. Incluso, dijo que esto les ha sucedido a varios menores de edad.

El secretario de Gobierno recordó que la frontera está cerrada por temas diplomáticos, pero el paso entre La Victoria y Arauquita es por canoas y dura tan solo unos minutos. “Del lado colombiano no hay restricción para las canoas, pero a veces la Guardia venezolana no deja pasar a nadie”, dijo. Desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtieron que la mayoría de personas están llegando a Colombia a través de pasos informales del río Arauca, algunos durante la noche, a pesar de los riesgos. Dentro de los desplazados hay 1.700 niños, niñas y adolescentes. También alertaron que, según fuentes locales, cuatro personas que regresaron a La Victoria para salvaguardar sus bienes y enseres habrían sido asesinadas.

Los tres albergues más grandes fueron adecuados en el Colegio Gabriel García Márquez, en el Coliseo La Riviera y en la Cancha Ceballos. Francisco Moreno, director Ejecutivo Cruz Roja Colombiana, explicó que la organización le está brindando asistencia a la población migrante con entrega de kits alimentarios y de higiene, asimismo, un equipo médico conformado por 17 profesionales ha realizado cuatro jornadas de salud. “Las personas tuvieron que salir abruptamente de sus casas, muchos dejaron todo. En ocasiones la población migrante tiene un teléfono celular para contactar a sus familias, pero en este caso muchos no lo tienen. También han recorrido largos trechos y su estado físico está deteriorado”, afirmó Moreno.

El personal de Restablecimiento de Contactos entre Familiares (RCF) de la Cruz Roja trabaja para dar con el paradero de las personas desaparecidas. “El programa brinda estrategias para contactar a las personas de la zona con sus familiares en otras partes del territorio o en el país vecino a través de un sistema de comunicaciones en el que nos entregan sus datos y la Cruz Roja en Colombia y en Venezuela hacen la comunicación”, señaló.

La Defensoría del Pueblo advirtió que lo que está pasando en la zona de frontera podría constituir violaciones al Derecho Internacional Humanitario, pues se han reportado ataques indiscriminados contra la población civil. Frente a la situación de seguridad en Arauca, ya se había emitido una alerta de inminencia, el 5 de marzo, en la que se expuso que 15.000 personas estaban en riesgo en la capital del departamento por el incremento de las acciones violentas del Eln y los Frentes 28 y décimo de las disidencias de las Farc. También se conoce la difícil situación del estado venezolano de Apure, en el que conviven numerosos grupos armados ilegales.

Entretanto, desde este domingo se decretó calamidad pública en el departamento y el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona. “Nos preocupa la alerta que emitió la Defensoría del Pueblo, donde las versiones de los ciudadanos venezolanos, que han cruzado hacia Arauca, señalan acciones indiscriminadas contra la población civil en territorio venezolano”, dijo. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el Ejército Nacional aumentará su presencia en la zona con 2.000 uniformados.

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“Tengo conocimiento de que hay familias que fueron retenidas y masacradas. Este lunes enterraron a algunas de estas personas en el cementerio local, mientras el desplazamiento continúa; algunos están volviendo solo para traer lo poco que les queda”, dijo Tito Enrique Prada, líder comunitario, veedor de la salud en Arauquita y miembro de un medio digital. Ahora los líderes comunitarios colombianos y venezolanos esperan que haya justicia para los habitantes de La Victoria, muchos golpeados, desplazados y agredidos, y otros detenidos, desaparecidos o incluso asesinados.