Reparando a las víctimas

Muchos, especialmente sus vecinos, creen que haber recibido más de $20 millones  del Gobierno como reparación administrativa por los hechos violentos de los que fue víctima fue como un aguinaldo de Navidad.

Sin embargo, Rosa Isabel Castillo de Martínez* demuestra que no es así, y que, por el contrario, recibir dinero “como un pago simbólico” por la muerte de uno de sus hijos es sinónimo de tristeza.

“Ninguna plata del mundo compensa la pérdida de mi hijo Mario Martínez Castillo”, dice la mujer, una de las 281 personas que en diciembre pasado recibió, de manos de funcionarios de Acción Social y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la carta para reclamar la reparación por ese homicidio.

Desde que escuchó su nombre en la lista de beneficiarios, los ojos de Rosa Isabel se inundaron de lágrimas, pues a su mente vinieron los amargos recuerdos que la atormentan desde hace 12 años, cuando asesinaron a su hijo.

Fueron las Farc las que irrumpieron en una finca del corregimiento Tumbatoro, en Morroa, subregión de los Montes de María, y lo sacaron para asesinarlo sin razón alguna. Sin embargo, este no es el único dolor de Rosa Isabel, pues también, desde hace siete años desapareció uno de sus hijos en Necoclí, Antioquia.

“Ese caso no lo denuncié nunca porque me daba miedo. En ese entonces las cosas en esa zona estaban muy delicadas y hoy continúa igual”, dice Rosa, quien por lo visto vivirá el resto de su vida sumergida en recuerdos tristes. Anunció que gracias al dinero que le han dado por la muerte de su hijo Mario podrá tener una vivienda digna en Sincelejo, ciudad a la que llegó a engrosar la lista de desplazados.

Como ella hay en Sucre centenares de mujeres, hombres, jóvenes y niños que aún lloran la muerte, desaparición o secuestro de un ser querido. Y es por estos eventos producto del conflicto armado en Colombia que el Gobierno acudió a la figura de la reparación por vía administrativa, a la cual cerca de 12 mil víctimas asentadas en el departamento acudieron. Sin embargo, hasta finales del año pasado sólo 900 víctimas —que comprenden 600 casos— recibieron compensaciones económicas.

El pasado 3 de diciembre, en el auditorio Pompeyo Molina de la Universidad de Sucre y bajo un torrencial aguacero, se pagaron aproximadamente $2 mil millones, correspondientes a 100 casos. El escenario fue propicio para que el director de Acción Social en Sucre, José Luis Padrón Arroyo, y el coordinador de la CNRR para los departamentos de Sucre y Córdoba, Eduardo Porras Mendoza, alertaran una vez más a las víctimas sobre la presencia de tramitadores y avivatos que están al acecho para quitarles dinero. Según Porras Mendoza, esto se convierte en una revictimización para quienes tanto han sufrido y afrontado condiciones indignas.

“Sabemos que ha habido personas a las que les han pedido hasta un millón de pesos por hacerle trámites. Eso no es así, porque esta tramitología depende de la gestión directa de los familiares de la víctima ante nosotros como institución”, anunció José Luis Padrón, quien a su vez invitó a los beneficiarios a invertir bien ese dinero en salud, educación, vivienda y proyectos productivos.

Al tiempo que las calles de Sincelejo se inundaban de agua por la lluvia que caía del cielo, los ojos de Ana Santiaga se tornaban enchumbados, pero de lágrimas, pues a su mente llegaron como si estuviera viviendo el momento los recuerdos de aquel 19 de enero de 2001. Ese día, los hombres del hoy desmovilizado bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, que comandaba militarmente el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, se tomaron el caserío El Peñol del corregimiento Palo Alto, en San Onofre, y asesinaron a Juan Carlos. Esta es una fecha inolvidable para esta mujer, pues el día que mataron a su hijo, éste cumplía 19 años.

“Ese es un sufrimiento que morirá conmigo porque no es fácil olvidar a un hijo que le asesinan a uno y menos si es en una fecha especial como era el día de su cumpleaños. Me lo mataron temprano, a las 8 de la mañana. Los paramilitares se metieron al pueblo y dijeron que habían ido a prender eso y empezaron a disparar. Ese día mataron a mi hijo y a un primo de él”, narró la mujer afrodescendiente.

Esa tarde, en la Universidad de Sucre, hubo momentos de breve alegría, como el de Digna Rosa Teherán. En febrero de 2000 las autodefensas del bloque Héroes de los Montes de María llegaron a Macayepo, corregimiento del municipio de El Carmen, Bolívar, corazón de los Montes de María, y asesinaron a dos hijos y a su esposo, y afectaron con lesiones de por vida a uno de sus hijos. Al parecer, también desaparecieron a una nieta.

El Estado le dio una reparación económica, después de diez años de lucha ante diferentes entidades de Sucre, que le abrieron las puertas pese a que su caso no ocurrió en esta zona.

“Gracias a todos ustedes, de Sucre, es que hoy recibo esto, cuando ya me siento cansada”, exclamó la mujer, que a diferencia de otros dejó brotar de sus labios una sonrisa.

 * Los nombres originales fueron cambiados, por razones de seguridad.

Reporteros de Colombia es una alianza de la Universidad Javeriana, el Cinep y Medios para la Paz que trabaja por el cubrimiento responsable del conflicto armado.

“Esta es una reparación simbólica”: Porras

Eduardo Porras, coordinador de la CNRR para Sucre y Córdoba, reconoce que ningún dinero, por mucho que sea, recompensa la falta de un ser querido. “Lo hemos dicho siempre, esta es una reparación simbólica, pero indudablemente en Colombia, donde se estima que el 70% de las víctimas son población vulnerable, este tipo de recursos entran a mitigar un poco las malas condiciones de vida de estas personas”, explicó, no sin antes pedirles perdón a las víctimas en nombre del Estado y la institucionalidad.

El monto de la reparación administrativa, figura a la que apeló el Gobierno Nacional para subsanar en parte la situación económica de la mayoría de las víctimas de la violencia, fue tasada en 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El hecho de haber recibido la reparación administrativa no exime a estas familias a seguir con el proceso judicial ante la justicia ordinaria para que los responsables de esos hechos violentos paguen por ellos.