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Un juez de control de garantías le revocó la medida de prisión domiciliaria a la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, quien se encontraba detenida desde el pasado 17 de febrero cuando fue capturada por miembros del CTI de la Fiscalía y recluida inicialmente en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Ocaña.
Junto a ella estaban Juan Pablo Bacca Manzano, secretario de gobierno, y Albert Urquijo, secretario de Movilidad y Tránsito; dos de sus más cercanos funcionarios. El 10 de marzo el Juez Primero Penal del Circuito de Cúcuta decidió concederles el beneficio de detención en su lugar de residencia, desde donde venían enfrentando la investigación adelantada desde octubre de 2016, por la presunta violación al régimen de inhabilidades y celebración indebidas de contratos.
Según la Fiscalía, siete de estos contratos para concesiones de servicios de tránsito, por $77 millones de pesos, fueron suscritos con personas que aportaron a su campaña lo que les genera inhabilidad. Quien también fue cobijado con el beneficio fue Bacca Manzano, quien igualmente retornó al cargo. Entre tanto Urquijo permanecerá con la medida de detención domiciliaria.
Ahora Prado Carrascal enfrenta otro fantasma que busca sacarla del cargo definitivamente. Un grupo de ciudadanos inconformes lidera un mecanismo de participación democrática de revocatoria de mandato, que ya ha superado varias etapas desde la recolección de firmas hasta la decisión del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, de fijar para el 21 de marzo la fecha de convocatoria. Los ocañeros decidirán si Prado Carrascal continúa o no gobernando.