“Salir de la emergencia con conflicto armado y coronavirus no lo aguanta ningún alcalde”

A la falta de recursos, los problemas administrativos y los de recaudo se les suman las altas tasas de desempleo y los índices de pobreza en zonas rurales que siguen en el abandono. De ahí el llamado de la secretaria del Interior del departamento, Nubia Carolina Córdoba, quien en diálogo con El Espectador insiste en la necesidad de que desde el Gobierno nacional se refuercen las ayudas para garantizar la seguridad alimentaria y amortiguar el golpe para los sectores económicos.

¿Cuáles han sido los efectos para el departamento de la suspensión del gobernador, Ariel Palacios, por presuntas irregularidades en contratación?

Estamos en una situación compleja. La suspensión provisional del gobernador nos ha generado un traumatismo grande a nivel administrativo, no porque las cosas no tengan que seguir su curso, sino porque yo creo que esa era la opción menos útil para el departamento en este momento. Las investigaciones pueden seguir su curso sin necesidad de romper las dinámicas administrativas, porque estas dinámicas en un departamento como el Chocó dependen de absolutamente todo. En el departamento no tenemos rentabilidad económica privada, se vive de lo público y de la informalidad, así que el principal generador de empleo en el departamento son los puestos administrativos públicos y lo asociado.

¿Cómo ha impactado en Chocó la reactivación de algunos sectores productivos?

Hubo reactivación de las obras civiles, porque en la mayoría de los municipios sí tenemos obras en las carreteras. El departamento tiene vías de acceso por Antioquia, por ejemplo, y estas dos carreteras están en obra. Pero sería un impacto negativo porque a la carretera entran 100 o 200 trabajadores que vienen del interior. Desafortunadamente no son obras con personal nativo, y entran personas de otros lados que ponen en riesgo, sobre todo, a nuestras comunidades étnicas. Aparte de eso, se han abierto algunos establecimientos de comercio formales. No son todos todavía, pero, como le digo, no hay otro tipo de actividad económica. En Quibdó, la actividad comercial es lo que mueve. Los almacenes, los bancos, los supermercados, y alrededor de eso otras actividades que son del día a día como el vendedor informal o la persona que cuida la moto. Esas dinámicas se han venido reactivando. Pero aparte de eso, la industria manufacturera y otro tipo de espacios económicos que se han venido reabriendo, no han impactado de mayor manera.

¿Y los que viven de la informalidad?

En el departamento ocho de cada diez chocoanos viven de la economía informal. Además, alrededor del 44 % no recibe apoyos en lo que tiene que ver con programas de atención social del Estado. Entonces nos queda claro que para el caso nuestro, ese tipo de alivios que están orientados al que esté formalizado, el que está en una industria o el que está en un sector económico diferente al informal, no aplica y no va aplicar. Respecto a urbes como Quibdó, estamos tratando de ver si se puede implementar la idea del salario básico, que no ha calado muy bien. Nosotros no vamos a poder generar soluciones de corto y mediano plazo en torno a la capacidad que tienen estas familias de percepción económica, por eso hay que ver la manera de cobijarlos con un ingreso un poco más global de acuerdo con las necesidades que tienen y tratar de tener una asignación básica mínima que garantice su subsistencia.

¿Cuál es la prioridad para atender a las comunidades rurales?

Tenemos que garantizar unas dinámicas de seguridad alimentaria, poder fortalecer nuestro sector productivo propio para que por lo menos la parte de la seguridad alimentaria mínima en nuestras comunidades quede garantizada a partir de productos que ellos puedan generar en el territorio sin tener que salir ni exponerse.

¿Cómo están los recursos para enfrentar la crisis?

Alguien me decía hace unos días que es increíble que el Chocó, teniendo la extensión y la población que tiene, tenga el presupuesto de un municipio. Lo que pasa es que el departamento no percibe recaudo. Es como un círculo, si usted no tiene empresas que le tributen ni unos sectores económicos fuertes que le tributen, pues su recaudo va a ser bajo. Nosotros recibimos el porcentaje mayoritario de nuestros recursos justamente de la percepción de recaudo por licores, cigarrillos, cerveza y juegos de azar. Esas fuentes de financiación son las que más se ven afectadas por el COVID-19, entonces imagínese cómo va estar el recaudo del departamento en el siguiente trimestre. Podemos llegar al punto de no solamente no tener con qué hacer inversión, sino ni siquiera poder pagar nuestra nómina. Es muy grave. Financieramente el Chocó no es robusto porque desafortunadamente los recursos están mal distribuidos.

El cupo de regalías es tan chiquito que nos va a alcanzar a duras penas para hacer las inversiones que requiere obligatoriamente nuestro único hospital de segundo nivel, que es el hospital San Francisco de Asís. Gastamos todo nuestro presupuesto, porque no es mucho y no supera los $16.000 millones, en atender COVID-19 y quedamos para el resto del año sin capacidad de atender todos los demás elementos del gasto público. Nuestros treinta municipios, menos Quibdó, son de sexta categoría. Ninguno tiene industria, ninguno tiene empresa, ninguno tiene un recaudo alto. Ellos son los primeros respondientes y luego nosotros ingresamos con toda nuestra responsabilidad.

El coronavirus ha dejado en evidencia la gran desigualdad que hay en Colombia, y cómo esta desigualdad ha generado que nuestros ciudadanos, sobre todo en territorios como el departamento del Chocó, subsistan como pueden. Requerimos muchísimo apoyo del Gobierno nacional para que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura nos apoye con el tema de seguridad alimentaria, para que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Comercio nos apoyen a que nuestros sectores económicos, por chiquitos que sean, no se vean tan golpeados. Necesitamos realmente un apoyo adicional, porque no es que no se quiera hacer, es que los recursos son muy limitados y la necesidad es mucho más grande.

Y a ese panorama se suman las emergencias humanitarias por cuenta del conflicto armado...

Nosotros tenemos las emergencias traslapadas. Cuando comenzó la crisis por COVID-19 teníamos encima toda el tema de orden público, la afectación de grupos al margen de la ley y cerca de 33.000 desplazados y confinados en todo el departamento. Entonces tenemos una emergencia humanitaria que viene desde el 2019 y encima nos cae el COVID-19 en marzo. Estamos en la primera ola invernal y tenemos nuestros municipios bajo el agua. Esto se vuelve una situación insostenible, y financieramente hablando es muy costoso gobernar en tiempos de guerra. Salir de la emergencia por desplazamiento, por conflicto armado, la emergencia por coronavirus y la emergencia por inundación, eso no lo aguanta ningún alcalde.