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Desde las 3:30p.m. de este martes, cientos de samarios se darán cita en la carrera 18 frente al Estadio para participar de una gran movilización ciudadana que tiene como propósito reclamar un servicio de agua digno. La iniciativa, liderada por el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, busca apoyar la acción popular con la que se quiere obligar a Metroagua (operador del acueducto y alcantarillado) a devolver las redes el próximo 17 de abril. (Lea aquí: Metroagua en Santa Marta, ¿el nuevo Electricaribe de la costa?)
En la guerra por el agua en Santa Marta están enfrentadas la alcaldía y la compañía prestadora del servicio. La razón de la disputa es porque en 2002 se firmó un otrosí, en el contrato que suscribieron hace casi tres décadas, con una cláusula que establece que al terminar el negocio, en abril de 2017, la empresa no cedería las redes al distrito hasta que éste le pagara unas inversiones que dice haber realizado en el transcurso del contrato.
Metroagua exige el pago de casi $60 mil millones por unas inversiones hechas que, según la administración local, no se evidencian, ya que el servicio es pésimo. En medio de la pelea jurídica en la que hay intereses, obligaciones y exigencias de ambas partes quedaron los ciudadanos que, según la misma Secretaría de Salud de la ciudad, no tienen la certeza de que el agua que les llega a veces hasta por una vez por semana, es potable.
De acuerdo con esa cartera, el más reciente informe presentado por Metroagua, que se asegura que el agua que distribuye es potable, no es seguro. ¿La razón? el Laboratorio de Salud Pública Departamental solo evaluó 3 de los 14 parámetros que el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud porque en esa entidad no se contaba ni con el personal ni con los equipos ni los reactivos necesarios para cumplir tales exámenes. “Parámetros como Nitrato, cloruro, nitritos, sulfatos, hierro total, color, turbiedad, aluminio y fosfatos no se tuvieron en cuenta, y tienen que ver con la calidad del agua potable para el consumo humano”.
El Departamento Nacional de Planeación también ha dicho que el 37% de los niños menores de cinco años fueron atendidos en la ciudad el año pasado debido a que adquirieron enfermedades infecciosas y parasitarias por culpa del agua. El 83% de la población está cubierta por el servicio de acueducto, pero no las 24 horas ni siete días a la semana. Quienes no cuentan con el servicio, unos 18.043 hogares. acuden al agua embotellada, de carrotanques, vendedores privados, vecinos, pozos, ríos, quebradas y el agua de lluvia.
Metroagua, por su parte, dice que los quebrantos en el servicio del agua se deben a la falta de organización de la ciudad y a la falta de fuentes de agua. “La ciudad tiene un problema muy grave que no es imputable a la empresa es imputable a la alcaldía, porque el control urbano es de ella. No urbanizan, la gente se asienta y después empieza exigir. No hay fuentes de agua ni infraestructura. Hay cerca de 24 mil personas desplazadas, de 96 mil usuarios, que se pegan a las tuberías sin pagar”, le dijo a este diario Luis José Londoño, gerente de Metroagua.
La compañía radicó la semana pasada ante la Procuraduría General de la Nación una carta abierta en la que denuncia irregularidades en la recolección de las firmas ciudadanas que adelanta Caicedo para apoyar su acción popular. “Vemos con preocupación la presión que han recibido tanto funcionarios públicos como contratistas particulares por parte del actual mandatario y del exalcalde Caicedo, para respaldar la causa titulada “No más Metroagua”. Pruebas entregadas evidencian que se ha obligado a recolectar mínimo 250 firmas por funcionario, a publicar en sus redes sociales fotos de la campaña, difundir el logo de la campaña, entre otras acciones, advirtiendo que de esa forma se medirá el compromiso con las causas de la administración”, aseguró Metroagua, que agregó que la integridad de sus trabajadores y su infraestructura física estaban en juego.
Planeación Nacional y la alcaldía quieren que en dos meses el servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad quede a cargo de la Alianza Público Privada (APP) los próximos 30 años. Un plan que implicará traer a la ciudad agua de los ríos Toribio, Córdoba y Magdalena, la optimización del sistema de alcantarillado y la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial.
Mientras esto se decide, el alcalde Rafael Martínez anunció que este mismo martes 14 de febrero se cerrará la licitación pública por medio de la cual se busca contratar al operador transitorio que estará en la ciudad mientras se pone en marcha el plan de la APP.