Se alarga el 'parto' de Santurbán

Quienes estaban esperando que este jueves la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, anunciara en Bucaramanga cuál será la delimitación del páramo de Santurbán, se quedaron con los crespos hechos.

La espera se prolongará entre dos y tres meses más, le dijo a El Espectador la ministra Sarmiento Villamizar antes de ingresar a una reunión de ‘concertación’ a puerta cerrada con los alcaldes de la provincia de Soto Norte (California, Vetas, Matanza, Suratá, California y Tona, Santander); el gobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa; y el director de la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga, Ludwing Arley Anaya, entre otros asistentes.

Participación, inclusión y construcción son los términos que repitió Sarmiento Villamizar, anunciando con ellas que a partir de esta ‘mesa institucional’ se conformarán dos mesas más, pero que la tarea es definir quiénes participarán, bajo qué metodología, en qué fechas y quiénes serán los ‘guardianes del agua’. “La línea de páramo no es el punto importante de la discusión… No vamos a concertar lo que es la línea como tal, pues esta es el resultado de un ejercicio técnico con criterios ambientales, sociales y económicos; lo que vamos a trabajar en las mesas es la estrategia integral que permita a los que se van a afectar por la decisión no quedar en el limbo y destinados a la pobreza absoluta”.

¿Si la decisión está tomada, para qué hacer más reuniones?, le preguntó El Espectador. “Trazar una línea es muy fácil, pero las implicaciones que tiene si la sacáramos hoy serían muy fuertes para todas las personas y creo que debemos tomar una decisión responsable, y hacerlo no es sencillamente firmar una resolución sino saber todas las consecuencias que tiene y preparar a toda la comunidad”.

Explicó que “el objetivo del Ministerio es proteger el agua para todo los bumangueses y toda la gente del área metropolitana, pero también el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que está allá. En medio ambiente todos hablamos de que tenemos unos derechos, pero nadie habla de los deberes”.

La ministra insistió en que lo fundamental es “garantizar el servicio ecosistémico del agua”, que “el Gobierno Nacional no toma decisiones arbitrariamente” y declaró que “así no sea un proceso fácil de llevar, será un ejemplo para todo el país”.

Aunque advirtió que a la discusión no se le puede dar un tinte político o electoral, ronda la preocupación de que el Gobierno Nacional esté haciendo otros cálculos teniendo en cuenta que en marzo de 2014 hay comicios y un anuncio de esta magnitud no dejará conformes a todas las partes, lo cual puede verse reflejado en la conformación de Senado y Cámara, e incluso en las pretensiones reeleccionistas del presidente Juan Manuel Santos, quien desde el comienzo de su mandatado ha alentado la ‘locomotora minera’ a la vez que ha reconocido que el 70 por ciento del agua que consumen los colombianos proviene de los páramos.

El gobernador Aguilar Villa manifestó que “la mejor fórmula es que haya el equilibrio socioeconómico y que prevaleciendo el medio ambiente hay que pensar muy bien qué van a hacer las personas de Soto Norte”, pero se mostró a la expectativa de las coordenadas que divulgue la ministra, apoyada en el concepto técnico brindado por el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

El alcalde de Tona, Francisco Javier González, señaló que le ha planteado a Minambiente que en su caso “nos den un manejo especial teniendo en cuenta que somos un municipio agropecuario y que la región puede ser sostenible desde el punto de vista de seguir practicando la agricultura y por supuesto cuidando el medio ambiente como lo hemos hecho durante muchos siglos. Se nos debe permitir seguir viviendo en la región”. Acotó que no deben ser los bumangueses quienes paguen un impuesto al agua, sino la empresa del Acueducto Metropolitano que “recibe grandes ganancias, aunque ellos lo nieguen, por la ‘producción’ de agua”.

Sí se sabe que el área del páramo superará las 11.700 hectáreas que conforman el Parque Natural Regional de Santurbán, creado en diciembre de 2012 por la presión de los miles de ciudadanos que en cinco ocasiones han salido a marchar bajo la consigna de “Santurbán se respeta; agua sí, oro no”.

Los movimientos ambientalistas, que no fueron invitados a la reunión de hoy, insistieron en que así los convoquen no concurrirán por cuanto no hay discusión porque el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar la prohibición constitucional de impedir la minería en los ecosistemas de páramo, y sobre todo la megaminería a la que aspiran empresa como Eco Oro (antigua Greystar), AUX, Leyhat, Continental y Anglo Gold Ashanti.

Quienes estaban esperando que este jueves la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, anunciara en Bucaramanga cuál será la delimitación del páramo de Santurbán, se quedaron con los crespos hechos.

La espera se prolongará entre dos y tres meses más, le dijo a El Espectador la ministra Sarmiento Villamizar antes de ingresar a una reunión de ‘concertación’ a puerta cerrada con los alcaldes de la provincia de Soto Norte (California, Vetas, Matanza, Suratá, California y Tona, Santander); el gobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa; y el director de la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga, Ludwing Arley Anaya, entre otros asistentes.

Participación, inclusión y construcción son los términos que repitió Sarmiento Villamizar, anunciando con ellas que a partir de esta ‘mesa institucional’ se conformarán dos mesas más, pero que la tarea es definir quiénes participarán, bajo qué metodología, en qué fechas y quiénes serán los ‘guardianes del agua’. “La línea de páramo no es el punto importante de la discusión… No vamos a concertar lo que es la línea como tal, pues esta es el resultado de un ejercicio técnico con criterios ambientales, sociales y económicos; lo que vamos a trabajar en las mesas es la estrategia integral que permita a los que se van a afectar por la decisión no quedar en el limbo y destinados a la pobreza absoluta”.

¿Si la decisión está tomada, para qué hacer más reuniones?, le preguntó El Espectador. “Trazar una línea es muy fácil, pero las implicaciones que tiene si la sacáramos hoy serían muy fuertes para todas las personas y creo que debemos tomar una decisión responsable, y hacerlo no es sencillamente firmar una resolución sino saber todas las consecuencias que tiene y preparar a toda la comunidad”.

Explicó que “el objetivo del Ministerio es proteger el agua para todo los bumangueses y toda la gente del área metropolitana, pero también el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que está allá. En medio ambiente todos hablamos de que tenemos unos derechos, pero nadie habla de los deberes”.

La ministra insistió en que lo fundamental es “garantizar el servicio ecosistémico del agua”, que “el Gobierno Nacional no toma decisiones arbitrariamente” y declaró que “así no sea un proceso fácil de llevar, será un ejemplo para todo el país”.

Aunque advirtió que a la discusión no se le puede dar un tinte político o electoral, ronda la preocupación de que el Gobierno Nacional esté haciendo otros cálculos teniendo en cuenta que en marzo de 2014 hay comicios y un anuncio de esta magnitud no dejará conformes a todas las partes, lo cual puede verse reflejado en la conformación de Senado y Cámara, e incluso en las pretensiones reeleccionistas del presidente Juan Manuel Santos, quien desde el comienzo de su mandatado ha alentado la ‘locomotora minera’ a la vez que ha reconocido que el 70 por ciento del agua que consumen los colombianos proviene de los páramos.

El gobernador Aguilar Villa manifestó que “la mejor fórmula es que haya el equilibrio socioeconómico y que prevaleciendo el medio ambiente hay que pensar muy bien qué van a hacer las personas de Soto Norte”, pero se mostró a la expectativa de las coordenadas que divulgue la ministra, apoyada en el concepto técnico brindado por el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

El alcalde de Tona, Francisco Javier González, señaló que le ha planteado a Minambiente que en su caso “nos den un manejo especial teniendo en cuenta que somos un municipio agropecuario y que la región puede ser sostenible desde el punto de vista de seguir practicando la agricultura y por supuesto cuidando el medio ambiente como lo hemos hecho durante muchos siglos. Se nos debe permitir seguir viviendo en la región”. Acotó que no deben ser los bumangueses quienes paguen un impuesto al agua, sino la empresa del Acueducto Metropolitano que “recibe grandes ganancias, aunque ellos lo nieguen, por la ‘producción’ de agua”.

Sí se sabe que el área del páramo superará las 11.700 hectáreas que conforman el Parque Natural Regional de Santurbán, creado en diciembre de 2012 por la presión de los miles de ciudadanos que en cinco ocasiones han salido a marchar bajo la consigna de “Santurbán se respeta; agua sí, oro no”.

Los movimientos ambientalistas, que no fueron invitados a la reunión de hoy, insistieron en que así los convoquen no concurrirán por cuanto no hay discusión porque el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar la prohibición constitucional de impedir la minería en los ecosistemas de páramo, y sobre todo la megaminería a la que aspiran empresa como Eco Oro (antigua Greystar), AUX, Leyhat, Continental y Anglo Gold Ashanti.