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Durante la hora en la que los estudiantes del colegio Francisco Pinedo López tomaban el descanso de la jornada académica el techo de uno de los salones de la institución se desplomó. Se trató de una desventura anunciada y además, ratificada por el Estado.
El temor se apoderó del cuerpo docente y estudiantil del instituto, que tuvo que ser evacuado en gran parte de sus instalaciones, entre ellas un bloque completo del mismo y cinco salones más.
El derrumbe del techo en el colegio de Villarica dejó dos estudiantes levemente heridos, daños en el mobiliario de la institución y provocó además la reactivación de unas alertas que ya estaban prendidas.
La Defensoría del Pueblo previamente había instaurado una acción de tutela, fallada favorablemente, en la cual exigía acciones por parte del Estado y los entes locales para proteger a la población de Villarica, en riesgo por la falla geológica que recorre sus límites.
Precisamente, en el mismo municipio durante el desplome, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, discutía la creación de una mesa técnica para evitar una eventual tragedia en la población, una visita que se materializó gracias a los resultados del recurso legal reseñado.
Según esta misma entidad, el inminente peligro físico podría afectar a 1.200 personas que habitan en el 80% del casco urbano de la población, en cuyo espacio se encuentran edificios de alarmante vulnerabilidad como es el caso del hospital ‘La milagrosa’ y colegio municipal, escenario de este primer campanazo de alerta.
El defensor del pueblo aseguró que “Villarrica necesita un plan maestro de acueducto y alcantarillado porque no existe en este momento”. Otálora Gómez indicó también que “se convocó al departamento de prosperidad social para que se tomen algunas acciones de choque con las viviendas que hay que reubicar con las instituciones públicas que están en riesgo”.
Esta será eventualmente la función de la mesa técnica de Villarica donde se prestará vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones que se trazaron en la acción de tutela, la cual contempla el plazo máximo de tres meses para la presentación de un plan en vía de solucionar esta problemática.