Se intensifica debate sobre consulta popular del tema minero en Ibagué

Luego de que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentara ante el concejo de la ciudad un proyecto para tramitar una consulta popular, cuyo objetivo es ponerle freno a los abusos de la minería, las opiniones y conceptos alrededor de este tema han surgido desde orillas opuestas.

El principal defensor de la iniciativa es el primer mandatario ibaguereño, quien ha dicho que el abuso de la locomotora minera puede destruir las fuentes de agua y el elemento vital del cual vive la población y del cual estamos constituidos, “recordemos que el cuerpo humano está constituido de agua, en los neonatos del 90% y en los adultos del 80”.

Al otro lado del debate está la Red de Veedurías que se opone al proyecto. Su representante, Pablo Bustos, pidió este lunes a la Procuraduría adoptar medidas preventivas frente a esta consulta popular. Según Bustos, el Ministerio Público debe intervenir para evitar un fraude en los mecanismos de participación ciudadana, ya que, según él, a través de una consulta popular sobre temas mineros se conllevaría a una afectación del patrimonio público que podría llegar a los $10.000 millones.

Según Bustos, las alcaldías, de acuerdo con la misma Procuraduría, carecen por completo de competencia para adelantar este tipo de consultas y de hacerlo estarían extralimitándose en sus funciones. Por tal motivo, el veedor anunció que radicará esta semana nuevas denuncias y acciones de advertencia pertinentes al caso.

Sin embargo, los argumentos de Bustos son, para la abogada investigadora de Dejusticia Diana Rodríguez Franco, imprecisos. La jurista sostiene que decir que las alcaldías carecen de competencia para estos temas es incorrecto, ya que el artículo 33 de la ley 136 de 1994 establece que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. Y con una disposición adicional: la responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.

En ese orden de ideas, Rodríguez afirma que Ibagué cumple los requisitos para hacer una consulta de este tipo; el municipio es agrícola y la minería está afectando esas actividades tradicionales. Y agrega que la alcaldía sí es competente para presentar esta consulta.

Sobre el valor de lo que va a costar realizar la consultar popular, la abogada dice que los gastos corren por cuenta de la Registraduría, y que no es el municipio el que paga, por lo que es impreciso decir que se verá afectado el patrimonio de Ibagué.

“También hay que aclarar que la idea de la consulta es la protección ambiental, evitar actividades mineras que produzca efectos contaminantes. El ciudadano va a salir a votar sobre si quiere o no proyectos de naturaleza minera que contaminante el agua o el suelo. No busca frenar toda la minería, solo la que transforme radicalmente y arrase con actividad la agropecuaria”, concluye Rodríguez.

Esta es la pregunta que se le pretende formular a los ibaguereños en la consulta popular:

¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

Luego de que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentara ante el concejo de la ciudad un proyecto para tramitar una consulta popular, cuyo objetivo es ponerle freno a los abusos de la minería, las opiniones y conceptos alrededor de este tema han surgido desde orillas opuestas.

El principal defensor de la iniciativa es el primer mandatario ibaguereño, quien ha dicho que el abuso de la locomotora minera puede destruir las fuentes de agua y el elemento vital del cual vive la población y del cual estamos constituidos, “recordemos que el cuerpo humano está constituido de agua, en los neonatos del 90% y en los adultos del 80”.

Al otro lado del debate está la Red de Veedurías que se opone al proyecto. Su representante, Pablo Bustos, pidió este lunes a la Procuraduría adoptar medidas preventivas frente a esta consulta popular. Según Bustos, el Ministerio Público debe intervenir para evitar un fraude en los mecanismos de participación ciudadana, ya que, según él, a través de una consulta popular sobre temas mineros se conllevaría a una afectación del patrimonio público que podría llegar a los $10.000 millones.

Según Bustos, las alcaldías, de acuerdo con la misma Procuraduría, carecen por completo de competencia para adelantar este tipo de consultas y de hacerlo estarían extralimitándose en sus funciones. Por tal motivo, el veedor anunció que radicará esta semana nuevas denuncias y acciones de advertencia pertinentes al caso.

Sin embargo, los argumentos de Bustos son, para la abogada investigadora de Dejusticia Diana Rodríguez Franco, imprecisos. La jurista sostiene que decir que las alcaldías carecen de competencia para estos temas es incorrecto, ya que el artículo 33 de la ley 136 de 1994 establece que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. Y con una disposición adicional: la responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.

En ese orden de ideas, Rodríguez afirma que Ibagué cumple los requisitos para hacer una consulta de este tipo; el municipio es agrícola y la minería está afectando esas actividades tradicionales. Y agrega que la alcaldía sí es competente para presentar esta consulta.

Sobre el valor de lo que va a costar realizar la consultar popular, la abogada dice que los gastos corren por cuenta de la Registraduría, y que no es el municipio el que paga, por lo que es impreciso decir que se verá afectado el patrimonio de Ibagué.

“También hay que aclarar que la idea de la consulta es la protección ambiental, evitar actividades mineras que produzca efectos contaminantes. El ciudadano va a salir a votar sobre si quiere o no proyectos de naturaleza minera que contaminante el agua o el suelo. No busca frenar toda la minería, solo la que transforme radicalmente y arrase con actividad la agropecuaria”, concluye Rodríguez.

Esta es la pregunta que se le pretende formular a los ibaguereños en la consulta popular:

¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?