El Comité del Paro Caquetá y Sur del Meta, conformado por las organizaciones campesinas, indígenas y docentes, denunciaron el incumplimiento de los acuerdos respecto a las garantías de seguridad para la protesta social, por parte del gobierno nacional y las gobernaciones del Caquetá y Huila.
Las organizaciones solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Personería, Contraloría y al sistema de las Naciones Unidas, para garantizar que se cumplan los acuerdos previamente pactados.
El pasado 2 de junio, el comité y los gobiernos locales firmaron un acuerdo para asegurar las garantías mínimas de la protesta. Este incluía permitir el retorno seguro en territorios del Caquetá y Sur del Meta y evitar cualquier tipo de acción policial o militar que pusiera en riesgo a los manifestantes.
Sin embargo, el comité del paro de esta zona denunció que “el 7 de junio hubo presencia de tropas del Ejército a menos de 500 metros donde se encuentra una de nuestras delegaciones”. Estas organizaciones están ubicadas en Altamira, Guadalupe y Suaza, en Huila.
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A esto se le suman otros dos altercados. El primero fue el “empadronamiento de algunos integrantes de la delegación de San José del Fragua en la ruta Florencia – Guadalupe”. El segundo corresponde al pelotón del Ejército en el caso urbano de Altamira, Huila. Allí mismo se llevó a cabo la detención de algunos delegados campesinos e indígenas quienes se unirían a la asamblea permanente.
La denuncia pública manifiesta que las organizaciones que conforman el Comité de Paro de los dos departamentos, están dispuestas a seguir con el diálogo, siempre y cuando haya cumplimiento por parte del gobierno nacional y local.