Los planes para mitigar los problemas estructurales de la vía al Llano, que el año pasado pusieron en graves aprietos al departamento del Meta luego de un colapso en el kilómetro 58 y los históricos problemas de seguridad que persisten en la región por cuenta del accionar de grupos ilegales son dos de los temas que marcarán la agenda de esta zona del país en los próximos años.
Sobre el tema de orden público, por ejemplo, la prioridad estará en atender los municipios que después de la desmovilización de las Farc se convirtieron en ejes transversales de disputas territoriales por el control de las rutas del narcotráfico que dominaba la antigua guerrilla y por el acceso a otras economías ilegales. Por hablar solo de algunos casos, como reportó en 2019 el centro de investigación InSight Crime, el grupo delincuencial organizado (GDO) los Puntilleros, subdividido en los bloques Meta y Libertadores del Vichada, maneja corredores de droga que van desde Puerto López hasta Puerto Carreño (Vichada) y tienen como destino final Venezuela.
El Espectador conversó con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, para conocer su perspectiva administrativa en torno a las condiciones sociales, medioambientales, de seguridad, de salud y de infraestructura vial del departamento.
¿Cuál es el panorama de seguridad en el Meta?
El Meta ha mejorado en seguridad y orden público. Hoy puedo decir que no hay zonas vedadas para los metenses, para los turistas, para el Gobierno o para la Fuerza Pública. Pero hay situaciones que merecen mucha atención. Por ejemplo, en temas de extorsión, hemos realizado siete consejos de seguridad en menos de un mes y estamos elaborando un informe minucioso de las acciones tomadas, para entregarlo al presidente de la República.
Las denuncias que llegan desde la región hablan de extorsiones que se hacen incluso desde varias cárceles del país. ¿Qué se sabe de esta situación?
Estamos enfrentando con seriedad y responsabilidad este fenómeno que está asolando a todo el país. Esperamos presentar en poco tiempo resultados concretos en la lucha contra este flagelo. Mientras tanto, solicito tolerancia para mantener el sigilo sobre nuestros avances, que están cobijados por la reserva del sumario. Nuestra intención es erradicar la extorsión.
Por lo menos cinco grupos armados entre disidencias de las Farc y organizaciones criminales hacen presencia en el departamento. ¿Cómo piensa mitigar las dinámicas de violencia y manejar los rezagos que dejó la guerra?
Tengo un gran compromiso con estas zonas, como el caso de La Macarena, por eso reforzaremos la presencia del Estado, con toda su fuerza institucional, fundamentalmente en acciones sociales, de apoyo y acompañamiento constante a la población, respuesta oportuna de las autoridades, respaldo a las víctimas y mucha inversión. Pretendemos que La Macarena sea un ejemplo de reconversión productiva y de cultura de paz para el país.
¿Cómo entra en este panorama la implementación de los Acuerdos de Paz?
En los espacios territoriales aún hay cerca de un 40 % de personas que se acogieron al proceso y el resto debe estar en programas productivos. Pero no hay seguimiento permanente de los mismos y por eso los datos no son exactos. Tengo la decisión de realizar un seguimiento constante a nuestros programas y trabajaremos de manera coordinada con el Gobierno Nacional para lograr los resultados esperados.
Respecto a la vía al Llano, que el año pasado permaneció tres meses cerrada por un bloqueo en el km 58 y dejó pérdidas billonarias para el departamento, ¿cuáles son las medidas para evitar tantos contratiempos?
Ya tenemos en operación 19 túneles y 43 viaductos, y esperamos que la totalidad de la vía entre en operación en 2021. Esta vía es para nosotros de importancia crucial. Sin ella estamos aislados. Estaré pendiente de manera permanente y personal para que se cumplan los plazos previstos, pero al tiempo estamos trabajando en el desarrollo de nuestra malla vial que nos comunique con el resto del país, por Bogotá, Casanare, Huila, Caquetá y Cundinamarca, y por supuesto el aeropuerto internacional con terminal civil en Apiay.
Pero los problemas de la vía al Llano son un tema de cada año...
Hay que decir que las dificultades en el proyecto se deben principalmente a las fallas geológicas y a las condiciones mismas de la cordillera, que se afectan de manera importante con las intensas lluvias. Esto generó derrumbes como los que tuvimos el año pasado en los kilómetros 58 y 54. Pero, claro, se han presentado casos puntuales, como el puente de Chirajara, que se cayó a causa de fallas técnicas durante el proceso de construcción y la concesionaria debe pagar con sus recursos la construcción del puente nuevo. También se han presentado cierres en la vía por falta de atención oportuna a los sitios críticos, situación que estamos tratando con la ANI para que sea corregida.
¿Cómo coordinar las EPS con los hospitales departamentales para evitar deudas mayores o inoperancia en la prestación de servicios de salud en el departamento?
Aquellas EPS que no le cumplan a la hospitalaria deben salir del departamento. Nosotros cofinanciamos el régimen subsidiado, giramos a la administradora de los recursos de la salud más de $30.000 millones al año. No aceptaremos EPS que tengan prácticas indebidas solo para hacer dilatorios los compromisos con sus usuarios, porque finalmente no solo les hacen daño a nuestros hospitales, sino a nuestra gente. Le hemos propuesto al superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal, hacer una alianza y que ese apoyo que siempre hemos recibido sea contundente, para que el flujo de recursos y las mesas de conciliaciones lideradas por la Secretaría de Salud sean efectivos y todas las EPS de régimen subsidiado y contributivo cumplan y giren oportunamente.