“Si el Gobierno no actúa, continuará la violencia en San José de Apartadó”

El 16 de agosto de 1996 fue asesinado en Urabá Bartolomé Cataño Vallejo, fundador del corregimiento San José de Apartadó y, para entonces, concejal de su municipio por el partido Unión Patriótica. La muerte de Bartolomé ocurrió meses después de que apoyara el éxodo de 811 campesinos hacia el coliseo municipal. La razón: las continuas violaciones a los derechos humanos por parte de los actores del conflicto y los señalamientos del Ejército acusando a los labriegos de colaborar con la guerrilla. Hoy, veinte años después, la situación para los líderes y habitantes del lugar se complica nuevamente. Por eso, organizaciones de derechos humanos hicieron una audiencia de garantías para denunciar lo que está pasando en ese corregimiento del Urabá antioqueño.

La jornada fue realizada el 22 de abril por la Mesa Territorial de Garantías de Antioquia. Aunque fueron convocados, ni la Gobernación ni el Ministerio del Interior, ni la Policía ni el Ejército, asistieron a la audiencia. Sin embargo, la situación es tan complicada que la Comisión de Derechos Humanos de la Gobernación realizará un Comité Departamental de Prevención de Violaciones de DD.HH. este jueves 5 de mayo. Y ese mismo día la Comisión Segunda del Senado de la República hará una visita al municipio para evaluar la seguridad en la zona.

La Agencia de Prensa IPC acompañó la audiencia de garantías. En ella encontró que el temor es generalizado, los habitantes se sienten coartados por los actores armados, y la desconfianza en la Fuerza Pública, principalmente en el Ejército, es evidente.

Campesinos temen por sus líderes

“La situación del corregimiento, hablando de derechos humanos, es una situación muy dura”. Eso piensa Marcos*, un habitante del lugar para quien “hablar de San José es hablar de un genocidio, de un plan de exterminio contra sus pobladores”.

La historia así lo ha confirmado. En el libro “Fusil o toga, toga y fusil”, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado a la Comunidad de Paz, relata que el 7 de septiembre de 1996 presuntos miembros del Batallón Contraguerrilla Nº 35, acompañados de una supuesta desertora de las FARC, asesinaron a cuatro líderes de la Cooperativa Balsamar, entre ellos María Eugenia Silvia Úsuga, que tenía cuatro meses de embarazo, y Gustavo de Jesús Loaiza Hincapié, concejal de la UP, suplente del asesinado Bartolomé. En la década del 2000, la masacre que más impactó la memoria colectiva ocurrió el 21 de febrero del 2005, cuando paramilitares con apoyo de la Brigada XVII del Ejército, torturaron, asesinaron y descuartizaron a ocho campesinos entre ellos siete miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó: cuatro adultos y tres niños. Esta masacre, ocurrida durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, fue aceptada por el Estado colombiano en un proceso de conciliación con la defensa de las víctimas.

Las Farc también han tenido una parte importante en la historia de violencia de este corregimiento, principalmente por la detonación de artefactos explosivos y los ataques a las bases de la Policía y el Ejército. Sin embargo esa guerrilla minimizó sus hostilidades tras decretar un cese unilateral al fuego en medio del actual proceso de paz con el Gobierno.

No obstante, la población civil continúa sitiada por los actores armados y por la ofensiva del paramilitarismo que viene aprovechando el repliegue de las Farc. A esto se agrega la estigmatización de quienes viven en el corregimiento y la persecución de sus líderes.

Desde 1996, dice Marcos, “han querido callar a nuestros líderes con bala, con armas, pero por las denuncias que se han hecho y por el apoyo de muchas instituciones han dejado de hacerlo así. Ahora lo han seguido haciendo con montajes oficiales. Ahora encierran nuestros líderes injustamente solo por defender los derechos de los campesinos, por quejarse frente a la problemática de violación de derechos humanos por parte del Gobierno nacional y del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII”.

Del año 2015 a la fecha, seis líderes comunitarios de San José han sido capturados por las autoridades acusados de rebelión, narcotráfico y terrorismo. Todos eran reconocidos en la zona por liderar las denuncias sobre la vulneración de derechos humanos por parte del Ejército y los grupos armados ilegales. Una de las detenidas es Laura Cataño, hija de Bartolomé Cataño e integrante de la Junta Comunal del corregimiento. La mujer de 50 años fue capturada el22 de diciembre de 2015, el mismo día que fue apresado Arley Muñoz Cartagena, presidente de la Junta Comunal. Ambos fueron acusados de rebelión.

Estas detenciones han atemorizado a otros líderes del corregimiento, pues según denuncia la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, Acasa, las autoridades han dicho que tienen otras 20 órdenes de captura que, como las anteriores, se fundamentan en información entregada por presuntos desmovilizados de las Farc.

Además de lo anterior, durante la audiencia de garantías del 22 de abril, varios líderes denunciaron que los soldados le toman fotografías a la población civil, especialmente a quienes llegan de las veredas; intimidan a las personas; realizan empadronamientos; y permanecen junto a las instituciones educativas.
Pero el mayor temor proviene de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en las veredas La Esperanza, La Hoz, Rosalí, Zabaleta, Las Flores, Playas Largas y Nuevo Antioquia, donde amenazan a los campesinos señalándoles de guerrilleros, lo que en diciembre de 2015 causó el desplazamiento de 47 familias de La Esperanza.

Óscar Zapata, presidente de Acasa, expresó que esa organización ha “denunciado la presencia de los paramilitares en San José de Apartado desde hace mucho tiempo, pero las autoridades al principio lo negaron, lo que para nosotros es un prevaricato por omisión de las instituciones del Estado”. Despejando cualquier duda, hace15 días las AGC pintaron varios letreros en el centro urbano del corregimiento anunciando su presencia.

Luego de conocer éstas y otras denuncias, el Defensor del Pueblo en Urabá, William González manifestó, al término de la audiencia de garantías, que la Defensoría continuará haciendo seguimiento a la situación de seguridad de los habitantes y exhortó “a las autoridades a que cesen las amenazas, las intimidaciones y la estigmatización de la población trabajadora y humilde de las veredas de San José”.

Por su parte, la Secretaria de Inclusión Social de Apartadó, Sara Moreno, expresó su “preocupación por que la población se siente amenazada y las personas no se sienten tranquilas para ejercer sus liderazgos y sus actividades del día a día”. Por eso, anotó que en el comité de derechos humanos que se realizará este 5 de mayo, es importante la presencia de todas las instituciones convocadas, entre ellas el Ejército, para que “realmente se le dé la cara a San José y se den respuesta a las inquietudes que se están presentando”.

Vivir en medio del conflicto

San José es un corregimiento del municipio de Apartado en el Urabá Antioqueño. Está conformado por 32 veredas y tiene 5.308 habitantes, de los cuales el 26% (aproximadamente 1.380 personas) viven en la cabecera corregimental . La gente sobrevive del cultivo de cacao, la cría de marranos y la siembre de yuca, plátano, maíz y ñame.

Debido a la agudeza del conflicto, el corregimiento está custodiado por una estación de policía, ubicada en una colina sobre la vía de acceso cerca del parque principal, y por un batallón del Ejército asentado en una montaña contigua al colegio El Mariano. En repetidas ocasiones el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó ha denunciado que estas instalaciones cerca del centro urbano ponen en riesgo a la población civil y ha exigido al Ministerio de Defensa y al Ejército la reubicación de la base militar, argumentando que existe una vulneración al Derecho Internacional Humanitario.

El 9 de junio de 2015, Judit* se encontraba en una tienda sobre la vía principal del corregimiento, diagonal a la escuela, cuando fue impactada por un disparo de fusil durante un enfrentamiento entre las FARC y el Ejército. La mujer, menuda, delgada y de aspecto humilde, estaba de pie junto a una ventana cuando escuchó los primeros disparos y de repente sintió un golpe en el pecho que le entumeció el brazo.

“Ese día estaba lloviendo —recuerda—. Yo había bajado a una reunión del programa Buen Comienzo y traje a mi bebé. La tenía cargada y acaba de ponerla en una cama cuando me hirieron —dice sollozando, al pensar que el proyectil hubiese podido impactar a su hija—. Como no había ambulancia, después de que pasó el enfrentamiento un vecino sacó el carro y me llevó al hospital. El médico dijo que yo era muy de buenas, que la bala no me cogió ningún huso y que al menos no salió porque me hubiera destrozado”.

Judith que era una mujer trabajadora, ahora no es capaz de cargar cosas pesadas ni de usar un machete. Situación la angustia porque tiene cuatro hijos y muchas necesidades. Por eso cuando está sola se desahoga en llanto.

Quienes habitan en San José han tenido que aprender a convivir con el conflicto y han optado por contener el miedo y el dolor para seguir resistiendo. El mayor temor, en un momento en que se negocia con las guerrillas de las Farc y el Eln, es que se repita el pasado violento ocurrido durante el exterminio de la UP.

*Nombres cambiados por solicitud de la fuente

El 16 de agosto de 1996 fue asesinado en Urabá Bartolomé Cataño Vallejo, fundador del corregimiento San José de Apartadó y, para entonces, concejal de su municipio por el partido Unión Patriótica. La muerte de Bartolomé ocurrió meses después de que apoyara el éxodo de 811 campesinos hacia el coliseo municipal. La razón: las continuas violaciones a los derechos humanos por parte de los actores del conflicto y los señalamientos del Ejército acusando a los labriegos de colaborar con la guerrilla. Hoy, veinte años después, la situación para los líderes y habitantes del lugar se complica nuevamente. Por eso, organizaciones de derechos humanos hicieron una audiencia de garantías para denunciar lo que está pasando en ese corregimiento del Urabá antioqueño.

La jornada fue realizada el 22 de abril por la Mesa Territorial de Garantías de Antioquia. Aunque fueron convocados, ni la Gobernación ni el Ministerio del Interior, ni la Policía ni el Ejército, asistieron a la audiencia. Sin embargo, la situación es tan complicada que la Comisión de Derechos Humanos de la Gobernación realizará un Comité Departamental de Prevención de Violaciones de DD.HH. este jueves 5 de mayo. Y ese mismo día la Comisión Segunda del Senado de la República hará una visita al municipio para evaluar la seguridad en la zona.

La Agencia de Prensa IPC acompañó la audiencia de garantías. En ella encontró que el temor es generalizado, los habitantes se sienten coartados por los actores armados, y la desconfianza en la Fuerza Pública, principalmente en el Ejército, es evidente.

Campesinos temen por sus líderes

“La situación del corregimiento, hablando de derechos humanos, es una situación muy dura”. Eso piensa Marcos*, un habitante del lugar para quien “hablar de San José es hablar de un genocidio, de un plan de exterminio contra sus pobladores”.

La historia así lo ha confirmado. En el libro “Fusil o toga, toga y fusil”, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado a la Comunidad de Paz, relata que el 7 de septiembre de 1996 presuntos miembros del Batallón Contraguerrilla Nº 35, acompañados de una supuesta desertora de las FARC, asesinaron a cuatro líderes de la Cooperativa Balsamar, entre ellos María Eugenia Silvia Úsuga, que tenía cuatro meses de embarazo, y Gustavo de Jesús Loaiza Hincapié, concejal de la UP, suplente del asesinado Bartolomé. En la década del 2000, la masacre que más impactó la memoria colectiva ocurrió el 21 de febrero del 2005, cuando paramilitares con apoyo de la Brigada XVII del Ejército, torturaron, asesinaron y descuartizaron a ocho campesinos entre ellos siete miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó: cuatro adultos y tres niños. Esta masacre, ocurrida durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, fue aceptada por el Estado colombiano en un proceso de conciliación con la defensa de las víctimas.

Las Farc también han tenido una parte importante en la historia de violencia de este corregimiento, principalmente por la detonación de artefactos explosivos y los ataques a las bases de la Policía y el Ejército. Sin embargo esa guerrilla minimizó sus hostilidades tras decretar un cese unilateral al fuego en medio del actual proceso de paz con el Gobierno.

No obstante, la población civil continúa sitiada por los actores armados y por la ofensiva del paramilitarismo que viene aprovechando el repliegue de las Farc. A esto se agrega la estigmatización de quienes viven en el corregimiento y la persecución de sus líderes.

Desde 1996, dice Marcos, “han querido callar a nuestros líderes con bala, con armas, pero por las denuncias que se han hecho y por el apoyo de muchas instituciones han dejado de hacerlo así. Ahora lo han seguido haciendo con montajes oficiales. Ahora encierran nuestros líderes injustamente solo por defender los derechos de los campesinos, por quejarse frente a la problemática de violación de derechos humanos por parte del Gobierno nacional y del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII”.

Del año 2015 a la fecha, seis líderes comunitarios de San José han sido capturados por las autoridades acusados de rebelión, narcotráfico y terrorismo. Todos eran reconocidos en la zona por liderar las denuncias sobre la vulneración de derechos humanos por parte del Ejército y los grupos armados ilegales. Una de las detenidas es Laura Cataño, hija de Bartolomé Cataño e integrante de la Junta Comunal del corregimiento. La mujer de 50 años fue capturada el22 de diciembre de 2015, el mismo día que fue apresado Arley Muñoz Cartagena, presidente de la Junta Comunal. Ambos fueron acusados de rebelión.

Estas detenciones han atemorizado a otros líderes del corregimiento, pues según denuncia la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, Acasa, las autoridades han dicho que tienen otras 20 órdenes de captura que, como las anteriores, se fundamentan en información entregada por presuntos desmovilizados de las Farc.

Además de lo anterior, durante la audiencia de garantías del 22 de abril, varios líderes denunciaron que los soldados le toman fotografías a la población civil, especialmente a quienes llegan de las veredas; intimidan a las personas; realizan empadronamientos; y permanecen junto a las instituciones educativas.
Pero el mayor temor proviene de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en las veredas La Esperanza, La Hoz, Rosalí, Zabaleta, Las Flores, Playas Largas y Nuevo Antioquia, donde amenazan a los campesinos señalándoles de guerrilleros, lo que en diciembre de 2015 causó el desplazamiento de 47 familias de La Esperanza.

Óscar Zapata, presidente de Acasa, expresó que esa organización ha “denunciado la presencia de los paramilitares en San José de Apartado desde hace mucho tiempo, pero las autoridades al principio lo negaron, lo que para nosotros es un prevaricato por omisión de las instituciones del Estado”. Despejando cualquier duda, hace15 días las AGC pintaron varios letreros en el centro urbano del corregimiento anunciando su presencia.

Luego de conocer éstas y otras denuncias, el Defensor del Pueblo en Urabá, William González manifestó, al término de la audiencia de garantías, que la Defensoría continuará haciendo seguimiento a la situación de seguridad de los habitantes y exhortó “a las autoridades a que cesen las amenazas, las intimidaciones y la estigmatización de la población trabajadora y humilde de las veredas de San José”.

Por su parte, la Secretaria de Inclusión Social de Apartadó, Sara Moreno, expresó su “preocupación por que la población se siente amenazada y las personas no se sienten tranquilas para ejercer sus liderazgos y sus actividades del día a día”. Por eso, anotó que en el comité de derechos humanos que se realizará este 5 de mayo, es importante la presencia de todas las instituciones convocadas, entre ellas el Ejército, para que “realmente se le dé la cara a San José y se den respuesta a las inquietudes que se están presentando”.

Vivir en medio del conflicto

San José es un corregimiento del municipio de Apartado en el Urabá Antioqueño. Está conformado por 32 veredas y tiene 5.308 habitantes, de los cuales el 26% (aproximadamente 1.380 personas) viven en la cabecera corregimental . La gente sobrevive del cultivo de cacao, la cría de marranos y la siembre de yuca, plátano, maíz y ñame.

Debido a la agudeza del conflicto, el corregimiento está custodiado por una estación de policía, ubicada en una colina sobre la vía de acceso cerca del parque principal, y por un batallón del Ejército asentado en una montaña contigua al colegio El Mariano. En repetidas ocasiones el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó ha denunciado que estas instalaciones cerca del centro urbano ponen en riesgo a la población civil y ha exigido al Ministerio de Defensa y al Ejército la reubicación de la base militar, argumentando que existe una vulneración al Derecho Internacional Humanitario.

El 9 de junio de 2015, Judit* se encontraba en una tienda sobre la vía principal del corregimiento, diagonal a la escuela, cuando fue impactada por un disparo de fusil durante un enfrentamiento entre las FARC y el Ejército. La mujer, menuda, delgada y de aspecto humilde, estaba de pie junto a una ventana cuando escuchó los primeros disparos y de repente sintió un golpe en el pecho que le entumeció el brazo.

“Ese día estaba lloviendo —recuerda—. Yo había bajado a una reunión del programa Buen Comienzo y traje a mi bebé. La tenía cargada y acaba de ponerla en una cama cuando me hirieron —dice sollozando, al pensar que el proyectil hubiese podido impactar a su hija—. Como no había ambulancia, después de que pasó el enfrentamiento un vecino sacó el carro y me llevó al hospital. El médico dijo que yo era muy de buenas, que la bala no me cogió ningún huso y que al menos no salió porque me hubiera destrozado”.

Judith que era una mujer trabajadora, ahora no es capaz de cargar cosas pesadas ni de usar un machete. Situación la angustia porque tiene cuatro hijos y muchas necesidades. Por eso cuando está sola se desahoga en llanto.

Quienes habitan en San José han tenido que aprender a convivir con el conflicto y han optado por contener el miedo y el dolor para seguir resistiendo. El mayor temor, en un momento en que se negocia con las guerrillas de las Farc y el Eln, es que se repita el pasado violento ocurrido durante el exterminio de la UP.

*Nombres cambiados por solicitud de la fuente