Sin salida para el paro minero

El paro minero completa 30 días, ha dejado tres muertos, 20 heridos y la tensión en estos dos municipios del nordeste antioqueño no para. El personero de Segovia, Jeyson Atehortúa Salazar, quien se retiró del puesto de mando unificado instalado por las autoridades para monitorear y controlar la situación de orden público en la zona, aseguró que su decisión de salir de ese grupo se debe a que “de manera irresponsable la Fuerza Pública pretende justificar su actuar (en la zona) en un presunto aval de intervención que el suscrito personero no ha dado, pues no es competente para hacerlo”.

Su enérgica declaración es una manifestación más del caos que se vive en la región. Los alcaldes no pudieron controlar los desmanes de orden público nacidos en las protestas de los mineros, quienes no se han acogido a las nuevas regulaciones de la actividad. Los habitantes de la región aseguran que a causa de los bloqueos del paro están desabastecidos. La Fuerza Pública, a través del Esmad, hizo presencia en la zona, pero no logró controlar la situación, sino que se exacerbó. Debido a esto, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aseguró que no retirará al Esmad del sector. Ante la imposibilidad de dar solución al paro, los actores involucrados conformaron una Mesa de Mando Unificado para responder a las protestas de la comunidad. La presencia de Atehortúa era clave en esa mesa, porque es el encargado de defender los derechos humanos, tiene interlocución directa entre las autoridades policiales y gubernamentales, y conoce la situación del área.

Según el personero, su renuncia se debe a que el comandante de la Policía de Antioquia, Wilson Pardo, manifestó al periódico El Colombiano que las actuaciones de la Fuerza Pública han contado con su aval, declaraciones que “pusieron en riesgo su vida”. El general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Regional Seis de la Policía Nacional, aseguró que “los procedimientos que han adelantado la Policía y el Ejército son autónomos y requieren el acompañamiento del Ministerio Público, que garantiza la transparencia en nuestras acciones”.

La situación es tan compleja, que el gobernador de Antioquia denunció que hay una actitud sospechosa con el carro de bomberos de Segovia: “El único vehículo que hay de bomberos en Segovia se encuentra regularmente en las manifestaciones donde están tirando explosivos, y al carro se arriman personas que encapuchadas reciben explosivos del carro”.

Según el mandatario, se han documentado cinco casos de emergencias, incendios de viviendas y vehículos, y los bomberos no han acudido. Aseguró, además, que las pruebas fueron aportadas para la investigación, “los videos que tiene la Policía para sustentar estas denuncias fueron entregados a la Fiscalía, para que adelante las respectivas investigaciones”.

Frente a la Gobernación de Antioquia una delegación de 100 personas de Segovia y Remedios realizaron un plantón con el fin de exigir que se sienten a dialogar con los mineros ancestrales, ayer martes. Aseguran que la situación en los municipios es insostenible no sólo por la falta de alimentos, sino por los constantes enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública.

Javier Ávila, miembro del comité humanitario de los mineros, manifestó que no levantarán la protesta. “Preferimos morirnos de hambre, pero no levantamos el paro, este es el último que hacemos y aquí nos tienen que garantizar la cadena productiva, el minero ancestral no puede desaparecer”.

A la protesta se sumaron mineros de otros municipios como Vegachí, quienes preparan ayudas humanitarias. “Este gobierno se acostumbró a matar de hambre a los manifestantes, vamos a mandar alimentos a los compañeros de Segovia y Remedios, tenemos que ser solidarios”, decía frente a un megáfono uno de los manifestantes.

Los mineros temen que las intenciones de la multinacional sean sacarlos de la zona para realizar una nueva explotación. “Tienen un proyecto de minería a cielo abierto, están montando una planta de procesamiento de 2.400 toneladas diarias de material de mina y con lo que hay hoy no se puede surtir esa cantidad. El Gobierno no ha obligado a la Gran Colombia Gold a ceder unas áreas y puede obligarlos, porque los mineros reclaman sus derechos y con toda razón”, explica Jorge Gómez, exdiputado de Antioquia.

La Gobernación nombró una comisión encabezada por las secretarías de Gobierno y Minas, así como la oficina de paz, con el fin de analizar las condiciones para el diálogo con los mineros ancestrales, pues según Luis Pérez, si se tienen que demorar un mes más lo harán, pues “no hay afán para solucionar un conflicto que lleva siglos”.

Aunque los mineros aseguran que el comercio está cerrado y escasean alimentos, la Gobernación desmiente el desabastecimiento total, aunque reconoce que algunos productos no se consiguen.

Los mineros piden la salida del Esmad de la zona como requisito para dialogar. “Nosotros estamos con la institucionalidad, pero el Esmad llegó como fuerza de choque y ahí fue donde se presentaron enfrentamientos. Un pueblo encerrado, con hambre y que lo acosen con gases lacrimógenos, es cuando se presentan enfrentamientos”, explicó Javier Ávila.

Sin embargo, el gobernador desmintió la versión de la salida del Esmad de la población, “ellos permanecerán en la zona, no están armados, saldrán cuando se requiera”.

La Gran Colombia Gold decidió aumentar el precio para la compra del oro a los mineros artesanales, el cual pasa de US$400 a US$700 la onza, uno de los reclamos que motivó el paro, pues los pequeños mineros exigían precios más justos.

Hasta la fecha se han legalizado 34 cooperativas mineras, sólo faltan ocho y se sigue insistiendo que se acojan a la ley. Una comisión del Ministerio de Minas llegó a la zona y se espera que el diálogo fluya para ponerles fin a los 30 días de confrontaciones.

El paro minero completa 30 días, ha dejado tres muertos, 20 heridos y la tensión en estos dos municipios del nordeste antioqueño no para. El personero de Segovia, Jeyson Atehortúa Salazar, quien se retiró del puesto de mando unificado instalado por las autoridades para monitorear y controlar la situación de orden público en la zona, aseguró que su decisión de salir de ese grupo se debe a que “de manera irresponsable la Fuerza Pública pretende justificar su actuar (en la zona) en un presunto aval de intervención que el suscrito personero no ha dado, pues no es competente para hacerlo”.

Su enérgica declaración es una manifestación más del caos que se vive en la región. Los alcaldes no pudieron controlar los desmanes de orden público nacidos en las protestas de los mineros, quienes no se han acogido a las nuevas regulaciones de la actividad. Los habitantes de la región aseguran que a causa de los bloqueos del paro están desabastecidos. La Fuerza Pública, a través del Esmad, hizo presencia en la zona, pero no logró controlar la situación, sino que se exacerbó. Debido a esto, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aseguró que no retirará al Esmad del sector. Ante la imposibilidad de dar solución al paro, los actores involucrados conformaron una Mesa de Mando Unificado para responder a las protestas de la comunidad. La presencia de Atehortúa era clave en esa mesa, porque es el encargado de defender los derechos humanos, tiene interlocución directa entre las autoridades policiales y gubernamentales, y conoce la situación del área.

Según el personero, su renuncia se debe a que el comandante de la Policía de Antioquia, Wilson Pardo, manifestó al periódico El Colombiano que las actuaciones de la Fuerza Pública han contado con su aval, declaraciones que “pusieron en riesgo su vida”. El general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Regional Seis de la Policía Nacional, aseguró que “los procedimientos que han adelantado la Policía y el Ejército son autónomos y requieren el acompañamiento del Ministerio Público, que garantiza la transparencia en nuestras acciones”.

La situación es tan compleja, que el gobernador de Antioquia denunció que hay una actitud sospechosa con el carro de bomberos de Segovia: “El único vehículo que hay de bomberos en Segovia se encuentra regularmente en las manifestaciones donde están tirando explosivos, y al carro se arriman personas que encapuchadas reciben explosivos del carro”.

Según el mandatario, se han documentado cinco casos de emergencias, incendios de viviendas y vehículos, y los bomberos no han acudido. Aseguró, además, que las pruebas fueron aportadas para la investigación, “los videos que tiene la Policía para sustentar estas denuncias fueron entregados a la Fiscalía, para que adelante las respectivas investigaciones”.

Frente a la Gobernación de Antioquia una delegación de 100 personas de Segovia y Remedios realizaron un plantón con el fin de exigir que se sienten a dialogar con los mineros ancestrales, ayer martes. Aseguran que la situación en los municipios es insostenible no sólo por la falta de alimentos, sino por los constantes enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública.

Javier Ávila, miembro del comité humanitario de los mineros, manifestó que no levantarán la protesta. “Preferimos morirnos de hambre, pero no levantamos el paro, este es el último que hacemos y aquí nos tienen que garantizar la cadena productiva, el minero ancestral no puede desaparecer”.

A la protesta se sumaron mineros de otros municipios como Vegachí, quienes preparan ayudas humanitarias. “Este gobierno se acostumbró a matar de hambre a los manifestantes, vamos a mandar alimentos a los compañeros de Segovia y Remedios, tenemos que ser solidarios”, decía frente a un megáfono uno de los manifestantes.

Los mineros temen que las intenciones de la multinacional sean sacarlos de la zona para realizar una nueva explotación. “Tienen un proyecto de minería a cielo abierto, están montando una planta de procesamiento de 2.400 toneladas diarias de material de mina y con lo que hay hoy no se puede surtir esa cantidad. El Gobierno no ha obligado a la Gran Colombia Gold a ceder unas áreas y puede obligarlos, porque los mineros reclaman sus derechos y con toda razón”, explica Jorge Gómez, exdiputado de Antioquia.

La Gobernación nombró una comisión encabezada por las secretarías de Gobierno y Minas, así como la oficina de paz, con el fin de analizar las condiciones para el diálogo con los mineros ancestrales, pues según Luis Pérez, si se tienen que demorar un mes más lo harán, pues “no hay afán para solucionar un conflicto que lleva siglos”.

Aunque los mineros aseguran que el comercio está cerrado y escasean alimentos, la Gobernación desmiente el desabastecimiento total, aunque reconoce que algunos productos no se consiguen.

Los mineros piden la salida del Esmad de la zona como requisito para dialogar. “Nosotros estamos con la institucionalidad, pero el Esmad llegó como fuerza de choque y ahí fue donde se presentaron enfrentamientos. Un pueblo encerrado, con hambre y que lo acosen con gases lacrimógenos, es cuando se presentan enfrentamientos”, explicó Javier Ávila.

Sin embargo, el gobernador desmintió la versión de la salida del Esmad de la población, “ellos permanecerán en la zona, no están armados, saldrán cuando se requiera”.

La Gran Colombia Gold decidió aumentar el precio para la compra del oro a los mineros artesanales, el cual pasa de US$400 a US$700 la onza, uno de los reclamos que motivó el paro, pues los pequeños mineros exigían precios más justos.

Hasta la fecha se han legalizado 34 cooperativas mineras, sólo faltan ocho y se sigue insistiendo que se acojan a la ley. Una comisión del Ministerio de Minas llegó a la zona y se espera que el diálogo fluya para ponerles fin a los 30 días de confrontaciones.