Sirvientes no, trabajadores sí

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Si usted tiene en casa empleados del servicio doméstico debe saber que no puede referirse a ellos como “sirvientes”, ya que con ese trato les está vulnerando su dignidad humana y el derecho a un trato igualitario.Esa es la conclusión de un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que, en una nueva decisión, eliminó la expresión “sirviente” de una norma del Código Civil.

En esta ocasión, estudió el artículo 2267 de esa codificación y declaró inexequible dicho término por ser discriminatorio y degradante de la condición humana.Dicho artículo dice: “Otras obligaciones del posadero. El posadero es, además, obligado a la seguridad de los efectos que el alojado conserva alrededor de sí. Bajo este respecto es responsable del daño causado, o del hurto o robo cometido por los sirvientes de la posada, o por personas extrañas que no sean familiares o visitantes del alojado”.

La Corte, en la sentencia C-001 del 24 de enero de este año, ordenó que la expresión "sirvientes" “en lo sucesivo debe sustituirse por las expresiones ‘trabajadores’, ‘empleados’, ‘contratistas’, ‘dependientes’, o cualquiera similar, que en el ordenamiento jurídico colombiano se utilice para referirse al individuo que desarrolla actividades o presta servicios personales a favor de otra, a cambio de una contraprestación económica, en razón de una relación jurídica que las vincula”. 

En un comunicado, el alto tribunal precisó que desde el punto de vista lingüístico, la expresión “sirvientes” podría considerarse precisa para designar la relación de subordinación de ciertos empleados, trabajadores, contratistas o dependientes, como se advierte en  las acepciones de dicho término en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, al definir sirviente como la “persona adscrita al manejo de un arma, de una maquinaria o de otro artefacto” y la “persona que sirve como criado” , a la vez, que criado designa a la “ persona que sirve por un salario y especialmente la que se emplea en el servicio doméstico”.    

Hoy, sin embargo, en el actual contexto social y cultural, esa locución empleada por el legislador en el Código Civil admite un significado que atenta contra la dignidad de la persona que cumple una labor o presta un servicio a favor de otra, a cambio de una contraprestación económica.