Sisbén, la principal víctima de Comfamiliar Huila

Más de $35.000 millones destinados para prestar servicios médicos a las familias más pobres y vulnerables de los municipios del Huila se vieron comprometidos por actos de corrupción que, al parecer, se gestaron entre 2006 y 2011 en la caja de compensación familiar Comfamiliar E.P.S. Entre los capturados está el director de la entidad, Armando Ariza Quintero, quien durante sus 20 años de trabajo se convirtió en uno de los hombres más acaudalados de la región.Junto a él, otras siete personas fueron arrestadas luego de un trabajo realizado por la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía y un grupo especializado de la Dijín de la Policía. Fuentes cercanas al proceso revelaron que la investigación comenzó luego de que se pusiera en evidencia la firma irregular de un contrato por $25.000 millones entre entidades estatales y Comfamiliar Huila para prestar servicios médicos a beneficiarios del Sibén.

Según las pesquisas, en ese entonces Comfamiliar, en cabeza de Ariza Quintero, subcontrató los servicios médicos a través de una institución prestadora de salud (IPS) llamada Mediláser. Sin embargo, los investigadores de la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía encontraron que la IPS no estaba habilitada para cumplir con los requisitos ya que ni siquiera contaba con la infraestructura física en la mayoría de municipios de Huila.

Esta situación provocó que Comfamiliar tuviera que hacer una doble contratación con hospitales que funcionaban en las zonas en las que Mediláser no tenía presencia. Los costos por este servicio médico superaron entonces los $35.000 millones. De acuerdo con las autoridades, la principal irregularidad fue que la caja de compensación puso un tope de gastos operacionales para lograr que cada mes se generara un remanente a favor de la entidad.

Es decir, según la Fiscalía, no se ejecutó la totalidad de los recursos destinados para la atención de las familias más pobres y vulnerables, ya que, supuestamente, Comfamiliar se habría apropiado irregularmente de un porcentaje de los dineros. Es más, una fuente cercana al proceso citó el siguiente ejemplo: “Si un hospital de un municipio o Mediláser tenían que utilizar en una sola semana la totalidad de los recursos que les destinaba mes a mes la caja de compensación familiar para atender una epidemia o alguna catástrofe, durante el resto del mes los beneficiarios del Sisbén no podían ser atendidos. Los desprotegieron”.

Entre los capturados, además de Armando Ariza, están Carlos Francisco Escobar, exgerente de Mediláser; Juan Pablo López, el actual representante legal de Mediláser; María Zuluaga Arenas; Ana Isabel Triana, quien era representante legal de Mediláser y hoy es la actual gerente regional de la Nueva EPS; los exalcaldes del municipio de La Plata (Huila) Adolfo León Ubajo y Ramiro Paredes, y el exmandatario y actual candidato a la Alcaldía de Garzón, Édgar Bonilla.

Por ahora, las autoridades han determinado que, al parecer, entre los porcentajes de recursos para la salud que se retenían y terminaban en los bolsillos de particulares hay más de $6.000 millones. Asimismo, la Fiscalía evalúa la posibilidad de iniciar procesos de extinción de dominio contra los implicados.

Más de $35.000 millones destinados para prestar servicios médicos a las familias más pobres y vulnerables de los municipios del Huila se vieron comprometidos por actos de corrupción que, al parecer, se gestaron entre 2006 y 2011 en la caja de compensación familiar Comfamiliar E.P.S. Entre los capturados está el director de la entidad, Armando Ariza Quintero, quien durante sus 20 años de trabajo se convirtió en uno de los hombres más acaudalados de la región.Junto a él, otras siete personas fueron arrestadas luego de un trabajo realizado por la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía y un grupo especializado de la Dijín de la Policía. Fuentes cercanas al proceso revelaron que la investigación comenzó luego de que se pusiera en evidencia la firma irregular de un contrato por $25.000 millones entre entidades estatales y Comfamiliar Huila para prestar servicios médicos a beneficiarios del Sibén.

Según las pesquisas, en ese entonces Comfamiliar, en cabeza de Ariza Quintero, subcontrató los servicios médicos a través de una institución prestadora de salud (IPS) llamada Mediláser. Sin embargo, los investigadores de la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía encontraron que la IPS no estaba habilitada para cumplir con los requisitos ya que ni siquiera contaba con la infraestructura física en la mayoría de municipios de Huila.

Esta situación provocó que Comfamiliar tuviera que hacer una doble contratación con hospitales que funcionaban en las zonas en las que Mediláser no tenía presencia. Los costos por este servicio médico superaron entonces los $35.000 millones. De acuerdo con las autoridades, la principal irregularidad fue que la caja de compensación puso un tope de gastos operacionales para lograr que cada mes se generara un remanente a favor de la entidad.

Es decir, según la Fiscalía, no se ejecutó la totalidad de los recursos destinados para la atención de las familias más pobres y vulnerables, ya que, supuestamente, Comfamiliar se habría apropiado irregularmente de un porcentaje de los dineros. Es más, una fuente cercana al proceso citó el siguiente ejemplo: “Si un hospital de un municipio o Mediláser tenían que utilizar en una sola semana la totalidad de los recursos que les destinaba mes a mes la caja de compensación familiar para atender una epidemia o alguna catástrofe, durante el resto del mes los beneficiarios del Sisbén no podían ser atendidos. Los desprotegieron”.

Entre los capturados, además de Armando Ariza, están Carlos Francisco Escobar, exgerente de Mediláser; Juan Pablo López, el actual representante legal de Mediláser; María Zuluaga Arenas; Ana Isabel Triana, quien era representante legal de Mediláser y hoy es la actual gerente regional de la Nueva EPS; los exalcaldes del municipio de La Plata (Huila) Adolfo León Ubajo y Ramiro Paredes, y el exmandatario y actual candidato a la Alcaldía de Garzón, Édgar Bonilla.

Por ahora, las autoridades han determinado que, al parecer, entre los porcentajes de recursos para la salud que se retenían y terminaban en los bolsillos de particulares hay más de $6.000 millones. Asimismo, la Fiscalía evalúa la posibilidad de iniciar procesos de extinción de dominio contra los implicados.