Sobre el despojo de tierras en Córdoba

En momentos en que el Congreso de la República se apresta a discutir el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que busca establecer normas transicionales para la restitución de tierras despojadas por actos generalizados de violencia armada ilegal contra cerca de 750.000 hogares campesinos desplazados en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas, la Defensoría del Pueblo publicó el fin de semana el “Diagnóstico sobre la situación de acceso y tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba”.

El informe concluye que “la disputa por el control del territorio, sus recursos naturales y los beneficios económicos que éstos puedan generar, por parte de los grupos armados ilegales (guerrillas y las estructuras armadas ilegales que han surgido con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc), constituye la principal fuente de afectación de los derechos fundamentales de la población civil y dentro de esas afectaciones se destaca el despojado de sus tierras”.

Según el organismo protector de derechos humanos, ese contexto de disputa territorial constituye un factor de alto riesgo de despojo de tierras de comunidades campesinas y pueblos indígenas (embera-katío y zenúes) que habitan en las regiones del sur del departamento, el Alto Sinú y el Alto San Jorge.

Precisamente, el proyecto de ley mencionado considera en forma especial la situación de las tierras de las comunidades indígenas y de afrodescendientes, pero en la exposición de motivos advierte que la restitución de la propiedad comunitaria y de las tierras de estas comunidades no podrá iniciarse en forma inmediata debido a que primero hay que desarrollar planes de implementación que cumplan con las disposiciones constituciones que les garantizan el derecho de consulta de las decisiones que afecten a estas comunidades en materia de tierras.

En el informe, la Defensoría del Pueblo destaca que en los últimos años se incrementó la violencia como consecuencia de diferentes factores que afectan de manera directa a la población civil. “En principio, las disputas territoriales entre las Farc-Ep y los grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia por el corredor que comunica la zona sur del departamento (que ha sido utilizada para la siembra y el procesamiento de cultivos de uso ilícito) y el mar Caribe como ruta de tráfico de drogas y armas (ver mapa). Por otro lado, las Fuerzas Militares promueven un proceso de consolidación territorial, a lo largo de todo este corredor desde el nudo de Paramillo hasta la zona costera del departamento, realizando constantes operativos en contra de estos grupos ilegales”.

Esta confrontación y disputa entre los grupos armados ilegales generan violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se materializan en homicidios selectivos y múltiples —cuyo índice aumentó a agosto de este año (ver gráfico)—, amenazas de muerte, accidentes por minas antipersona y municiones abandonadas sin estallar o artefactos explosivos improvisados, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual contra niñas y mujeres, atentados contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas (embera-katío y zenú), la interposición de la población civil en enfrentamientos armados, entre otras situaciones que ponen en alto riesgo a la población civil del departamento de Córdoba.

Los habitantes de las zonas rurales de la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge, de la cuenca media y baja del río Sinú y de la zona costera del departamento de Córdoba ven amenazado y vulnerado su derecho al acceso y la tenencia de la tierra, razón por la cual la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha emitido informes de riesgo y notas de seguimiento que advierten acerca de los peligros a los que está expuesta la población civil como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados ilegales en el departamento de Córdoba y ha recomendado a las autoridades del nivel local, regional y nacional adoptar las medidas de prevención y de protección, de acuerdo con las competencias institucionales.

En el período comprendido entre 2006 y 2010 el SAT ha advertido sobre 19 situaciones de riesgo, a través de 11 informes de riesgo y 8 notas de seguimiento para 12 municipios del departamento de Córdoba, de las cuales en 11 casos se ha declarado la alerta temprana por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), que coordina el Ministerio del Interior.

Y en un claro mensaje al Gobierno, ese organismo destaca que “corresponde al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y las autoridades deben proteger la propiedad de la tierra y crear las condiciones para que los trabajadores del campo, jornaleros, arrendatarios, colonos, ocupantes, poseedores y meros tenedores puedan llegar a materializar su aspiración de tener un pedazo de tierra o conservarla, como herramienta productiva y fuente de subsistencia, en un medio que constituye su hábitat”.

Para la Defensoría del pueblo es claro que los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y el desalojo de los campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales existentes en la región.

Por ahora, la historia reciente sobre los estragos de la violencia nos enseña que masacres como la del Salado, Chengue o Mapiripán causan un desplazamiento de cientos o miles de personas que abandonan sus predios y no pueden impedir que se desate un proceso de apropiación abusiva y oportunista.

Con ese gris panorama, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos afronta un reto nada fácil de ejecutar: devolverles a los que hoy están desposeídos la tierra que alguna vez les perteneció.

Un desafío que tendrá como obstáculo mayor el que las víctimas prueben que eran propietarias o poseedoras de los terrenos que ocupaban.

Un eterno drama

Históricamente en el departamento de Córdoba se ha presentado una fuerte tendencia a la acumulación de tierras en muy pocas manos.

En 1970, un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento; el 96% de las tierras estaban dedicadas a la ganadería y en los minifundios se hacía sobreexplotación de las tierras. Actualmente, la tendencia de concentración de la tierra se mantiene: en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la tierra .

De acuerdo con Nayibe Ardila, defensora delegada para los derechos colectivos y ambientales, las confrontaciones entre grupos armados son una de las modalidades para apropiarse de las tierras, aunque señala que también hay casos en los que se presenta una “ocupación indebida por parte de terceras personas, auspiciados al parecer por grupos armados, adicionalmente se presenta un cobro jurídico, imposible de cumplir, y vienen los embargos”.

En momentos en que el Congreso de la República se apresta a discutir el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que busca establecer normas transicionales para la restitución de tierras despojadas por actos generalizados de violencia armada ilegal contra cerca de 750.000 hogares campesinos desplazados en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas, la Defensoría del Pueblo publicó el fin de semana el “Diagnóstico sobre la situación de acceso y tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba”.

El informe concluye que “la disputa por el control del territorio, sus recursos naturales y los beneficios económicos que éstos puedan generar, por parte de los grupos armados ilegales (guerrillas y las estructuras armadas ilegales que han surgido con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc), constituye la principal fuente de afectación de los derechos fundamentales de la población civil y dentro de esas afectaciones se destaca el despojado de sus tierras”.

Según el organismo protector de derechos humanos, ese contexto de disputa territorial constituye un factor de alto riesgo de despojo de tierras de comunidades campesinas y pueblos indígenas (embera-katío y zenúes) que habitan en las regiones del sur del departamento, el Alto Sinú y el Alto San Jorge.

Precisamente, el proyecto de ley mencionado considera en forma especial la situación de las tierras de las comunidades indígenas y de afrodescendientes, pero en la exposición de motivos advierte que la restitución de la propiedad comunitaria y de las tierras de estas comunidades no podrá iniciarse en forma inmediata debido a que primero hay que desarrollar planes de implementación que cumplan con las disposiciones constituciones que les garantizan el derecho de consulta de las decisiones que afecten a estas comunidades en materia de tierras.

En el informe, la Defensoría del Pueblo destaca que en los últimos años se incrementó la violencia como consecuencia de diferentes factores que afectan de manera directa a la población civil. “En principio, las disputas territoriales entre las Farc-Ep y los grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia por el corredor que comunica la zona sur del departamento (que ha sido utilizada para la siembra y el procesamiento de cultivos de uso ilícito) y el mar Caribe como ruta de tráfico de drogas y armas (ver mapa). Por otro lado, las Fuerzas Militares promueven un proceso de consolidación territorial, a lo largo de todo este corredor desde el nudo de Paramillo hasta la zona costera del departamento, realizando constantes operativos en contra de estos grupos ilegales”.

Esta confrontación y disputa entre los grupos armados ilegales generan violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se materializan en homicidios selectivos y múltiples —cuyo índice aumentó a agosto de este año (ver gráfico)—, amenazas de muerte, accidentes por minas antipersona y municiones abandonadas sin estallar o artefactos explosivos improvisados, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual contra niñas y mujeres, atentados contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas (embera-katío y zenú), la interposición de la población civil en enfrentamientos armados, entre otras situaciones que ponen en alto riesgo a la población civil del departamento de Córdoba.

Los habitantes de las zonas rurales de la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge, de la cuenca media y baja del río Sinú y de la zona costera del departamento de Córdoba ven amenazado y vulnerado su derecho al acceso y la tenencia de la tierra, razón por la cual la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha emitido informes de riesgo y notas de seguimiento que advierten acerca de los peligros a los que está expuesta la población civil como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados ilegales en el departamento de Córdoba y ha recomendado a las autoridades del nivel local, regional y nacional adoptar las medidas de prevención y de protección, de acuerdo con las competencias institucionales.

En el período comprendido entre 2006 y 2010 el SAT ha advertido sobre 19 situaciones de riesgo, a través de 11 informes de riesgo y 8 notas de seguimiento para 12 municipios del departamento de Córdoba, de las cuales en 11 casos se ha declarado la alerta temprana por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), que coordina el Ministerio del Interior.

Y en un claro mensaje al Gobierno, ese organismo destaca que “corresponde al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y las autoridades deben proteger la propiedad de la tierra y crear las condiciones para que los trabajadores del campo, jornaleros, arrendatarios, colonos, ocupantes, poseedores y meros tenedores puedan llegar a materializar su aspiración de tener un pedazo de tierra o conservarla, como herramienta productiva y fuente de subsistencia, en un medio que constituye su hábitat”.

Para la Defensoría del pueblo es claro que los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y el desalojo de los campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales existentes en la región.

Por ahora, la historia reciente sobre los estragos de la violencia nos enseña que masacres como la del Salado, Chengue o Mapiripán causan un desplazamiento de cientos o miles de personas que abandonan sus predios y no pueden impedir que se desate un proceso de apropiación abusiva y oportunista.

Con ese gris panorama, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos afronta un reto nada fácil de ejecutar: devolverles a los que hoy están desposeídos la tierra que alguna vez les perteneció.

Un desafío que tendrá como obstáculo mayor el que las víctimas prueben que eran propietarias o poseedoras de los terrenos que ocupaban.

Un eterno drama

Históricamente en el departamento de Córdoba se ha presentado una fuerte tendencia a la acumulación de tierras en muy pocas manos.

En 1970, un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento; el 96% de las tierras estaban dedicadas a la ganadería y en los minifundios se hacía sobreexplotación de las tierras. Actualmente, la tendencia de concentración de la tierra se mantiene: en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la tierra .

De acuerdo con Nayibe Ardila, defensora delegada para los derechos colectivos y ambientales, las confrontaciones entre grupos armados son una de las modalidades para apropiarse de las tierras, aunque señala que también hay casos en los que se presenta una “ocupación indebida por parte de terceras personas, auspiciados al parecer por grupos armados, adicionalmente se presenta un cobro jurídico, imposible de cumplir, y vienen los embargos”.