La violación de derechos humanos en Chocó, por parte de grupos armados y agentes estatales, es una constante histórica del departamento. A pesar de ser una de las zonas con más riqueza natural del país (el segundo productor de oro y plata), tiene un índice de pobreza extrema del 48,7% y las necesidades básicas insatisfechas están en el orden del 80%.
La crítica situación llevó a que ayer, una vez más, se reunieran el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, el Defensor del Pueblo, Jorge Otálora y varios líderes comunitarios y de la iglesia con el objetivo de estudiar la problemática del Pacífico colombiano.
La conclusión del encuentro no pudo ser más desalentadora y tampoco más clara: ‘No hemos avanzado en nada. Retrocedido, en casi todo. Los únicos que hemos progresado somos las organizaciones territoriales que nos unimos para que se respeten los lugares que nos pertenecen’, dijo el miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Richard Moreno.
Por su parte Howland denunció que durante lo corrido de 2014 la violencia armada ha dejado, solo en esa zona del país, más de 4 mil desplazados y 25 amenazas a defensores de derechos humanos. “Debe haber una alerta para la comunidad colombiana y la internacional porque aun cuando estamos en un proceso de paz, Chocó está sufriendo”, señaló.
A eso se suma que el Gobierno, según los líderes comunitarios, ha hecho oídos sordos a la exigencia permanente sobre la presencia de las instituciones del Estado en zonas que pertenecen a comunidades afrodescendientes e indígenas.
Según Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Chocó, “el país no conoce lo que pasa en el Pacífico (…) es considerado un departamento del que se pueden sacar riquezas pero en el que no se invierte”.
El aislamiento y el olvido que padecen los chocoanos se ve representado, además, en palabras como las de la coordinadora de la Mesa Departamental Indígena del Chocó, Lucy Chamorro: “Chocó es otra Colombia para el Gobierno Nacional. Nos estamos muriendo, los niños fallecen de paludismo y tuberculosis, enfermedades que ya fueron erradicadas en otros lugares de Colombia”.
Todd Howland recordó que esta situación tiene que ser resuelta, aprovechando la coyuntura de paz del país, pero “no como solidaridad sino como obligación”.
“La corrupción no puede seguir siendo una excusa para no invertir”: Moreno
En pleno siglo XXI, los habitantes de Chocó siguen supliendo sus necesidades de agua con el líquido proveniente de la lluvia (allí puede llover hasta 25 días al mes) y de los ríos. Apenas el 1% del agua para cocinar proviene de un acueducto, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Las cifras son preocupantes: un niño chocoano tiene el doble de posibilidades de morir con respecto a uno de otras regiones del país y el 81% de las personas pertenecen al estrato uno.
Estas cifras son opuestas a la producción de oro y de plata que genera el departamento— según la Agencia Nacional de Minería, el departamento produjo, el año pasado, 8.064.180 gramos del metal, cerca de 5,5 millones menos que Antioquia— sin embargo, prosperidad es una palabra que para algunos habitantes de la región solo está en el diccionario pues la inversión en educación y la cobertura en salud es precaria.
Aunque la explotacion de minerales no trae beneficios, si ocasiona un impacto ambiental que, según el diagnóstico realizado por organizaciones comunitarias, ha llevado a la desaparición de 16 especies de peces y a que 30 líderes comunitarios que se opusieron a la actividad fueran amenazados y tuvieran que ser cobijados con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.
Apesar de estos datos, que dan cuenta de la situación de los habitantes del Pacifico, y que como recuerda Howland “Colombia tiene más recursos”, solo una parte de los colombianos están disfrutando de ese progreso. Lo que pide Monseñor Barreto es que no se espere, como en otras ocasiones, a que “nos llegue el agua al cuello” para tomar medidas que detengan la tragedia humanitaria del departamento más rico del país.