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El 29 de agosto de 2009, el mismo día en que llegó a presidir un consejo comunitario en Puerto Carreño acusando ya los primeros síntomas de contagio del virus H1N1, el presidente Álvaro Uribe les soltó a los lugareños un anuncio que tiene pensando a la academia, a los organismos ambientales e incluso a uno que otro empresario.
Les dijo que para jalonar el crecimiento en Vichada se necesitan proyectos grandes y que por ello estudia la titulación de predios de la Orinoquia a favor de grandes inversionistas —incluso del exterior— tan pronto se conozca un concepto del Consejo de Estado sobre la materia.
La idea de la titulación de predios en el segundo departamento más grande del país, en el que se buscaría dejar en manos de inversionistas privados cerca de 600 mil hectáreas para la producción agropecuaria a gran escala, había sido ya planteada por el propio Uribe más de un año antes en el mismo lugar y durante otro consejo comunitario. “Aquí se puede hacer un desarrollo de biocombustibles, de agricultura, de reforestación, inmenso para el mundo. Ojalá pueda avanzarse en eso”, dijo en 2008.
Ahora, en el consejo comunitario de agosto último, el mismo Presidente agregó una frase que apuntó hacia una de las dudas que suscita su propuesta de desarrollo para la región: “Si nos volvemos laxos en la titulación, en tres semanas titulan el Vichada”.
Desde cuando estalló el escándalo tras las irregularidades en la adjudicación por parte del Incoder de 16.330 hectáreas de tierras baldías del Vichada a parientes y ex funcionarios cercanos al senador Habib Merheg, la titulación de predios en la Orinoquia sigue generando polémica. La razón es muy sencilla: aparte de que no faltan los avivatos que se valen de estratagemas para quedarse con extensiones de tierra superiores a las establecidas, también hay quienes temen por las consecuencias de una titulación generalizada a pocos empresarios.
¿A qué se debe este problema? A una conjugación de factores que van desde la percepción equivocada que el país tiene sobre la Orinoquia hasta las visiones totalizantes sobre lo que debe ser su futuro. Se trata de un tema complejo, que acaba de ser explorado por la Universidad de los Andes en asocio con Corporinoquia en busca de un acuerdo en el que Gobierno, las comunidades de la zona y los empresarios nacionales y extranjeros puedan sacar mejor provecho de la región sin acabar con los recursos que allí se encuentran.
A juicio del ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, coordinador de la investigación, que será divulgada mañana en Yopal, la Orinoquia es un territorio ambientalmente frágil y con alta vulnerabilidad ecológica en el que no sólo existen las llanuras que todos conocemos sino que hay otros ecosistemas y, especialmente, unos ciclos que la mano humana no debe alterar. El agua en la zona es estacional y así como hay períodos de grandes crecientes en sus ríos, también los hay de prolongados veranos. Los llaneros criollos aprendieron a sacarle provecho a esa realidad, pero otra cosa puede ocurrir cuando se trata de cultivos extensivos.
Héctor Orlando Piragauta, director de Corporinoquia, asegura que se han presentado casos en los que con la llegada de nuevos cultivos como el de la palma aceitera hay modificaciones en humedales que a la postre podrían generar escasez de agua. Rodrigo Belalcázar, gerente de Aceites Manuelita, empresa que tiene 17 mil hectáreas de palma de aceite en Vichada y que es una de las aludidas por Piragauta, sostiene que no es cierto que se hayan presentado atentados contra el ecosistema en la zona: “Si hubiéramos secado un humedal nos habrían cerrado el proyecto, porque tenemos una vigilancia permanente de Corporinoquia”.
Pero la necesidad de reglas claras para la adjudicación de tierras y el compromiso de los empresarios para protegerlas y evitar una catástrofe ambiental en la última frontera agrícola del mundo tampoco son suficientes. Según el informe de la Universidad de los Andes, lo que hay que hacer es construir una política de Estado que involucre a las comunidades y definir sin afanes cuál es el uso que se le quiere dar a la región.
Tienen razón quienes dicen que la Orinoquia no puede ser urbanizada de manera desordenada. Pero también la tienen quienes reconocen en ella un escenario formidable para la extensión de la frontera agrícola del país, la seguridad alimentaria y la generación de empleo. El problema es definir sin afanes cuántas de las más de 2 millones de hectáreas que se calculan aptas para los cultivos en esa región pueden ser utilizadas, cómo será ese proceso y qué compromisos asumen los empresarios con la conservación de la zona. Adicionalmente hace falta saber cómo se garantizará la protección de las demás áreas. Brasil se tardó 15 años en definir esos temas.
Mientras se llega a ese gran consenso, el informe recomienda fortalecer el poder de Corporinoquia como guardián de la región y devolver a ella el departamento del Meta para diseñar políticas de región, reconocer la fragilidad de la zona y que sus recursos son inagotables, no pensar en los humedales como obstáculos para la extensión de la agricultura sino como garantes de la sostenibilidad del ecosistema y poner atención a los efectos de la agricultura extensiva desordenada y la forma como se titulan las tierras.
Los conflictos políticos
Además de los conflictos políticos por el uso que se le debe dar a sus tierras, la Orinoquia colombiana también es escenario de confrontaciones entre actores armados que desde hace más de medio siglo se asentaron allí aprovechando la tradicional ausencia del Gobierno Central. En la actualidad hacen presencia allí grupos guerrilleros como las Farc y bandas delincuenciales que tuvieron origen en el paramilitarismo.
Por esta época las mayores fuentes de alteración en el orden público son los grupos de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, y Daniel Barrera, alias ‘El Loco’ Barrera, quienes libran una lucha por el poder en la región contra el zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Por parte de la guerrillera, uno de los hombres más buscados por las autoridades es ‘Jhon 40’, comandante del frente 27 de las Farc y a quien se atribuye gran poder en la región. Eso sin contar con el accionar del Secretariado de esa agrupación guerrillera, que tradicionalmente se ha movido por amplias zonas de los Llanos Orientales. Una de las facciones de las Farc más reconocidas de la zona es el bloque oriental, que está bajo el mando de Jorge Briceño, alias el ‘Mono Jojoy’.
El eterno conflicto por el agua
Héctor Orlando Piragauta, director de Corporinoquia, explica cuál es la problemática de la región.
¿Cuál es el problema más grave hoy en la Orinoquia?
El uso no planificado del suelo y de la red hídrica de las sabanas de Casanare y Vichada por la nueva colonización agroindustrial, dada la aceleración del cambio de usos de las tierras, antes dedicadas a economías ganaderas y agricultura de autoconsumo. La falta de una política de Estado para la Orinoquia, el desarrollo de los nuevos sectores productivos y la ampliación de pobladores y redes viales en forma desorganizada pueden llevar a una escasez del recurso hídrico. Si eso ocurre, todos pierden: el inversionista, el país, la gente de la región.
¿Y qué es lo que está pasando con los humedales?
Que sin considerar su papel en la red hídrica y sus componentes de biodiversidad acuática y terrestre, de fauna y flora, los están secando y rompiendo los ciclos naturales, para extender los cultivos a gran escala. Los grandes proyectos no están considerando en la siembra el adecuado manejo de éstas o drenajes del agua, de los humedales, esteros, madres viejas, matas de monte y bosques de galería. Esto rompe el equilibrio ecológico de la región y genera conflictos naturales y sociales a los demás productores aguas abajo.