La Procuraduría General de la Nación, por medio de un documento emitido por la Procuraduría Regional de Córdoba, ordenó suspender por tres meses de sus cargos al alcalde de Tierralta (Córdoba), Daniel Enrique Montero y a su secretario de Gobierno,Loyar Manuel Pineda, por presuntas irregularidades en la contratación de ayudas alimentarias para atender en su municipio la emergencia sanitaria de COVID-19.
A Montero se le cuestiona por comprar 10.000 mercados, a 50.000 pesos cada uno, pero haciendo la revisión de cada uno de ellos, su contenido no referenciaba dicho precio. El contrato final por esos mercados asciende los $750 millones.
Puntualmente, se estudiarán los flujos de dinero en torno al Contrato 042 del 26 de marzo de 2020, mediante el cual se acordó la compra de dichos mercados, pero en el que habrían sobrecostos por más de 190 millones de pesos.
En los próximos tres meses se recolectarán pruebas para saber si el mandatario y su funcionario incurrieron en algún tipo de falta.
Solo en Córdoba la Procuraduría también también ha puesto la lupa sobre los alcaldes de Cereté, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Planeta Rica y Sahagún por los mismos motivos.