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El 25 de enero de 1999 a la 1:19 p. m. ocurrió un terremoto de magnitud 6.2, a una profundidad de 17 km, con epicentro en Córdoba (Quindío). Al igual que esta semana, en 1999 solo fue posible dimensionar el tamaño de la catástrofe con el paso de los días. La atención inicial se centró en Armenia, pero a medida que llegó información de municipios, corregimientos y veredas que habían quedado incomunicadas fueron creciendo las cifras del desastre: afectaciones en 28 municipios de 5 departamentos, más de 1.110 muertos, 4.000 heridos y 100.000 viviendas afectadas. Los daños se cuantificaron en más de US$1,5 millones de dólares, es decir, el 2,2% del PIB de Colombia de ese año.
Lo que ocurrió este lunes es comparable con ese apocalipsis que ya vivió el Eje Cafetero.
El terremoto de este 10 de agosto a las 7:34 a. m. tuvo una magnitud de 7,4, profundidad de 103 km. y epicentro en San José del Palmar (Chocó). El de hace 27 años fue más superficial, pero el de 2026 fue más fuerte y más largo.
A simple vista se entiende que el área afectada en esta ocasión es mayor que la de aquel entonces. En 1999, la catástrofe se centró en Quindío y algunos municipios cercanos de Valle, Risaralda, Caldas y Tolima, mientras que hoy hay personas heridas y edificios colapsados en Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó. Hay afectaciones graves en cinco capitales, así como en numerosas poblaciones. Las víctimas mortales van en 239, pero la cifra no es definitiva.
Ante la magnitud de este desastre, ya hay quienes piden una gerencia para la reconstrucción similar al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero. El Forec fue un ente que creó el gobierno de Andrés Pastrana Arango en 1999, y cuya dirección asumió el hasta entonces presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas Echeverri.
El fondo de 1999
El origen del Forec se explica por un antecedente aterrador: en 1983 hubo otro terremoto que destruyó a Popayán y que movilizó cuantiosas donaciones internacionales. El balance indicó que la reconstrucción fue demasiado lenta, los damnificados tuvieron que permanecer en albergues temporales o carpas durante más de un año y hubo dineros que se perdieron en corrupción. Ante ese riesgo, la decisión de Pastrana consistió en encargarle el proceso de reconstrucción al sector privado, con el fin de darle celeridad a las obras de infraestructura y evitar escándalos de desvío de recursos.
A grandes rasgos, el modelo consistió en que a cada municipio afectado y a cada una de las 10 comunas de Armenia se le encargó a una ONG. 31 organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro participaron en la reconstrucción. Estuvieron Antioquia Presente, Fenavip, la Cámara Junior, la Federación Nacional de Cafeteros, Viva la Ciudadanía, Solidaridad por Colombia, Fundaempresa, la Corporación Fondo de Solidaridad del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio del Quindío y Acción Solidaria, entre otras.
A cada organización se le reconoció el 2% de los recursos que administraron, y a cambio se encargaron de contratar en su municipio o comuna obras de construcción y reparación de viviendas, edificaciones públicas, servicios públicos, vías, amoblamiento urbano, educación, salud, reconstrucción del tejido social y generación de empleo, ya que luego del terremoto la región padeció una fuerte ola de desempleo.
Desde su creación, el Forec tuvo una buena fama apalancada por los gremios y el sector privado. La clave consistió en administrar un enorme presupuesto sin la intermediación de congresistas ni grupos políticos locales, con un sistema de contratación de empresa privada y con línea directa con la Presidencia de la República. Los empresarios encontraron en ese modelo una oportunidad para contratar sin necesidad de programar reuniones o pagar coimas a diputados, concejales o alcaldes. Un estilo muy a tono con la ola neoliberal que vivía Colombia desde el llamado “Revolcón” del gobierno de César Gaviria Trujillo.
Recursos públicos con manejo privado
El Forec manejó un presupuesto de $1,7 billones que ejecutó con un sistema de contratación de empresa privada: 1 billón provino directamente del presupuesto ordinario nacional y el resto correspondió a créditos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y KFW. La cooperación internacional representó alrededor del 1% del presupuesto.
El presidente Pastrana definió la conformación de la junta directiva del Forec, de la que hicieron parte, además de Luis Carlos Villegas, los industriales Luis Carlos Sarmiento Angulo y Manuel Santiago Mejía Correa, el expresidente de la Andi, Carlos Arturo Ángel; el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Jorge Cárdenas Gutiérrez y el alcalde de Armenia, Álvaro Patiño Pulido, entre otras personas. Quedó por fuera el gobernador del Quindío, Herny Gómez Tabares. Fue un castigo para un gobernante elegido popularmente por una corriente distinta a la del presidente.
Tras las protestas del gobernador surgieron también las de alcaldes, concejales y diputados que vieron debilitado su poder, porque la gente dejó de buscarlos para acudir directamente a las ONGs. Los recursos públicos llegaban del Forec a las ONGs sin pasar por los despachos gubernamentales y los mandatarios resintieron que la gerencia de cada ONG funcionara como una alcaldía paralela, con más dinero y más veloz. Pocos particulares, buena parte foráneos, decidían sobre el futuro de los municipios. El terremoto no sólo derribó las viviendas: también desplazó el eje del poder de los políticos, para trasladarlo hacia los gremios y las ONGs. Ante estas críticas, las ONGs empezaron a firmar contratos con gobernaciones y alcaldías y a vincular personal local. El dinero abundaba.
El modelo Forec se exportó a otros países: el Banco Mundial lo recomendó para atender el terremoto de Turquía de agosto de 1999, lo promovió para la reconstrucción de Haití en 2010 y sus exdirectivos han viajado por el mundo replicando esa experiencia. No obstante, en el Quindío las voces estuvieron divididas desde el principio. Los albergues temporales (que la gente siempre llamó “cambuches”) se llenaron de oenegeros llegados de Bogotá y Medellín: gente vestida con chalecos, gorras y escarapelas que hacían terapias de grupo, ponían a los niños a pintar, a los adultos a “verbalizar” el trauma y hablaban de la importancia de “resignificar el territorio”, “reconstruir el tejido social”, “fortalecer los procesos de resiliencia” y “diseñar proyectos productivos alternativos”.
“Estamos mamados de tanto taller”, dijo más de un damnificado. La gente empezó a resentir que, mientras la región sufría un grave desempleo y la oferta de vivienda no se resolvía con la velocidad que requiere quien necesita una habitación propia, llegaran tantos profesionales de otras zonas, bien remunerados, a mirarlos con condescendencia de víctimas y a proponerles dinámicas de grupo.
27 años después, el discurso instalado indica que el Forec fue un éxito porque se reconstruyó la infraestructura y el Quindío logró una reconversión económica que lo volcó hacia el turismo, jalonado por grandes parques temáticos como Panaca y el Parque Nacional del Café. Ese balance económico contrasta con el político y social. El departamento ha tenido una sucesión de alcaldes y gobernadores condenados e inhabilitados, las tasas de desempleo y suicidio son mayores que el promedio nacional y todavía se sienten las réplicas del debilitamiento institucional y político que ocasionó un modelo de reconstrucción cuyo epicentro fue la desconfianza hacia lo público.
