“Me siento contento y todo porque soy dueño. En mi tierrita tengo fríjol y maíz y todo eso pa’ sostener los hijos y la mujer…”. Quien así habla es Elvio Ortega, un campesino de La Cruz, Nariño, y quien duró varios años cultivando amapola con el credo en la boca y la angustia debajo de la cama. Los narcotraficantes y la necesidad le obligaron a internarse en el camino de la ilegalidad, del cual creyó que nunca podría apartarse y ni siquiera cuando escuchaba los helicópteros que podrían haberle descubierto su debilidad. “Es que no había de qué vivir… entonces tocó...”, explica.
Hoy, sin embargo, Ortega ha dejado atrás el miedo. Es dueño de un buen pedazo de tierra con el que aseguró su futuro. “Ahora ya me siento contento —dice— porque me quedan recuerdos de algo pa’ los hijos”. Pero él no compró su propiedad con dineros ilícitos. Al igual que miles de sus colegas, fue beneficiado con el novedoso programa de compra de tierras impulsado por Acción Social de la Presidencia de la República, que ya tiene excelentes resultados para mostrar. “El programa ha adquirido para sus beneficiarios más de 43 mil hectáreas, y así cumplir con esa herramienta de equidad del presidente Uribe que es ‘Colombia, país de propietarios’ ”, afirma Victoria Eugenia Restrepo Uribe, Directora del Programa contra Cultivos Ilícitos, de Acción Social.
Con una gran ventaja para todos los colombianos. Ganan los campesinos al tener su predio, y gana el país porque se aumenta el área de cultivos y, por consiguiente, la despensa de Colombia. “Ser propietario hace, primero, que la persona esté mucho más motivada para trabajar en él, pues está trabajando en algo que es suyo. Y segundo, nos facilita mucho los procesos, porque nos garantizan la sostenibilidad de los programas”, señala la funcionaria.
“Vale la pena ser legal: la paz es mucho mejor”, asegura a su vez el campesino Carlos Hugo Bolaños, quien con su mujer, Mary Muñoz Ortega, resultaron favorecidos con el programa que ofrece dos maneras de entrar en él. “Una forma es con los ahorros que hace a través del programa Familias Guardabosques. La otra forma es con un crédito para compra de tierras”, informa la doctora Restrepo Uribe. Y se trata siempre de impulsar proyectos productivos.
“En este momento, por ejemplo, —dice la funcionaria—, estamos tratando de tramitar un crédito para compra de tierras con una asociación de campesinos que tienen un proyecto de ecoturismo y que quieren reubicar sus posadas en un sitio donde la tierra disponga de más atractivos turísticos para que ellos puedan ofrecer un mejor servicio”.
Gracias a este programa, en el departamento de Nariño ya se pueden enumerar muchos logros. Se han creado cuatro organizaciones de productores de café en Buesaco, San José de Albán, Tablón de Gómez y La Cruz. Se ha fortalecido el Resguardo Indígena de Aponte, en la línea de café, pero también se ha incentivado una mayor cohesión social de las familias por medio de los acompañamientos integrales brindados por el programa en cada uno de los proyectos desarrollados.
El beneficio ecológico no tiene comparación. Se recuperaron áreas dedicadas a cultivos ilícitos mediante proyectos cafeteros,
con renovación, sostenimiento e implementación de sombríos para el cultivo, además de las capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, que son parte integral de cada proyecto. Se implementó una infraestructura de beneficio húmedo y seco y de sistemas de tratamiento de aguas mieles provenientes del café, contribuyendo a la descontaminación de fuentes hídricas, del suelo y del aire, además de generar la cultura del reciclaje para ser utilizados en el mismo predio.
Las cifras tampoco mienten. Un total de 1.837 familias guardabosques han sido atendidas en cuatro municipios vinculados al programa, en temas de renovación, sostenimiento, infraestructura de beneficio y en el tratamiento de aguas mieles.
Como dice la campesina María Eugenia Agustín desde su casita en La Cruz: “Lo mejor de lo mejor es vivir y morir legal...”.
Para que un ex cultivador de productos ilícitos se convierta en dueño de su tierra, es necesario seguir el siguiente proceso:
• Se conforma un Comité de Tierras, cuyos miembros adelantan un proceso para que las familias que son “amedieras” y arrendatarias entren a un período de compra de tierras.
• Se emite un concepto técnico informando sobre las condiciones del predio, en lo referente a su viabilidad de montar un proyecto productivo, teniendo en cuenta la ubicación, tipo de suelo, fertilidad, pendientes y demás consideraciones técnicas.
• El Comité de Tierras aprueba la compra o no de estas fincas e informa al Comité de Ahorros que pueden desembolsar los recursos de cada familia.
• El acompañamiento social participa en el proceso de revisión de los documentos para que la familia adelante la escrituración del predio.
Hectáreas legales
En Albán, 220 familias disfrutan ya de su tierra propia. El promedio de compra allí es de media hectárea por familia, por valor aproximado de 2,5 millones de pesos por finca. En Buesaco, 271 familias adquirieron predios, con un promedio de 3/4 de hectárea cada uno, con un valor de 2,8 millones de pesos por finca. En La Cruz, 615 familias son “amedieros” y arrendatarios, de las cuales 430 tienen concepto técnico adelantado.