“TLC, lejos de ser el principal problema del agro en Colombia”

Andrés Moya es profesor del departamento de economía de la universidad de los Andes. Es economista de la universidad de los Andes y doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la universidad de California, Davis. En diálogo con El Espectador habló de los retos de la pequeña y mediana agricultura.

Si tuviera que elegir entre todos los problemas que tiene el campo colombiano. ¿Cuál sería para usted el que necesita mayor atención?

En los últimos años, y en especial en los últimos siete meses después del paro agrario de septiembre de 2008, se ha mencionado constantemente que la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) ha destruido la pequeña y mediana producción agrícola y empobrecido a los pequeños y medianos campesinos. Para muchos, el problema principal del agro en Colombia pasa por los TLC, y la solución que proponen es entonces revertir esos acuerdos.

Los TLC, no obstante, lejos de ser el principal problema del agro colombiano, lo que han hecho es visibilizar una serie de problemas estructurales que enfrenta la producción agrícola en el país y que están estrechamente relacionados con la forma en la que se ha dirigido la política agrícola en el país. Una política que a lo largo de diferentes gobiernos se ha concentrado en ofrecer subsidios a distintos sectores, en especial a los productores más organizados, en vez de asegurar la provisión de bienes públicos necesarios para mejorar la competitividad y productividad del sector agrícola en el país. Y ahí está el principal problema del agro en Colombia, pues no contamos con una oferta de servicios públicos, como por ejemplo una red de transporte adecuada para que los productores lleguen a los principales mercados y que incrementan los costos de transporte sustancialmente. De hecho, de acuerdo con el World Economic Forum tenemos unas las calificaciones más bajas en la región en términos de infraestructura portuaria, vial y férrea.

Tampoco existe un mercado de tierras apropiado que le permita a los hogares rurales acceder a tierras para aumentar la producción agrícola. Así mismo, no hay una oferta seria de programas de asistencia técnica y educación, de créditos o de seguros agrícolas. De acuerdo con los datos de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, menos del 30% de los hogares rurales encuestados en 4 regiones del país tienen algún tipo de crédito y en menos del 55% de estos hogares el crédito viene de alguna institución formal. Esto es preocupante pues indica que la mayoría de hogares rurales no tienen cómo acceder a recursos crediticios para financiar su actividad agrícola ni asegurarse frente a los diferentes riesgos agroclimáticos, lo cual reduce el nivel de las inversiones y limita la adopción de nuevas tecnologías.

La precaria oferta de servicios públicos en el campo Colombiano genera una serie de fallas de mercado que tienen como consecuencia un incremento sustancial de los costos de transacción y barreras para la adopción de nuevas tecnologías y para la estandarización de los procesos productivos, hace que la pequeña y mediana agricultura en el país se encuentra rezagada frente a la de países vecinos y juega un papel fundamental en las dinámicas de pobreza en las áreas rurales.

¿Cuáles son las transformaciones que debe hacer el gobierno colombiano para sacar al campo colombiano de la situación de pobreza en la que se encuentra?

En este orden de ideas, la transformación que debe darse es un proceso de construcción de políticas públicas para el agro en Colombia enfocada en la promoción de una oferta de servicios públicos, pasando por la construcción de una red de vías secundarías y terciarias, créditos y seguros agrícolas para medianos y pequeños productores. Aunque hay iniciativas, como el programa de Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura que brinda recursos cofinanciados para la contratación de asistencia técnica, o como la iniciativa de un seguro indexado para pequeños productores de café que se ha venido discutiendo en el marco de la Misión de Estudios Cafeteros, los recursos que se han destinado, o se piensan destinar, para estos programas son minúsculos en comparación con el monto de subsidios que reciben los distintos gremios agrícolas.

Y en efecto, el Gobierno ha respondido a los paros agrícolas prometiendo subsidios, subsidios y más subsidios. Pero esto es como tratar una fractura de pie a punta de aspirina. Tal vez es lo más fácil y políticamente ventajoso, anunciar recursos para los cafeteros, los paperos, y los arroceros, pero no resuelve los problemas del campo en Colombia. Por el contrario, compromete recursos públicos, crea una cultura paternalista y esos recursos son usualmente capturados por sectores que no son necesariamente los más necesitados. No es sorprendente entonces, que sólo meses después de los acuerdos que permitieron levantar el paro agrícola de finales de 2013, movimientos campesinos como Dignidad Cafetera de Antioquia ya estén anunciando nuevos paros.

¿Por qué cada vez más campesinos están emigrando a las ciudades?

La migración de los jóvenes del campo a la ciudad se explica por las pocas oportunidades que se dan en el campo Colombiano y los entornos de violencia que persisten en algunas regiones del país. Por una parte, el fraccionamiento de predios de generación a generación implica que en muchos casos los predios que pueden recibir las nuevas generaciones rurales no tienen el tamaño mínimo para asegurar niveles de subsistencia. Esto, sumado a las fallas de mercado en los mercados de tierras, no permite a los jóvenes desarrollar actividades agrícolas sostenibles. Y existen pocas alternativas pues los mercados laborales funcionan de manera muy precaria en el campo y se convierten en otra barrera para los procesos de generación de ingresos.

En paralelo, la exposición a la violencia, ya sea directa o indirectamente son otro factor que impone costos a las actividades agrícolas y que motiva a las nuevas generaciones a migrar hacia las ciudades. Estos factores explican entonces las migraciones de las nuevas generaciones hacia las áreas urbanas, un fenómeno que ha traído como consecuencia un envejecimiento más que paulatino de la población rural y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

¿La apuesta actual de restitución de tierras ha logrado contribuir a la justicia y el desarrollo del agro colombiano?

Es todavía muy temprano para afirmar si el proceso de restitución de tierras ha contribuido al desarrollo del campo y a combatir la pobreza y la desigualdad. Primero, es un proceso que penas arranca y que requiere un proceso de aprendizaje e ingeniería institucional para el cual el país no estaba preparado. Segundo, porque no es fácil hacer un proceso de restitución en medio del conflicto y nos dimos cuenta de esto días después del anuncio del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo sobre la puesta en marcha del programa, cuando asesinaron a dos líderes campesinos en Urabá. Tercero, porque va tomar algunos años para que podamos ver los impactos sobre las dinámicas de pobreza y desigualdad y sobre los ingresos de los pequeños y medianos campesinos. Pese a las expectativas, tenemos que entender que este proceso no va a solucionar de un día para otro los problemas del campo y que requiere un esfuerzo persistente tanto del Gobierno, como de los mismos beneficiarios del proceso y del resto de la sociedad civil y un cambio en la forma en la que se dirige la política agrícola en el país.

¿Qué medidas se deberían implementar en el campo colombiano para prepararse en una eventual firma del acuerdo de paz?

Las condiciones necesarias para preparar al campo colombiano para el postconflicto pasan entonces por reconocer la necesidad de implementar una política de desarrollo agrícola integral. Esta es de hecho una oportunidad excepcional no sólo para devolver los predios a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado sino para emprender una restructuración del campo. Restructuración que debe partir de entender las distintas fallas de mercado que enfrentan los pequeños y medianos productores agrícolas en el transporte y la comercialización de sus productos y en el acceso a tierras, asistencia técnica, créditos y herramientas de aseguramiento y dirigir la política públic a acorregir estas fallas.