Todos los caminos llevan a Ocaña

En la noche del 23 de mayo cinco universitarios se reunieron en El Kiosco, una tienda en Ocaña (N. de Santander). Según el testimonio de uno de ellos, el grupo compartía bebidas y conversaba cuando dos jóvenes se levantaron de la mesa contigua y al salir le ofrecieron el resto de la botella de licor que estaban tomando. Regresaron al cabo de varios minutos, pasada la una de la mañana, y uno de los dos abrió fuego sobre los universitarios con un arma automática calibre 7.65, mientras el otro lo esperaba en una moto para huir. De los cuatro que resultaron gravemente heridos, uno perdió un ojo y otro una pierna. El quinto, el estudiante de Comunicación Social Carlos Andrés Rizo (23), quien no era el objetivo del atentado, falleció.

No fue un episodio aislado. “Creo que Ocaña está superando los niveles de violencia de cualquier parte si se mira desde un punto de vista proporcional”, dijo Jorge Solano, defensor de Derechos Humanos en Ocaña. “En lo que va del año han sido asesinadas y desaparecidas unas 60 personas, y eso para una población de 100.000 habitantes es mucho. Es necesario realizar una Audiencia Pública con instituciones nacionales e internacionales para analizar el problema que se está dando aquí, que es muy grave”.

Según Medicina Legal, en lo que va del mes de agosto han ocurrido seis asesinatos más. El miércoles pasado se halló el cadáver de una persona que llevaba una semana desaparecida.

Fuentes consultadas por El Espectador afirmaron que las muertes están ocurriendo en el contexto de una lucha entre las ‘Águilas Negras’, compuestas en parte por antiguos miembros del bloque Catatumbo de las autodefensas, y ‘Los Rastrojos’, los hombres del narcotraficante y paramilitar Don Mario.

“Los acuerdos entre Juancho Prada y Mancuso, que dividieron el Catatumbo y el Magdalena Medio, se vinieron abajo luego de la desmovilización de sus bloques en 2005”, dijo Jorge Solano, “y lo que estamos observando son luchas territoriales”.

La disputa entre los grupos armados se produce por el control de una ciudad estratégica en el contrabando de cocaína y gasolina entre Colombia y Venezuela. Ocaña es un punto de paso inevitable en las rutas que van del Catatumbo, de donde sale la base de coca, al Magdalena Medio, donde se procesa, y de allí hacia la frontera con Venezuela (ver mapa).

Una comunidad asediada

En una calle aledaña al sector comercial de Ocaña hay un grafiti que dice: “Fuera paracos. No queremos más extorsiones”. Un comerciante, quien pidió permanecer anónimo, le dijo a El Espectador que alrededor del 15% del comercio está extorsionado por miembros de ‘Los Rastrojos’, quienes han conquistado a sangre y fuego el lugar que entre 2005 y 2008 ocuparon las ‘Águilas Negras’. Según él, aquel porcentaje se incrementará.

“La impunidad es uno de los problemas más graves de la situación que vive Ocaña”, dijo Monseñor Leonel Pineda al referirse a la razón por la cual parte de la población ha tenido reservas para colaborar con las autoridades. “Supe del caso de una persona cercana a alguien que iban a matar. Antes de que sucediera llamó diecisiete veces a la policía y ésta no apareció. Ella tiene las llamadas en su celular. Podríamos decir que las autoridades que tenemos no son de confianza”.

El alcalde de Ocaña, Yibrail Haddad, afirmó a este diario que las dificultades más graves que enfrenta la policía son el nomadismo de los delincuentes, que se mueven en motocicleta, el hecho de que la población no denuncia los hechos y que no se atrapa a los criminales en flagrancia.

Hace dos semanas fueron capturadas cuatro personas que se identificaron como miembros de ‘Los Rastrojos’. Están siendo judicializadas por homicidio y porte ilegal de armas. Según el mayor Mauricio Cárdenas, comandante del Segundo Distrito de Policía, en Ocaña, los delincuentes no declararon haber atentado contra miembros de otro grupo criminal. El diario La Opinión, de Cúcuta, informó que una de ellas perteneció al bloque Norte de las Auc y otra al bloque Central Bolívar. La segunda formaba parte del programa de reinserción.

Estas capturas se produjeron el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Ocaña porque una de las personas asesinadas durante la ola de violencia, John Carlos Rodríguez Quintero (24), gozaba de medidas de protección ordenadas por aquella institución. Los hechos alrededor de su muerte no han sido esclarecidos.

“El problema de fondo es que Ocaña está viviendo las consecuencias de la aguda crisis social del Catatumbo rural”, señaló el alcalde Haddad. “No hay cómo sacar las cosechas, no hay vivienda digna, no hay salud y se producen demasiados desplazamientos. Es el segundo municipio receptor de desplazados en Norte de Santander. Es urgente realizar un Conpes para esta región”.

Al respecto, Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo a El Espectador que “el gran fracaso del proceso de reintegración en Colombia son los mandos medios, porque hay incentivos para los de arriba y para los de abajo, pero no para los del medio”.

Según cálculos de la CNRR, 8% de los desmovilizados en el país se han rearmado. ¿Se repetirá la historia en el Catatumbo?.

En la noche del 23 de mayo cinco universitarios se reunieron en El Kiosco, una tienda en Ocaña (N. de Santander). Según el testimonio de uno de ellos, el grupo compartía bebidas y conversaba cuando dos jóvenes se levantaron de la mesa contigua y al salir le ofrecieron el resto de la botella de licor que estaban tomando. Regresaron al cabo de varios minutos, pasada la una de la mañana, y uno de los dos abrió fuego sobre los universitarios con un arma automática calibre 7.65, mientras el otro lo esperaba en una moto para huir. De los cuatro que resultaron gravemente heridos, uno perdió un ojo y otro una pierna. El quinto, el estudiante de Comunicación Social Carlos Andrés Rizo (23), quien no era el objetivo del atentado, falleció.

No fue un episodio aislado. “Creo que Ocaña está superando los niveles de violencia de cualquier parte si se mira desde un punto de vista proporcional”, dijo Jorge Solano, defensor de Derechos Humanos en Ocaña. “En lo que va del año han sido asesinadas y desaparecidas unas 60 personas, y eso para una población de 100.000 habitantes es mucho. Es necesario realizar una Audiencia Pública con instituciones nacionales e internacionales para analizar el problema que se está dando aquí, que es muy grave”.

Según Medicina Legal, en lo que va del mes de agosto han ocurrido seis asesinatos más. El miércoles pasado se halló el cadáver de una persona que llevaba una semana desaparecida.

Fuentes consultadas por El Espectador afirmaron que las muertes están ocurriendo en el contexto de una lucha entre las ‘Águilas Negras’, compuestas en parte por antiguos miembros del bloque Catatumbo de las autodefensas, y ‘Los Rastrojos’, los hombres del narcotraficante y paramilitar Don Mario.

“Los acuerdos entre Juancho Prada y Mancuso, que dividieron el Catatumbo y el Magdalena Medio, se vinieron abajo luego de la desmovilización de sus bloques en 2005”, dijo Jorge Solano, “y lo que estamos observando son luchas territoriales”.

La disputa entre los grupos armados se produce por el control de una ciudad estratégica en el contrabando de cocaína y gasolina entre Colombia y Venezuela. Ocaña es un punto de paso inevitable en las rutas que van del Catatumbo, de donde sale la base de coca, al Magdalena Medio, donde se procesa, y de allí hacia la frontera con Venezuela (ver mapa).

Una comunidad asediada

En una calle aledaña al sector comercial de Ocaña hay un grafiti que dice: “Fuera paracos. No queremos más extorsiones”. Un comerciante, quien pidió permanecer anónimo, le dijo a El Espectador que alrededor del 15% del comercio está extorsionado por miembros de ‘Los Rastrojos’, quienes han conquistado a sangre y fuego el lugar que entre 2005 y 2008 ocuparon las ‘Águilas Negras’. Según él, aquel porcentaje se incrementará.

“La impunidad es uno de los problemas más graves de la situación que vive Ocaña”, dijo Monseñor Leonel Pineda al referirse a la razón por la cual parte de la población ha tenido reservas para colaborar con las autoridades. “Supe del caso de una persona cercana a alguien que iban a matar. Antes de que sucediera llamó diecisiete veces a la policía y ésta no apareció. Ella tiene las llamadas en su celular. Podríamos decir que las autoridades que tenemos no son de confianza”.

El alcalde de Ocaña, Yibrail Haddad, afirmó a este diario que las dificultades más graves que enfrenta la policía son el nomadismo de los delincuentes, que se mueven en motocicleta, el hecho de que la población no denuncia los hechos y que no se atrapa a los criminales en flagrancia.

Hace dos semanas fueron capturadas cuatro personas que se identificaron como miembros de ‘Los Rastrojos’. Están siendo judicializadas por homicidio y porte ilegal de armas. Según el mayor Mauricio Cárdenas, comandante del Segundo Distrito de Policía, en Ocaña, los delincuentes no declararon haber atentado contra miembros de otro grupo criminal. El diario La Opinión, de Cúcuta, informó que una de ellas perteneció al bloque Norte de las Auc y otra al bloque Central Bolívar. La segunda formaba parte del programa de reinserción.

Estas capturas se produjeron el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Ocaña porque una de las personas asesinadas durante la ola de violencia, John Carlos Rodríguez Quintero (24), gozaba de medidas de protección ordenadas por aquella institución. Los hechos alrededor de su muerte no han sido esclarecidos.

“El problema de fondo es que Ocaña está viviendo las consecuencias de la aguda crisis social del Catatumbo rural”, señaló el alcalde Haddad. “No hay cómo sacar las cosechas, no hay vivienda digna, no hay salud y se producen demasiados desplazamientos. Es el segundo municipio receptor de desplazados en Norte de Santander. Es urgente realizar un Conpes para esta región”.

Al respecto, Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo a El Espectador que “el gran fracaso del proceso de reintegración en Colombia son los mandos medios, porque hay incentivos para los de arriba y para los de abajo, pero no para los del medio”.

Según cálculos de la CNRR, 8% de los desmovilizados en el país se han rearmado. ¿Se repetirá la historia en el Catatumbo?.