Tres miembros de la familia Velandia Fonseca fueron asesinados por desconocidos en la vereda Sabanalarga, en el municipio de Sácama. Según la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), los nombres de las víctimas serían: Damásio Velandia, María Fonseca y Ferley Velandia Fonseca, hijo de las otras dos víctimas.
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De acuerdo con primeras versiones los sujetos armados habrían llegado a la finca de Rancho Alegre, donde vivía la familia, mientras que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio informó que brindó apoyo como organismo de socorro en los hechos sucedidos en la noche del 26 de diciembre.
Ante el asesinato, la alcaldía de Sácama lamentó la muerte de la familia Velandia Fonseca e indicaron que se trataba de: “Una familia con una personalidad tan humilde e inspiradora. Sabemos que cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón”.
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El gobernador del Casanare, Salomón Sanabria, manifestó su rechazo hacia la masacre. “Mi total solidaridad con los familiares y vecinos de esta población, quienes de manera violenta sufrieron un ataque sicarial donde perdieron la vida tres personas. Como administración departamental estamos realizando las coordinaciones necesarias con la fuerza pública con el fin de esclarecer los hechos”, señaló.
Por su parte, Asonalca indicó que este hecho demuestra la crisis generalizada de derechos humanos y señaló que hace meses había denunciado las amenazas a las que se enfrentaban las comunidades de Sácama.
“Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación, a rodear a la comunidad del norte del Casanare, brindar acompañamiento y monitoreo a la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, indicaron en comunicado.
En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana “por la situación de riesgo suscitada por las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” en la zona en la que alerta sobre la circulación de un panfleto por parte de las AGC, en el que se advierte a los colaboradores del Eln y las Farc que hará una “limpieza social”.
La Defensoría consideró que el contexto en el que se encontraban municipios como Sácama podía conducir a que la población civil “puede ser objeto de violaciones de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad personal que se pueden materializar en amenazas, homicidios selectivos y/o múltiples, desplazamientos forzados, desaparición forzada, secuestros extorsivos, ataques contra sus bienes, despojos de tierras, atentados contra la vida e integridad personal y reclutamiento forzado”.
En lo corrido del año, de acuerdo con cifras de Indepaz, este año se redujo el número de líderes sociales y excombatientes asesinados, pese a ello se han registrado 92 masacres, la mitad de las cuales se concentró en los departamentos de Cauca (14), Antioquia (14), Valle del Cauca (12) y Nariño (9).