TV privada protesta

Dos proyectos de acuerdo firmados recientemente por  la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) prendieron las alarmas en los canales privados. El primero de ellos, fechado en agosto, “legaliza de alguna manera la venta de pauta en los canales cerrados”, asegura Jorge Martínez, secretario general de Caracol Televisión. Según él, este texto les abre las puertas a los operadores de televisión por suscripción para que puedan emitir pauta destinada al mercado colombiano, lo que hasta hoy está restringido por la ley. “La normatividad vigente lo permite, pero bajo ciertas condiciones que no se están cumpliendo”, dice Martínez. Asegura también que la CNTV se ha hecho la “ciega” ante este tema que es nocivo para los canales privados y regionales que viven de la publicidad. “La pauta estaba prevista para fomentar la TV nacional, no para llenar de plata los canales extranjeros. La televisión por suscripción tiene una fuente de financiación primaria que es la venta a abonados”.

Al respecto la CNTV asegura que “la publicidad en cable está permitida por la ley 182”, pero que definitivamente el tema se debe reglamentar. “A nosotros también nos preocupa que los anunciantes colombianos estén pautando en canales internacionales y no estén aportando al Fondo para el Desarrollo de la Televisión del país”, dice Juan Andrés Carreño, director de la CNTV. Y asegura también que la entidad ha discutido en varias ocasiones cómo encontrar un mecanismo “para establecerles un tributo similar al que pagan los pautantes de los canales nacionales, pero desde el punto de vista jurídico no hemos encontrado cómo hacerlo. Debe hacerse una reforma a la ley”. Los estudios de la Comisión muestran que a 2008 la pauta de la televisión por suscripción representaba el 3% de la torta publicitaria, y que a 2010 llegará hasta el 10%.

 A la protesta de los canales privados se suma un proyecto de acuerdo firmado hace unas semanas, el cual propone que durante los próximos dos años se reduzcan gradualmente las tarifas de compensación que cancelan las empresas de TV por cable a la CNTV, que pasarían de 10% al 3% de los ingresos brutos mensuales. “Un beneficio adicional para la televisión cerrada”, según Martínez. La Comisión recibirá las observaciones a este proyecto hasta el próximo 26 de octubre. Luego la entidad responderá las inquietudes y decidirá si expide el acuerdo. 

Por su parte Lucila Osorno, presidenta de Directv en Colombia, sostiene que esta medida es urgente y necesaria porque “tenemos la carga tributaria más alta de América Latina”. Osorno explica que su empresa, por ejemplo, le paga un 3% al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por prestar el servicio de internet y un 10% a la CNTV por la televisión por cable (un millón de dólares al mes. Con la aprobación del proyecto pagarían el 3%, es decir, 300 mil dólares). “Lo que buscamos es un equilibrio regulatorio”, dice Osorno.

Carreño defiende el proyecto. Afirma que “atiende a un problema estructural de la industria”. Y explica que la aprobación de  la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trajo una convergencia para todos los servicios de telecomunicaciones (internet, telefonía móvil, telefonía fija...), que no incluye la televisión porque tiene un “régimen jurídico distinto”. Y esa convergencia incluye una tarifa de compensación para todos del 3%.

“Si la Comisión no toma medidas lo que va a ocurrir es que las empresas van a prestar el servicio de TV por suscripción  sobre una plataforma IP (a través de internet) con  una licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones. La Comisión se va a quedar sin operadores y eso es muy grave para el financiamiento de la TV pública”, advirtió Carreño.