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15 Nov 2021 - 2:00 a. m.

“Pedimos voluntad para atender la reconstrucción”

La comunidad dice que hay problemas serios con el registro en la Evaluación de Daños, Análisis y Necesidades.

Augusto Francis Davis

“Pedimos voluntad para atender la reconstrucción”

El año 2020 fue una temporada de experiencias inolvidables. De una u otra manera, afectó integralmente la visión y expectativa de mi vida y mi familia, como la de muchas otras personas. El inicio de año nos confrontó con un virus y una pandemia. Mientras que el final nos arrasó con dos huracanes. El primero fue el Eta, de tercera categoría, que ocurrió del 3 al 5 de noviembre. El otro fue el Iota, de categoría cinco, que nos afectó del 15 al 17 de noviembre.

Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el resultado de los dos huracanes en San Andrés fue de 2.542 viviendas afectadas y 104 colapsadas, que tendrían que ser nuevas, 536 viviendas para reparación por alta afectación y 1.902 viviendas para arreglo de estructuras y cubiertas. Igualmente fueron afectadas 16 instituciones educativas, dos instituciones comunitarias, escenarios deportivos, un establecimiento penitenciario, el muelle de los lancheros quedó averiado, el embarcadero de pasajeros del Cove, 29 comercios, veinte kilómetros de vías nacionales de la Circunvalar, daño ambiental (en un 65 % muy alto y 34 % bajo).

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Ya cumplimos el aniversario de Eta y el de Iota, que terminó de afectar considerablemente lo que hizo Eta. En este tiempo, desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, las acciones establecidas en el plan de acción específico del Estado para San Andrés han sido muy lentas, faltas coordinación y sin asesoría de países del Caribe que ya han sido afectados por estos fenómenos naturales. El Gobierno no se asesoró con ellos; hasta donde nosotros tenemos entendido, se intentó manejar el asunto de acuerdo con sus experiencias, a partir de la UNGRD. Nosotros consideramos que fue un error, porque es un asunto que afectó básicamente viviendas.

Otro aspecto a mencionar es la falta de voluntad por parte del gobierno departamental, porque Providencia fue asignado a Susana Correa como directora, pero la ejecución de los recursos y de la acción aquí en San Andrés le corresponde al gobierno departamental, al que le ha faltado voluntad para reparar y arreglar las viviendas de las personas afectadas.

El manejo de los recursos destinados para la reparación y reconstrucción del archipiélago que entregó el Gobierno —estamos hablando de casi $1,3 billones ($1”271.384’026.518)—, es muchísima plata. Para Providencia fueron destinados $702.000 millones; para San Andrés, $256.000 millones y para el departamento como tal, $314.000 millones.

Todo esto ha sido improvisado, lento, mal direccionado, sin diligencia, sin proactividad, sin voluntad, ya que aún hay muchísimas viviendas no atendidas y mucho menos están registradas en la Evaluación de Daños, Análisis y Necesidades (EDAN). Cuando ocurrió todo el proceso de los dos huracanes, la UNGRD realizó dos caracterizaciones: una para el Registro Único de Damnificados (RUD) y la otra para la EDAN, un sistema bajo la UNGRD. Entonces en la EDAN quedaron registradas personas de las 2.542 que tuvieron afectaciones en sus viviendas. Pero después nosotros hemos venido realizando algunas caracterizaciones y nos hemos encontrado con que en varios sectores de la isla, principalmente en el área rural y el sur, hay viviendas que no están registradas en la EDAN.

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Ese ha sido nuestro gran problema, porque hemos estado reclamándole al gobierno departamental para que se haga la gestión ante la UNGRD y se vuelva a abrir la EDAN y así inscribir a las personas que faltan.

El gobierno dijo que como hay una lista, hay que terminar de trabajar con esa lista y volver a solicitar la reapertura de la EDAN. Consideramos que es una situación negligente, porque no sabemos cuándo van a terminar con esa lista que tienen. Eso puede ir hasta mediados del otro año o hasta 2023. No sabemos.

Desde enero de 2021, la UNGRD destinó en una primera fase $1.300 millones para reparar 170 viviendas, de las cuales unas 20 o 25 fueron reparadas por las personas y no con recursos del Estado.

Entonces nos hemos venido preguntando si aquí no hay un detrimento patrimonial.

Los recursos de la población raizal son de la Sociedad de Activos del Estado (SAE) por la Ley 793 del 2002 y en el artículo 23, que fue modificado por la Ley 1450 del 2011 en el artículo 267, donde en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 dice que todos los bienes, frutos y rendimientos generados por el decomiso de narcotráfico deben ser destinados para programas sociales y atención con prioridad a población raizal. Hay $12.400 millones en la Secretaría de Desarrollo Social que pertenecen a la SAE y eso es para proyectos de inversión y programas sociales para la población raizal. En la adición presupuestal 005 del 2021 fueron aprobados $7.000 millones en programas encaminados a fortalecer procesos sociales, comunitarios y reparación de viviendas de los raizales.

Entonces, de esos $12.400 millones, $7.000 millones son de la SAE, $6.000 millones de la UNGRD, $13.000 y $1.000 millones que se están ejecutando ahora mismo; son $14.000 millones, y en habitabilidad (que está en Secretaría de Planeación para la construcción de vivienda social prioritaria para la población vulnerable) hay $1.325 millones. No entendemos cómo, con casi $15.000 millones en recursos para mejoramiento prioritario de vivienda para la población vulnerable por los dos huracanes, dicen que no hay presupuesto y una cantidad de excusas tontas.

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Es necesario que entre la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía atiendan la situación de San Andrés, porque aquí se ha vulnerado el derecho a tener una vivienda digna.

Entonces no entendemos cómo es que los gobernantes no actúan con buena voluntad para atender la situación de una población que está sufriendo después de un año de haber sucedido el desastre de los dos huracanes. Nuestro llamado es a que haya voluntad por parte de los gobiernos nacional y departamental para atender con mayor celeridad esta situación por la que estamos atravesando aquí en San Andrés.

*Pastor y líder raizal de San Andrés.

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