Una exparamilitar que dirime conflictos

A comienzos de la década de 2000, Cisnery Sánchez, una comerciante de Barrancabermeja (Santander), viajó al corregimiento San Rafael de Lebrija, en el municipio de Rionegro. Iba a cumplir la cita que el recién llegado bloque central Bolívar (Bcb) de las autodefensas les había puesto a algunos líderes comunitarios de la región para informarles sobre las intenciones políticas y militares de esa organización. La exposición estuvo a cargo de los entonces comandantes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Desde entonces, Cisnery se identificó con la ideología contrainsurgente y lideró trabajos comunitarios en Barrancabermeja para formalizar el acceso a los servicios públicos, bautizar a los menores, ampliar la cobertura de la red de telefonía, fomentar el comercio y sumar adeptos a la causa paramilitar.

Frecuentemente se comunicaba con Julián Bolívar y le rendía cuentas. Su trabajo buscaba contrarrestar el dominio del Eln y las Farc en el municipio, lo que incluía levantar paulatinamente las restricciones a la movilidad, las comunicaciones y el comercio, además de permitir que los reclutas del Ejército pudieran regresar a Barrancabermeja y neutralizar los paros cívicos y armados. Según ella, su ingreso al Bcb estuvo motivado por “la influencia negativa de ciertas organizaciones que manejaban a la gente haciendo uso de las armas. Había todo tipo de limitaciones, ataques a la infraestructura y homicidios, a lo que nosotros nos oponíamos”. Sin embargo, a la par que el ala política del bloque incidía en el desarrollo urbano y en el reordenamiento de la sociedad local, la estructura militar comandada por Julián Bolívar cometía múltiples crímenes contra la población civil.

Incluso, antes de la llegada del Bcb, las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar ya habían cometido graves violaciones a los derechos humanos. En mayo de 1998, paramilitares al mando de Camilo Morantes asesinaron a 32 personas, en un hecho atroz que se conoció como la masacre de Barrancabermeja. Tras su ingreso al puerto, el Bcb creó el frente Fidel Castaño, cuyos integrantes asesinaron a decenas de ciudadanos acusados infundadamente de militar en las guerrillas. Paralelamente, otros cinco frentes atentaron contra los pobladores de distintos municipios de Santander. Cuenta Cisnery que “los milicianos nunca patrullaron con uniforme. Además, guardaban armamento en las casas y usaban los pueblos como zonas de descanso. En ese contexto, pensábamos que todos los muertos eran guerrilleros, aunque ahora sabemos que ninguna de esas personas debió morir”.

Entre 2005 y 2006, más de 7.500 hombres y mujeres del Bcb se desmovilizaron en seis departamentos. Entre ellos estuvo Cisnery, que había asistido a Santa Fe de Ralito (Córdoba) para conocer de primera mano las negociaciones que adelantaban Julián Bolívar y el Gobierno. A finales de 2003 y comienzos de 2004 participó en los talleres de socialización para la paz que tuvieron lugar en Santander, con los que buscó convencer a las comunidades de la importancia de la desmovilización de las autodefensas. Más tarde se formó en los escenarios del Plan Congruente de Paz, diseñado por la Gobernación de Antioquia, y se vinculó a los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Dice que comprendió que las posturas ideológicas no podían ser “excusas para matar” y que era urgente pedirles perdón a las víctimas, además de a las organizaciones de izquierda que los paramilitares habían buscado exterminar.

Fue después de transitar ese camino que la ACR la postuló para formarse como conciliadora en equidad, una figura que hace parte de la política pública para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, a cargo del Ministerio de Justicia. El proceso de capacitación en Barrancabermeja se inició en 2012, cuando el Ministerio les pidió a las organizaciones sociales de la ciudad que postularan candidatos para hacer parte del programa. Cisnery, junto a los demás participantes, se formó para entender los rasgos característicos de la cultura local, los detonantes de la conflictividad regional y los alcances de la figura. Desde noviembre de 2014, sin contar con oficina ni recibir salario, ella y otros nueve conciliadores convocaron a los habitantes de Barrancabermeja para que dirimieran sus conflictos con su intermediación y evitaran acudir a los estrados judiciales.

Así, han resuelto cerca de 42 disputas por cuotas alimentarias, herencias, contratos de arrendamiento y construcciones. Según ellos, el mayor número de discrepancias está relacionado con daños en bien ajeno y delimitación de linderos, un problema común en un municipio donde al menos 1.000 predios urbanos se encuentran en estado de informalidad. Sin embargo, la conciliación no solo contribuye a descongestionar la justicia, sino que constituye una herramienta eficaz para prevenir la violencia. Un reto para una ciudad en la que se han registrado 46.101 víctimas del conflicto armado y donde conviven 553 desmovilizados en proceso de reintegración. Cisnery asegura que “hoy busco cambiar el país. La diferencia es que ahora quiero trabajar por la memoria de los muertos y por sus familias; por la reconciliación y la no repetición”.

Por eso, trascendió las fronteras de Barrancabermeja y asumió el reto de presidir un nuevo órgano de representación de los desmovilizados: la Mesa Nacional de Excombatientes. La idea surgió en 2009, durante el Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que tuvo lugar en Cartagena. Fue en ese espacio donde conoció a desmovilizados de las Farc y se enteró de sus propias dificultades. A comienzos de este año decidió retomar el proyecto bajo la premisa de que “la unificación de excombatientes es indispensable para el posconflicto”. En abril próximo, si consiguen los recursos, realizarán un encuentro nacional en el que se debatirán temas como la seguridad de los desmovilizados, el posible impacto de los acuerdos de paz con las Farc sobre las Zonas de Reserva Campesina y la reparación de las víctimas desvinculadas de procesos organizativos.

Todo ello, según Cisnery, bajo la premisa de que “por más difícil que sea, es apremiante doblegar el orgullo”. Ese que la hizo respaldar políticamente a un hombre como Julián Bolívar y del que hace años se apartó para contribuir a la reconstrucción del tejido social, en una ciudad tan asfixiada por la guerra como Barrancabermeja.

mflorez@elespectador.com

A comienzos de la década de 2000, Cisnery Sánchez, una comerciante de Barrancabermeja (Santander), viajó al corregimiento San Rafael de Lebrija, en el municipio de Rionegro. Iba a cumplir la cita que el recién llegado bloque central Bolívar (Bcb) de las autodefensas les había puesto a algunos líderes comunitarios de la región para informarles sobre las intenciones políticas y militares de esa organización. La exposición estuvo a cargo de los entonces comandantes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Desde entonces, Cisnery se identificó con la ideología contrainsurgente y lideró trabajos comunitarios en Barrancabermeja para formalizar el acceso a los servicios públicos, bautizar a los menores, ampliar la cobertura de la red de telefonía, fomentar el comercio y sumar adeptos a la causa paramilitar.

Frecuentemente se comunicaba con Julián Bolívar y le rendía cuentas. Su trabajo buscaba contrarrestar el dominio del Eln y las Farc en el municipio, lo que incluía levantar paulatinamente las restricciones a la movilidad, las comunicaciones y el comercio, además de permitir que los reclutas del Ejército pudieran regresar a Barrancabermeja y neutralizar los paros cívicos y armados. Según ella, su ingreso al Bcb estuvo motivado por “la influencia negativa de ciertas organizaciones que manejaban a la gente haciendo uso de las armas. Había todo tipo de limitaciones, ataques a la infraestructura y homicidios, a lo que nosotros nos oponíamos”. Sin embargo, a la par que el ala política del bloque incidía en el desarrollo urbano y en el reordenamiento de la sociedad local, la estructura militar comandada por Julián Bolívar cometía múltiples crímenes contra la población civil.

Incluso, antes de la llegada del Bcb, las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar ya habían cometido graves violaciones a los derechos humanos. En mayo de 1998, paramilitares al mando de Camilo Morantes asesinaron a 32 personas, en un hecho atroz que se conoció como la masacre de Barrancabermeja. Tras su ingreso al puerto, el Bcb creó el frente Fidel Castaño, cuyos integrantes asesinaron a decenas de ciudadanos acusados infundadamente de militar en las guerrillas. Paralelamente, otros cinco frentes atentaron contra los pobladores de distintos municipios de Santander. Cuenta Cisnery que “los milicianos nunca patrullaron con uniforme. Además, guardaban armamento en las casas y usaban los pueblos como zonas de descanso. En ese contexto, pensábamos que todos los muertos eran guerrilleros, aunque ahora sabemos que ninguna de esas personas debió morir”.

Entre 2005 y 2006, más de 7.500 hombres y mujeres del Bcb se desmovilizaron en seis departamentos. Entre ellos estuvo Cisnery, que había asistido a Santa Fe de Ralito (Córdoba) para conocer de primera mano las negociaciones que adelantaban Julián Bolívar y el Gobierno. A finales de 2003 y comienzos de 2004 participó en los talleres de socialización para la paz que tuvieron lugar en Santander, con los que buscó convencer a las comunidades de la importancia de la desmovilización de las autodefensas. Más tarde se formó en los escenarios del Plan Congruente de Paz, diseñado por la Gobernación de Antioquia, y se vinculó a los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Dice que comprendió que las posturas ideológicas no podían ser “excusas para matar” y que era urgente pedirles perdón a las víctimas, además de a las organizaciones de izquierda que los paramilitares habían buscado exterminar.

Fue después de transitar ese camino que la ACR la postuló para formarse como conciliadora en equidad, una figura que hace parte de la política pública para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, a cargo del Ministerio de Justicia. El proceso de capacitación en Barrancabermeja se inició en 2012, cuando el Ministerio les pidió a las organizaciones sociales de la ciudad que postularan candidatos para hacer parte del programa. Cisnery, junto a los demás participantes, se formó para entender los rasgos característicos de la cultura local, los detonantes de la conflictividad regional y los alcances de la figura. Desde noviembre de 2014, sin contar con oficina ni recibir salario, ella y otros nueve conciliadores convocaron a los habitantes de Barrancabermeja para que dirimieran sus conflictos con su intermediación y evitaran acudir a los estrados judiciales.

Así, han resuelto cerca de 42 disputas por cuotas alimentarias, herencias, contratos de arrendamiento y construcciones. Según ellos, el mayor número de discrepancias está relacionado con daños en bien ajeno y delimitación de linderos, un problema común en un municipio donde al menos 1.000 predios urbanos se encuentran en estado de informalidad. Sin embargo, la conciliación no solo contribuye a descongestionar la justicia, sino que constituye una herramienta eficaz para prevenir la violencia. Un reto para una ciudad en la que se han registrado 46.101 víctimas del conflicto armado y donde conviven 553 desmovilizados en proceso de reintegración. Cisnery asegura que “hoy busco cambiar el país. La diferencia es que ahora quiero trabajar por la memoria de los muertos y por sus familias; por la reconciliación y la no repetición”.

Por eso, trascendió las fronteras de Barrancabermeja y asumió el reto de presidir un nuevo órgano de representación de los desmovilizados: la Mesa Nacional de Excombatientes. La idea surgió en 2009, durante el Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que tuvo lugar en Cartagena. Fue en ese espacio donde conoció a desmovilizados de las Farc y se enteró de sus propias dificultades. A comienzos de este año decidió retomar el proyecto bajo la premisa de que “la unificación de excombatientes es indispensable para el posconflicto”. En abril próximo, si consiguen los recursos, realizarán un encuentro nacional en el que se debatirán temas como la seguridad de los desmovilizados, el posible impacto de los acuerdos de paz con las Farc sobre las Zonas de Reserva Campesina y la reparación de las víctimas desvinculadas de procesos organizativos.

Todo ello, según Cisnery, bajo la premisa de que “por más difícil que sea, es apremiante doblegar el orgullo”. Ese que la hizo respaldar políticamente a un hombre como Julián Bolívar y del que hace años se apartó para contribuir a la reconstrucción del tejido social, en una ciudad tan asfixiada por la guerra como Barrancabermeja.

mflorez@elespectador.com