Una lluvia de problemas

No hay otro tema del que se hable tanto por esta época en el país. Con incertidumbre y resignación, los colombianos se preparan para la ola invernal de fin de año, un evento que ha sido más anunciado que la celebración del pasado Mundial de Fútbol Sub-20 y cuyo resultado es más incierto que el de las elecciones de octubre.

Las mediciones del Ideam dicen que las lluvias estarían un 60% por encima de los niveles normales y ya ni se tiene certeza sobre si vendrán con o sin efecto de La Niña recargado. Serán fuertes, eso sí, por todo el país, y las autoridades deben redoblar esfuerzos para prevenir desastres como los de 2010. Para que no haya otro Gramalote, ni otro Canal del Dique roto, ni las crecientes de ríos se vuelvan tragedias.

Tristemente, Colombia dista mucho de tener el blindaje para evitar el regreso de estas noticias tristes. En primer lugar porque, como ya lo reconoció el presidente Juan M. Santos, el plan debe ser de largo plazo e incluir estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, que no se diseñan de la noche a la mañana e implican grandes inversiones.

La segunda razón que explica la vulnerabilidad del país son sus falencias históricas en infraestructura (las mismas que le impiden que ser tan competitivo como quisiera: falta de autopistas, túneles y viaductos) afianzadas, precisamente, por las mismas lluvias.

Hay una tercera, que va desde las deficiencias gubernamentales (demoras en la llegada de ayudas o la construcción de obras) hasta fenómenos de corrupción. El gobernador de Boyacá, José Rozo, dijo ayer que la ampliación de la represa La Copa, la recuperación de la laguna de Fúquene y la construcción de muros para evitar inundaciones por el río Magdalena no se han podido hacer porque Colombia Humanitaria no giró los recursos correspondientes.

Y la cuarta razón es porque la ciudadanía —por falta de opciones o física terquedad— edifica en zonas en las que el invierno lo arrasó todo. Como en Honda, Tolima, en donde ayer se veían las decenas de personas reedificando casas con sus propias manos.

Mientras las primeras lluvias de la nueva ola invernal asoman, el Gobierno aceleró el plan de emergencia, liberará cuatro billones de pesos (el año pasado fue uno, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry) y destinó $53 mil millones para atención prioritaria en menos de dos días, sea cual sea la zona del país que resulte afectada.

Son 102 los municipios en observación, especialmente en la depresión momposina y las costas Caribe y Pacífica. Falta revisar y adecuar las normas y diseñar instrumentos que ayuden al seguimiento, la gestión, el control y la vigilancia de los actores responsables del tema, como se concluyó ayer en el 54 Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).

No hay otro tema del que se hable tanto por esta época en el país. Con incertidumbre y resignación, los colombianos se preparan para la ola invernal de fin de año, un evento que ha sido más anunciado que la celebración del pasado Mundial de Fútbol Sub-20 y cuyo resultado es más incierto que el de las elecciones de octubre.

Las mediciones del Ideam dicen que las lluvias estarían un 60% por encima de los niveles normales y ya ni se tiene certeza sobre si vendrán con o sin efecto de La Niña recargado. Serán fuertes, eso sí, por todo el país, y las autoridades deben redoblar esfuerzos para prevenir desastres como los de 2010. Para que no haya otro Gramalote, ni otro Canal del Dique roto, ni las crecientes de ríos se vuelvan tragedias.

Tristemente, Colombia dista mucho de tener el blindaje para evitar el regreso de estas noticias tristes. En primer lugar porque, como ya lo reconoció el presidente Juan M. Santos, el plan debe ser de largo plazo e incluir estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, que no se diseñan de la noche a la mañana e implican grandes inversiones.

La segunda razón que explica la vulnerabilidad del país son sus falencias históricas en infraestructura (las mismas que le impiden que ser tan competitivo como quisiera: falta de autopistas, túneles y viaductos) afianzadas, precisamente, por las mismas lluvias.

Hay una tercera, que va desde las deficiencias gubernamentales (demoras en la llegada de ayudas o la construcción de obras) hasta fenómenos de corrupción. El gobernador de Boyacá, José Rozo, dijo ayer que la ampliación de la represa La Copa, la recuperación de la laguna de Fúquene y la construcción de muros para evitar inundaciones por el río Magdalena no se han podido hacer porque Colombia Humanitaria no giró los recursos correspondientes.

Y la cuarta razón es porque la ciudadanía —por falta de opciones o física terquedad— edifica en zonas en las que el invierno lo arrasó todo. Como en Honda, Tolima, en donde ayer se veían las decenas de personas reedificando casas con sus propias manos.

Mientras las primeras lluvias de la nueva ola invernal asoman, el Gobierno aceleró el plan de emergencia, liberará cuatro billones de pesos (el año pasado fue uno, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry) y destinó $53 mil millones para atención prioritaria en menos de dos días, sea cual sea la zona del país que resulte afectada.

Son 102 los municipios en observación, especialmente en la depresión momposina y las costas Caribe y Pacífica. Falta revisar y adecuar las normas y diseñar instrumentos que ayuden al seguimiento, la gestión, el control y la vigilancia de los actores responsables del tema, como se concluyó ayer en el 54 Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).