La intención colombiana de llevar a consideración de los foros multilaterales su protesta por la reciente expulsión de 380 trabajadores ilegales colombianos que extraían oro de la mina Yapacama, cerca de la ciudad de San Fernando de Atapabo (Venezuela), se quedó sin piso ayer tras una declaración de la Organización Internacional para las Migraciones, según la cual cada país tiene autonomía para facilitar o restringir el paso de extranjeros en su territorio.
La expulsión de estas personas, junto con 45 brasileños que trabajaban en la zona, fue interpretada por el Gobierno colombiano como “una clara violación” de los Derechos Humanos y al decir del ministro de Defensa, Gabriel Silva, y del vicepresidente, Francisco Santos, debería ser puesta a consideración de organismos internacionales como una muestra del hostigamiento de Venezuela contra los habitantes de la zona de frontera.
A pesar de las recientes acciones inamistosas del gobierno de Hugo Chávez en medio de la tensión binacional por la autorización colombiana para que uniformados de EE.UU. operen siete de sus bases militares (hace una semana ordenó volar dos puentes artesanales que comunicaban ambos países), en esta oportunidad no parecería haberse presentado la violación que Colombia alega.
Según José Ángel Oropeza, jefe de la delegación de la OIM en Colombia, cada Estado es libre de decidir “quién entra y quién sale de sus fronteras”.
Pese a dicha apreciación, son pocos los que dudan que detrás del repentino interés venezolano por sacar a los mineros ilegales de su territorio, lo que existe es la intención de retaliar ante la agudización de las tensiones entre ambos gobiernos.
No es nuevo que en la zona de frontera transiten mineros, comerciantes, ganaderos y labriegos que pasan de un país a otro y muchas veces regresan el mismo día, movidos por intereses comerciales no formales. El problema ni siquiera es exclusivo de esa frontera, pues son bien conocidos los casos de mineros —también de oro— en el límite entre Brasil y Colombia.
Y aunque la sorpresiva llegada de los expulsados de Venezuela a Puerto Inírida (Guainía) amenazó desde el principio con hacer colapsar los programas gubernamentales de asistencia a los menos favorecidos, el Ejecutivo colombiano ya dio orden de redoblar dichas ayudas y pidió asistencia a las Naciones Unidas para la repatriación, capacitación y asistencia humanitaria de los mineros.
Así las cosas, lo que queda por ahora es atender la situación humanitaria de Puerto Inírida, prepararse para recibir a varias centenas de nuevos mineros que están escondidos en la selva cercana a Yapacama y continuar con el plan diplomático de la Cancillería para normalizar las relaciones binacionales, pues este es sólo uno de los ejemplos de que quienes más sufren por la tensión entre ambos países son los ciudadanos.