Una muerte por sospecha

En medio de la controversia que se desató esta semana por la afirmación de Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en el sentido de que debería caerse la reforma al fuero militar que se tramita en el Congreso de la República, las historias que siguen apareciendo alrededor de los falsos positivos y la suerte que han corrido algunas de las investigaciones en manos de la justicia penal militar parecen darle la razón.

Es el caso de la muerte del conductor Mario Alfonso Gómez Aristizábal —que se registró en 2007 cerca de Manizales (Caldas)—, en medio de un supuesto combate con el Ejército. Luego se descubrió en la investigación que la víctima ni siquiera había disparado un arma y que en el momento del enfrentamiento estaba hablando por celular. En este proceso hay una contradicción entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, ya que mientras la primera condenó al Estado a indemnizar a la familia de la víctima, porque los militares actuaron de forma irregular, la segunda dejó a los sospechosos libres al considerar que actuaron ceñidos a la ley.

La muerte de Gómez Aristizábal ocurrió el 1 de diciembre de 2007. La noche anterior había salido de su casa para prestar un servicio de transporte desde el municipio de Riosucio (Caldas) a Manizales, pero nunca regresó. Su esposa inició la búsqueda y lo encontró en la morgue de Manizales, donde conoció que había muerto en un supuesto enfrentamiento con el Ejército, porque al parecer “pertenecía a un grupo de extorsionistas que llevaba varias semanas azotando un sector rural de la ciudad”.

La mujer no dio crédito a la versión de las autoridades y demandó al Estado, porque estaba convencida de que su esposo era una víctima más de los llamados falsos positivos. Ante la duda que se sembró alrededor del supuesto combate, casi de forma paralela la justicia penal militar adelantó la investigación en contra de los uniformados que participaron en el enfrentamiento en el que murió el conductor.

El cuestionado combate ocurrió cerca de la finca Los Cedros, ubicada en la vereda Alto Tablazo de Manizales. En esta zona estaban patrullando militares del Batallón Contraguerrillas N° 57 Mártires de Puerres y del Batallón Ayacucho de Manizales, supuestamente, atendiendo la denuncia de un ciudadano que les había indicado que por su finca estaba operando un grupo de extorsionistas y que en la madrugada del 1º de diciembre iban a recoger el dinero producto de un chantaje.

La versión que entregó el Ejército dice que a las 4:30 de la mañana llegó al sector un vehículo en el que se movilizaban tres personas, entre ellas Mario Alfonso Gómez Aristizábal, quien se bajó del carro para hablar por celular. Según el uniformado José Harbey Peña Ramírez, quien estaba al frente de la operación, fue en ese momento cuando lanzaron la proclama: “¡Alto! Somos tropas del Ejército Nacional”, y que la respuesta del conductor fue disparar contra los militares, quienes no tuvieron otra alternativa que abrir fuego y darle de baja.

A pesar de que la versión del Ejército hablaba de una operación legal y normal, la investigación demostró otra cosa, por ejemplo, que la víctima nunca disparó. Por eso el Tribunal Administrativo le dio la razón a la esposa de Gómez y reconoció que hubo irregularidades detrás de la operación en la que murió su cónyuge. La decisión se basó en evidencias que demostraban que el Ejército actuó de forma irregular y que la muerte del conductor, más que una operación en defensa de la seguridad nacional, fue un acto con exceso injustificado de fuerza, en la que los uniformados “desconocieron sus obligaciones constitucionales y legales”.

Pero lo que pareció ser un logro para la familia de Gómez Aristizábal en su búsqueda de justicia, hoy no es del todo satisfactorio. A pesar de que todas las evidencias que validaron los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas apuntan a que se trató de un posible “falso positivo”, el proceso penal que está en manos de los tribunales militares contradice esta versión y por eso los presuntos responsables de la muerte del conductor están en libertad. Sin embargo, la contradicción no es sólo entre la justicia ordinaria y la penal militar, sino también dentro de la propia justicia castrense.

La investigación la asumió el Juzgado 57 Penal Militar de Manizales, que inicialmente encontró inconsistencias en la versión de los militares frente a la legalidad de la operación. Por eso, el 10 de febrero de 2010 ordenó enviarlos a prisión, al considerar que en el caso de Gómez los militares se excedieron en el uso de la fuerza y que la legítima defensa desplegada fue “desproporcionada”, pues no se podía hablar “de una legítima defensa de seis militares armados en contra de una persona que estaba hablando por celular”.

No obstante, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior Penal Militar, que tres meses después ordenó la libertad de los uniformados. A pesar de que una de las evidencias era que la víctima no había disparado, para los jueces castrenses esto no era suficiente para encarcelar a los uniformados y declaró la “nulidad parcial del proceso”. Su argumento fue que no era necesario que el conductor hubiera disparado, sino que bastaba con la presencia de peligro, “pues la defensa procede antes de que el daño se ocasione o pueda aumentarse”. Esto quiere decir que el Ejército puede hacer uso de sus armas sólo con la sospecha de un supuesto ataque.

Las dudas alrededor de las decisiones de la justicia penal militar aumentan si se tiene en cuenta que el Batallón Contraguerrillas N° 57 Mártires de Puerres, involucrado en la muerte de Gómez Aristizábal, tiene varias denuncias por sus actuaciones en el Eje Cafetero durante 2007 y 2008, por casos similares. Esto es lo que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, pone en tela de juicio: la capacidad de la justicia militar para juzgar esta clase de hechos.

La historia de la muerte de Mario Gómez Aristizábal a manos de uniformados del Ejército es una más de las casi 900 denunciadas en el país entre 1982 y 2011, que han dejado 1.741 víctimas. Por ahora, aunque la familia del conductor está a la espera del pago de la indemnización del Estado, también sigue esperando a que la justicia penal militar haga bien su trabajo y este caso no quede en la impunidad.

En medio de la controversia que se desató esta semana por la afirmación de Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en el sentido de que debería caerse la reforma al fuero militar que se tramita en el Congreso de la República, las historias que siguen apareciendo alrededor de los falsos positivos y la suerte que han corrido algunas de las investigaciones en manos de la justicia penal militar parecen darle la razón.

Es el caso de la muerte del conductor Mario Alfonso Gómez Aristizábal —que se registró en 2007 cerca de Manizales (Caldas)—, en medio de un supuesto combate con el Ejército. Luego se descubrió en la investigación que la víctima ni siquiera había disparado un arma y que en el momento del enfrentamiento estaba hablando por celular. En este proceso hay una contradicción entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, ya que mientras la primera condenó al Estado a indemnizar a la familia de la víctima, porque los militares actuaron de forma irregular, la segunda dejó a los sospechosos libres al considerar que actuaron ceñidos a la ley.

La muerte de Gómez Aristizábal ocurrió el 1 de diciembre de 2007. La noche anterior había salido de su casa para prestar un servicio de transporte desde el municipio de Riosucio (Caldas) a Manizales, pero nunca regresó. Su esposa inició la búsqueda y lo encontró en la morgue de Manizales, donde conoció que había muerto en un supuesto enfrentamiento con el Ejército, porque al parecer “pertenecía a un grupo de extorsionistas que llevaba varias semanas azotando un sector rural de la ciudad”.

La mujer no dio crédito a la versión de las autoridades y demandó al Estado, porque estaba convencida de que su esposo era una víctima más de los llamados falsos positivos. Ante la duda que se sembró alrededor del supuesto combate, casi de forma paralela la justicia penal militar adelantó la investigación en contra de los uniformados que participaron en el enfrentamiento en el que murió el conductor.

El cuestionado combate ocurrió cerca de la finca Los Cedros, ubicada en la vereda Alto Tablazo de Manizales. En esta zona estaban patrullando militares del Batallón Contraguerrillas N° 57 Mártires de Puerres y del Batallón Ayacucho de Manizales, supuestamente, atendiendo la denuncia de un ciudadano que les había indicado que por su finca estaba operando un grupo de extorsionistas y que en la madrugada del 1º de diciembre iban a recoger el dinero producto de un chantaje.

La versión que entregó el Ejército dice que a las 4:30 de la mañana llegó al sector un vehículo en el que se movilizaban tres personas, entre ellas Mario Alfonso Gómez Aristizábal, quien se bajó del carro para hablar por celular. Según el uniformado José Harbey Peña Ramírez, quien estaba al frente de la operación, fue en ese momento cuando lanzaron la proclama: “¡Alto! Somos tropas del Ejército Nacional”, y que la respuesta del conductor fue disparar contra los militares, quienes no tuvieron otra alternativa que abrir fuego y darle de baja.

A pesar de que la versión del Ejército hablaba de una operación legal y normal, la investigación demostró otra cosa, por ejemplo, que la víctima nunca disparó. Por eso el Tribunal Administrativo le dio la razón a la esposa de Gómez y reconoció que hubo irregularidades detrás de la operación en la que murió su cónyuge. La decisión se basó en evidencias que demostraban que el Ejército actuó de forma irregular y que la muerte del conductor, más que una operación en defensa de la seguridad nacional, fue un acto con exceso injustificado de fuerza, en la que los uniformados “desconocieron sus obligaciones constitucionales y legales”.

Pero lo que pareció ser un logro para la familia de Gómez Aristizábal en su búsqueda de justicia, hoy no es del todo satisfactorio. A pesar de que todas las evidencias que validaron los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas apuntan a que se trató de un posible “falso positivo”, el proceso penal que está en manos de los tribunales militares contradice esta versión y por eso los presuntos responsables de la muerte del conductor están en libertad. Sin embargo, la contradicción no es sólo entre la justicia ordinaria y la penal militar, sino también dentro de la propia justicia castrense.

La investigación la asumió el Juzgado 57 Penal Militar de Manizales, que inicialmente encontró inconsistencias en la versión de los militares frente a la legalidad de la operación. Por eso, el 10 de febrero de 2010 ordenó enviarlos a prisión, al considerar que en el caso de Gómez los militares se excedieron en el uso de la fuerza y que la legítima defensa desplegada fue “desproporcionada”, pues no se podía hablar “de una legítima defensa de seis militares armados en contra de una persona que estaba hablando por celular”.

No obstante, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior Penal Militar, que tres meses después ordenó la libertad de los uniformados. A pesar de que una de las evidencias era que la víctima no había disparado, para los jueces castrenses esto no era suficiente para encarcelar a los uniformados y declaró la “nulidad parcial del proceso”. Su argumento fue que no era necesario que el conductor hubiera disparado, sino que bastaba con la presencia de peligro, “pues la defensa procede antes de que el daño se ocasione o pueda aumentarse”. Esto quiere decir que el Ejército puede hacer uso de sus armas sólo con la sospecha de un supuesto ataque.

Las dudas alrededor de las decisiones de la justicia penal militar aumentan si se tiene en cuenta que el Batallón Contraguerrillas N° 57 Mártires de Puerres, involucrado en la muerte de Gómez Aristizábal, tiene varias denuncias por sus actuaciones en el Eje Cafetero durante 2007 y 2008, por casos similares. Esto es lo que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, pone en tela de juicio: la capacidad de la justicia militar para juzgar esta clase de hechos.

La historia de la muerte de Mario Gómez Aristizábal a manos de uniformados del Ejército es una más de las casi 900 denunciadas en el país entre 1982 y 2011, que han dejado 1.741 víctimas. Por ahora, aunque la familia del conductor está a la espera del pago de la indemnización del Estado, también sigue esperando a que la justicia penal militar haga bien su trabajo y este caso no quede en la impunidad.