¿Urnas sin armas?

La “más violenta campaña en 8 años” titulaba El Tiempo en su edición del domingo 23 de octubre. 45 candidatos asesinados, casi 90 candidatos amenazados, alrededor de 140 atentados contra candidatos, más de 200 municipios y 20 departamentos con alto riesgo electoral según la Misión de Observación Electoral (MOE). La campaña para las elecciones municipales y departamentales estuvo sin duda marcada por hechos violentos, sobre todo en comparación con los comicios de 2007: los homicidios de candidatos aumentaron un 160%, las amenazas un 120%, los atentados un 55% y los secuestros un 50%.

En principio, las cifras hablan por sí solas. Sin embargo, algunas consideraciones permiten matizar ese diagnóstico. Como suele suceder en este tipo de situaciones, existen factores que exageran el fenómeno.

Primero, no todos los homicidios fueron necesariamente por motivos políticos. De los 45 señalados por la MOE, se estima que por lo menos un cuarto fueron por otros móviles (como ajustes de cuentas por razones ajenas a la campaña electoral).

Segundo, no todos los actos violentos fueron obra de los actores armados ilegales. En ocasiones, fueron los mismos políticos quienes amenazaron a sus oponentes, firmando con nombres de grupos armados ilegales. Excepcionalmente, algunos candidatos habrían inclusive recurrido a amenazas falsas para dar publicidad a su candidatura.

Curiosamente, el número de candidatos a los que según la Policía se concedió un sistema de protección (694 personas) era mucho más alto que el de denuncias de amenazas presentadas ante la Fiscalía. Ello puede obedecer a que no todos los candidatos amenazados denunciaron sus casos oficialmente. Y en todo caso, a que la misma Policía prefirió tomar medidas preventivas, para evitar críticas por no haberse anticipado a posibles incidentes.

Ahora bien, varios factores pueden explicar también este incremento de violencia, sin duda importante en comparación con 2003 y 2007.

El primer factor es el aumento del número de candidatos en un 17%: en las pasadas elecciones se presentaron más de 100.000 candidatos, incluyendo alcaldías, asambleas, concejos, gobernaciones y juntas de acción comunal, frente a los 86.000 que hubo en 2007, para poco más de 18.000 puestos.

La segunda explicación tiene que ver con los cambios en el contexto político y de seguridad, en comparación con 2007. Entonces, por un lado, el gobierno nacional ya había empezado a golpear bastante duro a las FARC (muerte de Martin Caballero en los Montes de María, del Negro Acacio en el sur del país) de tal manera que para las elecciones de 2007 no estaban en condiciones de cometer actos violentos contra candidatos o estaban más preocupadas por evitar derrotas militares.

Por otro lado, tras las desmovilizaciones de bloques paramilitares, la fase de recomposición y de disputas fratricidas entre estructuras armadas post-desmovilización (Bacrim) no había empezado realmente (sino que tendría lugar tras la extradición de los principales jefes paramilitares a EEUU en mayo de 2008) y los grupos que permanecían en activo seguían dominando localmente las regiones donde operaban, por lo que no necesitaban amenazar o imponer tanto sus candidatos por la fuerza o la coerción armada.

Finalmente, si bien estas últimas elecciones fueron más violentas, los principales responsables no fueron tanto las Bacrim sino las FARC. En los departamentos donde se produjeron varios asesinatos y donde existe una fuerte presencia de las FARC (Nariño, Cauca, Norte de Santander), la correlación es lógica. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar que en departamentos con fuerte presencia de grupos armados ilegales no se produjeran tantos asesinatos en comparación con otros departamentos, a veces limítrofes?

En algunas regiones (como el sur de Córdoba), la respuesta se debe a que, al parecer, se hicieron acuerdos entre las FARC y las Bacrim, que, para evitar dañar sus negocios y pese a las disputas que mantienen por el control territorial, decidieron no influir las elecciones, prefiriendo esperar el resultado antes de volver a “hablar” o presionar a los candidatos elegidos.

En otros casos, donde la parapolítica ha tenido más impacto (Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Magdalena), no hubo mucha presión armada por parte de las Bacrim porque en las estructuras de poder permanecieron políticos que mantenían vínculos con grupos mafiosos o narcotraficantes. Al controlar la maquinaria electoral, dichos políticos no necesitaron recurrir a los actores armados para que presionaran a favor de uno u otro candidato. Allí, las Bacrim están al servicio de esas clases políticas o, aunque sean autónomas, no controlan a los actores políticos. Pueden interactuar con la clase política pero no son ellas las que definen la suerte política del departamento.

No significa que a nivel local, algunos grupos armados no hubiesen presionado o influido en el resultado electoral (sobre todo a nivel local), pero en algunos casos han sido también los mismos candidatos quienes buscaron a los actores armados para que interviniesen a su favor.

Finalmente, en otros casos, la ausencia de hechos violentos contra candidatos no significa que los actores armados se hubieran abstenido de influir en el proceso electoral, sino que lo hicieron de manera menos visible, más sutil o más indirecta. En el Meta, por ejemplo, donde según la MOE “sólo” hubo cinco candidatos amenazados en las pasadas elecciones, los grupos armados habrían interferido sobre todo en municipios donde existen explotaciones petroleras: A través de la trashumancia de votos para hacer elegir a tal o cual candidato, buscarían captar más fácilmente las regalías de esos municipios. Sin embargo, faltan pruebas contundentes para afirmar que procedieron así; y después de la muerte de alias Cuchillo, la que al parecer iba a ser una estrategia de las Bacrim, no fue retomada (o sólo parcialmente) por sus sucesores.

“Dineros calientes”, fraudes, compra de votos, ajustes de cuentas entre políticos mafiosos, presiones de grupos armados ilegales, sí, pero ¿quién puso realmente en peligro esas elecciones? ¿Los narcotraficantes? ¿Políticos mafiosos? ¿Las FARC? ¿Las Bacrim?

De cara a hacer un balance sobre el interés de las estructuras armadas post-desmovilización en la política o sobre su grado de politización, las elecciones pasadas sólo ofrecen algunas conclusiones preliminares, siendo todavía prematuro hablar de “Bacrimpolítica”.

Frédéric Massé es co-director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia y Director del área de Desarme, Desmovilización y Reintegración del Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).