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Cartagena comenzó a ser reconocida en el país como ciudad pionera en materia de control social, luego de que el viernes 30 de abril de 1999 una veintena de ciudadanos denunciaran irregularidades en la administración distrital de la época y de que, como consecuencia de ello, fueran destituidos y condenados a prisión los entonces alcalde Nicolás Curi, personero José Ramírez y contralor distrital, Evaristo Ujueta.
Desde entonces, y hasta mediados del año anterior, los ciudadanos que promovían la vigilancia de lo público, organizados en Veedurías Ciudadanas, gozaron de prestigio entre amplios sectores de la opinión pública. En decenas de casos, colectivos como el Frente de Control Social por Cartagena, la Red de Veedurías Ciudadanas y la Corporación Cartagena Visible se mostraron, para bien de la ciudad, como los guardianes de los recursos del Distrito.
Hoy, sin embargo, en La Heroica las auténticas Veedurías Ciudadanas son cosa del pasado, como habría de reconocer Tomás Batista, uno de los fundadores de la más paradigmática de las mismas: la Red de Veedurías Ciudadanas, y actual director de la Corporación Bolívar Visible. Según el dirigente cívico, “en un programa de opinión en emisora Fuentes, dos veedores: David López Romero y Moisés Cárcamo, se acusaron mutuamente de ser extorsionistas y, al final, el director del programa, más en serio que en broma, aseguró que ambos tenían razón”.
Varios días después de la disputa de los veedores, David López fue grabado mientras exigía la suma de $200 millones a cambio de callar una presunta irregularidad cometida, según él, en un proceso licitatorio por un valor cercano a los $38 mil millones, cuyo objeto es “la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana del Distrito de Cartagena”.
Tal como reposa en una denuncia interpuesta por el ingeniero Álex Rodríguez, socio del concesionario ganador de la licitación, y se observa en un video en poder de la Fiscalía de Cartagena, López pasó de pedir $200 millones a cambio de su silencio, a decir que “por lo menos denme $60 millones, porque tengo que repartirlo entre otros veedores”.
En la misma Fiscalía, el veedor enfrenta otro proceso por fraude procesal y falsedad en documento público y privado. El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, por intermedio de un apoderado, lo denunció penalmente por haber aportado un diploma de la Fundación Universitaria Antonio Arévalo para acceder a un contrato como abogado, pero esta institución negó haber expedido el documento. De igual forma, por haber reportado como suya la tarjeta profesional 108118, la cual en realidad pertenece a la abogada Zenith Cabrera.
En este caso, fuentes de la Gobernación señalaron que López ha dejado de asistir a ocho audiencias que se han programado dentro del proceso, “pero está lista una orden de captura para, en la próxima, hacerlo comparecer”.
En el caso del intento de extorsión, el denunciante confía en que, ante la contundencia de las pruebas aportadas, la justicia va a actuar con prontitud.
“La mayoría de las Veedurías Ciudadanas se han prostituido en Cartagena”, manifestó tajantemente Tomás Batista, “y muchos de los mal llamados veedores se dedican es a extorsionar a los funcionarios públicos”.
Durante un conversatorio sobre el control social, organizado por la Corporación Bolívar Visible, Batista tocó el caso de los individuos que “se presentan como veedores en las audiencias públicas y suelen intervenir, con asombroso cinismo, en favor de proponentes amigos; a los constructores de obras les dicen que su visto bueno es esencial para todo trámite; a la prensa les aseguran que son los legítimos voceros de la comunidad, y algunos, incluso, difunden cuñas a través de la radio solicitando que quien sepa de una irregularidad la denuncie ante ellos. Sí, así: ante su Veeduría Ciudadana y no ante las correspondientes autoridades”.
Para el presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández, lo ocurrido con David López Romero es sumamente grave, ya que terminó desprestigiando a todos los veedores. “Ya no soy veedor y pido que no me llamen veedor. Seguiré trabajando por la prevención y denunciaré como abogado lo que haya que denunciar, pero no seré más veedor en ningún tipo de proceso”.
Ante la gravedad de las acusaciones contra López, Pérez Fernández pidió que los órganos de control, además de la Fiscalía, pongan sus ojos sobre lo que viene dándose, ya que es claro que “ese tipo de extorsiones, lamentablemente, están más extendidas de lo que parece”.
@Cardilared