Verdad y justicia para la paz

La expectativa de que resarcir a las víctimas está en el centro del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc comenzó a cumplirse ayer con el anuncio del acuerdo sobre víctimas del conflicto. Con la creación de sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, encaminado a satisfacer los derechos de los sobrevivientes del conflicto, con seguridad jurídica y enfoques territorial, diferencial y de género, se dio un paso definitivo hacia la firma del acuerdo para el fin del conflicto armado.

Después de 18 meses de discusión, Gobierno y Farc presentaron a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional los términos del acuerdo de 75 puntos, a través del cual, para garantizar los derechos de las víctimas, se pondrán en marcha una comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de las personas desaparecidas; una jurisdicción especial para la paz; medidas de reparación integral, y garantías específicas de no repetición.

“Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes, es la garantía auténtica del fin del conflicto. Es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la jurisdicción no se llevará sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta de la reconciliación”, manifestó el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, quien resaltó que después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra ya no son relevantes.

De la Calle dejó en claro que “no habrá amnistía a delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, sustracción y reclutamiento de menores o desplazamiento forzado”, y que están “previstas sanciones como penas privativas de la libertad entre 15 y 20 años, en régimen ordinario de cárcel, para quienes no reconozcan la verdad y su responsabilidad”.

A su vez, el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez recalcó que el acuerdo alcanzado sitúa el derecho a la verdad en el vértice superior del sistema diseñado, porque sin esa verdad no hay reconciliación posible. En palabras del comandante guerrillero, así como no se ha cerrado una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, “no existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales o a altos dignatarios del Gobierno o el Estado, porque no es posible conforme a la ley internacional y sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano”.

El acuerdo alcanzado deja en claro que, de conformidad con los Convenios de Ginebra, las autoridades procuraran conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado, eso sí, dejando en claro las prohibiciones contempladas en el Estatuto de Roma. Todas las sentencias del Tribunal para la Paz harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme. “Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas”.

De igual modo, el acuerdo señala literalmente que no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con este fin respecto de hechos o conductas ocurridas durante el conflicto armado. Esta garantía alcanza a todos los integrantes de las Farc y a personas acusadas de formar parte de esta organización. El acuerdo insiste en la necesidad de que el Gobierno desarrolle estrategias que permitan esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, como parte de la construcción de verdad y garantía de no repetición.

De antemano se sabe que el acuerdo va a suscitar un intenso debate jurídico y político, más aún porque el propio Humberto de la Calle anunció que para los agentes del Estado, en especial para los militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial simultáneo, equilibrado y equitativo. Este instrumento se dará a conocer hoy, pero en palabras del delegado del Gobierno, “no se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad”.

A partir de enero, por decisión de las dos delegaciones, el trabajo en la mesa de negociaciones será ininterrumpido hasta conseguir el acuerdo de fin del conflicto. La idea es que después de haberse pactado las condiciones para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia transicional, el diálogo se encamine hacia la dejación de armas, que deberá comenzar 60 días después del acuerdo final, tal como quedó suscrito el pasado 23 de septiembre. Con este acuerdo la mesa de diálogos entra en la recta final hacia la paz.

La expectativa de que resarcir a las víctimas está en el centro del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc comenzó a cumplirse ayer con el anuncio del acuerdo sobre víctimas del conflicto. Con la creación de sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, encaminado a satisfacer los derechos de los sobrevivientes del conflicto, con seguridad jurídica y enfoques territorial, diferencial y de género, se dio un paso definitivo hacia la firma del acuerdo para el fin del conflicto armado.

Después de 18 meses de discusión, Gobierno y Farc presentaron a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional los términos del acuerdo de 75 puntos, a través del cual, para garantizar los derechos de las víctimas, se pondrán en marcha una comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de las personas desaparecidas; una jurisdicción especial para la paz; medidas de reparación integral, y garantías específicas de no repetición.

“Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes, es la garantía auténtica del fin del conflicto. Es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la jurisdicción no se llevará sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta de la reconciliación”, manifestó el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, quien resaltó que después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra ya no son relevantes.

De la Calle dejó en claro que “no habrá amnistía a delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, sustracción y reclutamiento de menores o desplazamiento forzado”, y que están “previstas sanciones como penas privativas de la libertad entre 15 y 20 años, en régimen ordinario de cárcel, para quienes no reconozcan la verdad y su responsabilidad”.

A su vez, el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez recalcó que el acuerdo alcanzado sitúa el derecho a la verdad en el vértice superior del sistema diseñado, porque sin esa verdad no hay reconciliación posible. En palabras del comandante guerrillero, así como no se ha cerrado una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, “no existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales o a altos dignatarios del Gobierno o el Estado, porque no es posible conforme a la ley internacional y sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano”.

El acuerdo alcanzado deja en claro que, de conformidad con los Convenios de Ginebra, las autoridades procuraran conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado, eso sí, dejando en claro las prohibiciones contempladas en el Estatuto de Roma. Todas las sentencias del Tribunal para la Paz harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme. “Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas”.

De igual modo, el acuerdo señala literalmente que no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con este fin respecto de hechos o conductas ocurridas durante el conflicto armado. Esta garantía alcanza a todos los integrantes de las Farc y a personas acusadas de formar parte de esta organización. El acuerdo insiste en la necesidad de que el Gobierno desarrolle estrategias que permitan esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, como parte de la construcción de verdad y garantía de no repetición.

De antemano se sabe que el acuerdo va a suscitar un intenso debate jurídico y político, más aún porque el propio Humberto de la Calle anunció que para los agentes del Estado, en especial para los militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial simultáneo, equilibrado y equitativo. Este instrumento se dará a conocer hoy, pero en palabras del delegado del Gobierno, “no se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad”.

A partir de enero, por decisión de las dos delegaciones, el trabajo en la mesa de negociaciones será ininterrumpido hasta conseguir el acuerdo de fin del conflicto. La idea es que después de haberse pactado las condiciones para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia transicional, el diálogo se encamine hacia la dejación de armas, que deberá comenzar 60 días después del acuerdo final, tal como quedó suscrito el pasado 23 de septiembre. Con este acuerdo la mesa de diálogos entra en la recta final hacia la paz.