Víctimas de la tragedia de Fundación pedirán que el Gobierno pida perdón públicamente

/ Archivo- AFP

El bus en el que varios niños volvían al barrio Faustino Mujica, del municipio de Fundación en Magdalena, se varó. El conductor puso gasolina en el carburador, que originalmente funcionaba con gas, para intentar arrancar el vehículo. Una chispa hizo que el bus se prendiera fuego y que 33 menores y una mujer perdieran la vida.

La abogada Mary Luz Moreno es la encargada del proceso judicial administrativo del caso. Según ella, el mayor inconveniente al empezar el camino legal fue que muchas de las familias no querían demandar: “Con el tiempo fueron contemplando la posibilidad porque no les han cumplido en nada”.

Al respecto, Manuel Hernández, representante de las víctimas, aseguró que las promesas hechas por el gobierno han quedado en palabras y, que incluso hoy, ningún vocero del Estado se ha comunicado con las familias ni se ha presentado a los actos de conmemoración.

Luego de que las familias tomaran la decisión de unirse y demandar, el caso se llevó a la justicia. Allí se desarrollan dos procesos: el penal, que busca la condena de los implicados directos; y el administrativo, en el cual se intenta probar la responsabilidad de las entidades del Estado.

En lo penal se ha conseguido que Jaime Gutiérrez Ospino, conductor del bus, y Manuel Salvador Ibarra, pastor de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia y quien contrató el bus, estén presos. Los dos están a la espera de que se emita el fallo del juicio al cual fueron sometidos. La sentencia está programada para el próximo 27 julio y está sujeta a recurso de apelación por cualquiera de las partes. Alfredo Esquea Chávez, dueño del bus, y según los abogados, el mayor responsable de la tragedia, está prófugo.

Miguel Ángel Ramírez, representante legal de la firma de abogados que acompaña a los detenidos, espera que el pastor Ibarra quede en libertad condicional. El cargo imputado en primera medida contra Gutiérrez e Ibarra fue el delito de homicidio doloso, sin embargo, el Tribunal Superior de Santa Marta revirtió y modificó la acusación a homicidio culposo. Esto quiere decir que ninguno de los dos tuvo la intención premeditada de cometer el crimen. Ramírez cree que la sentencia para los imputados será de 7 a 10 años. Cabe aclarar que una hija de Ibarra murió en el acontecimiento.

El proceso judicial administrativo involucra a las víctimas como demandantes y a las entidades del Estado como las demandadas. Las organizaciones del gobierno nacional implicadas en la tragedia de Fundación son: el Ministerio del Transporte, la Policía, el distrito de Barranquilla, la Gobernación del Magdalena y el municipio de Fundación. Con todos ellos se hizo una audiencia de conciliación, acompañada por la Procuraduría, en Bogotá. Las entidades se negaron a hacer un acuerdo con las familias.

Dado que la conciliación no surtió efecto, Moreno instauró una demanda cuyo objetivo es que “el gobierno pida perdón público y que se indemnicen a las familias según lo que el juez considere”. La jurista hizo énfasis en que los familiares no han pedido ninguna suma de dinero y desmintió la versión que apareció en distintos medios en las cuales se afirma que las víctimas están pidiendo 10,000 millones. “La cuantía la determinará el juez cuando llegue el momento”, aclaró Moreno.