Víctimas, sin tiempo para registrarse

 

La urgencia de Obdulia Valencia también la comparte Mauricio Aguirre Obando, personero delegado de Derechos Humanos de Buenaventura, quien al enterarse que el corte de energía impediría la toma de declaraciones en línea, pidió ayuda de la Unidad de Víctimas en Bogotá para que le enviaran los formatos e imprimirlos en un computador prestados. “La planta eléctrica se nos apagó anoche, pero alcanzamos a imprimir 300. Esta jornada es muy importante porque estamos esperando a las personas para que no se queden sin contarle al Estado qué fue lo que les pasó”, explica Aguirre. 

 

El trabajo del personero esta semana en la toma masiva de declaraciones en Buenaventura cuenta con el apoyo de la Procuraduría y la Defensoría, las cuales, según la Ley de Víctimas, son las únicas entidades capacitadas para realizar esta actividad. Sin embargo, este es un problema grave y es  de carácter nacional: según la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper), para marzo de este año existían 38.000 declaraciones a la espera de ser escuchadas en 209 municipios del país. Entre las zonas  con más represamientos se encuentran Apartadó (Antioquia) con 1.900, El Copey (César) con 650; y Maceo (Antioquia) con 500. 

 

Fenalper ha sido, hasta ahora, la única organización que se ha puesto en la tarea de calcular cuántas víctimas están pendientes por registrarse. Sin embargo, no cuenta con las cifras específicas de los afectados antes de 2011. La Unidad de Víctimas ni siquiera tiene un estimado parecido. La premura del plazo a vencerse llamó la atención de la Procuraduría, que en marzo de este año radicó un proyecto de ley para conseguir que las víctimas tuvieran un año más para registrarse. 

 

El ponente del proyecto, el senador del Polo Democrático Alexander López, le dijo a este diario que es muy preocupante la situación, pues se trata de un proceso que busca escuchar a las víctimas del conflicto y llegar a una reparación. “Pero hacer esto en medio de un conflicto armado que no da tregua y sigue sumando, afectados es muy difícil”, agregó. 

 

La representante liberal Clara Rojas también participó en la elaboración del proyecto de ley, que además busca una estrategia de difusión en medios para que los afectados por el conflicto conozcan el tiempo que tienen para declarar. No obstante, la propuesta de reforma al plazo que estableció la Ley de Víctimas aún se encuentra en la plenaria del Senado, a la espera de un segundo debate que iba a tener lugar ayer. En caso de pasar, el tercer debate está programado para el 20 de junio: para entonces, a las víctimas ya se les habrá vencido el plazo.

 

Para la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, ampliar este plazo es fundamental para que quienes no se han acercado a declarar por temor a venganzas o por traumas, lo hagan: “Las personas con mayores dificultades han sido las que han experimentado violencia sexual, reclutamiento o quienes viven en el exterior”. Gaviria asegura también que con las 967.000 declaraciones que ha entregado el Ministerio Público entre enero de 2012 y abril de este año, 2’300.000 personas han sido incluidas en el registro único de víctimas. 

 

La Unidad de Víctimas, aseguró el senador López, no se involucró en el proyecto de ley para ampliarles el plazo a las víctimas para registrarse.  

 

Por otra parte, la Defensoría ha implementado planes de contingencia en diferentes puntos regionales para hacer tomas masivas de declaraciones. Juan Manuel Osorio, delegado para la orientación y asesoría de víctimas, le explicó a El Espectador que la idea es llegar a zonas rurales, en donde se han registrado la mayoría de actos violentos: “Donde es más urgente el trabajo es en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre, Tumaco, Buenaventura y todo Antioquia”

A pesar de los esfuerzos para apoyar la toma de declaraciones y organizar eventos masivos, la carga de trabajo de los personeros, que según datos de Fenalper han recibido las declaraciones del 85% de las víctimas, es enorme. “El presupuesto que manejan estas oficinas solo es de $80 millones al año y ese monto incluye el pago del funcionario, su secretaria, el arriendo de un punto de atención, el servicio de internet y papelería”, explica Andrés Santamaría, personero de Cali y presidente de la Federación. 

 

A pesar de los problemas de logística y la escasez de personal, los personeros de 150 municipios han implementado un sistema de citas para reducir el tiempo de espera de las personas dispuestas a contar sus casos, y así recortar las largas filas que se formaban afuera de las oficinas. Pero el número de turnos que se encontraban represados para marzo de este año superaba los 40 mil, según Fenalper.

 

El problema que se viene para las víctimas que no han querido o podido declarar es nacional y en Buenventura la falta de luz sólo lo empeoró. La petición urgente que han hecho personas como Obdulia Valencia y Mauricio Aguirre desde ese municipio vallecaucano es que se informe a la comunidad cuál será el procedimiento a seguir después del fin del plazo, que es en siete días, y cuál será el futuro de las víctimas que no se han atrevido a hablar.  

 

La urgencia de Obdulia Valencia también la comparte Mauricio Aguirre Obando, personero delegado de Derechos Humanos de Buenaventura, quien al enterarse que el corte de energía impediría la toma de declaraciones en línea, pidió ayuda de la Unidad de Víctimas en Bogotá para que le enviaran los formatos e imprimirlos en un computador prestados. “La planta eléctrica se nos apagó anoche, pero alcanzamos a imprimir 300. Esta jornada es muy importante porque estamos esperando a las personas para que no se queden sin contarle al Estado qué fue lo que les pasó”, explica Aguirre. 

 

El trabajo del personero esta semana en la toma masiva de declaraciones en Buenaventura cuenta con el apoyo de la Procuraduría y la Defensoría, las cuales, según la Ley de Víctimas, son las únicas entidades capacitadas para realizar esta actividad. Sin embargo, este es un problema grave y es  de carácter nacional: según la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper), para marzo de este año existían 38.000 declaraciones a la espera de ser escuchadas en 209 municipios del país. Entre las zonas  con más represamientos se encuentran Apartadó (Antioquia) con 1.900, El Copey (César) con 650; y Maceo (Antioquia) con 500. 

 

Fenalper ha sido, hasta ahora, la única organización que se ha puesto en la tarea de calcular cuántas víctimas están pendientes por registrarse. Sin embargo, no cuenta con las cifras específicas de los afectados antes de 2011. La Unidad de Víctimas ni siquiera tiene un estimado parecido. La premura del plazo a vencerse llamó la atención de la Procuraduría, que en marzo de este año radicó un proyecto de ley para conseguir que las víctimas tuvieran un año más para registrarse. 

 

El ponente del proyecto, el senador del Polo Democrático Alexander López, le dijo a este diario que es muy preocupante la situación, pues se trata de un proceso que busca escuchar a las víctimas del conflicto y llegar a una reparación. “Pero hacer esto en medio de un conflicto armado que no da tregua y sigue sumando, afectados es muy difícil”, agregó. 

 

La representante liberal Clara Rojas también participó en la elaboración del proyecto de ley, que además busca una estrategia de difusión en medios para que los afectados por el conflicto conozcan el tiempo que tienen para declarar. No obstante, la propuesta de reforma al plazo que estableció la Ley de Víctimas aún se encuentra en la plenaria del Senado, a la espera de un segundo debate que iba a tener lugar ayer. En caso de pasar, el tercer debate está programado para el 20 de junio: para entonces, a las víctimas ya se les habrá vencido el plazo.

 

Para la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, ampliar este plazo es fundamental para que quienes no se han acercado a declarar por temor a venganzas o por traumas, lo hagan: “Las personas con mayores dificultades han sido las que han experimentado violencia sexual, reclutamiento o quienes viven en el exterior”. Gaviria asegura también que con las 967.000 declaraciones que ha entregado el Ministerio Público entre enero de 2012 y abril de este año, 2’300.000 personas han sido incluidas en el registro único de víctimas. 

 

La Unidad de Víctimas, aseguró el senador López, no se involucró en el proyecto de ley para ampliarles el plazo a las víctimas para registrarse.  

 

Por otra parte, la Defensoría ha implementado planes de contingencia en diferentes puntos regionales para hacer tomas masivas de declaraciones. Juan Manuel Osorio, delegado para la orientación y asesoría de víctimas, le explicó a El Espectador que la idea es llegar a zonas rurales, en donde se han registrado la mayoría de actos violentos: “Donde es más urgente el trabajo es en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre, Tumaco, Buenaventura y todo Antioquia”

A pesar de los esfuerzos para apoyar la toma de declaraciones y organizar eventos masivos, la carga de trabajo de los personeros, que según datos de Fenalper han recibido las declaraciones del 85% de las víctimas, es enorme. “El presupuesto que manejan estas oficinas solo es de $80 millones al año y ese monto incluye el pago del funcionario, su secretaria, el arriendo de un punto de atención, el servicio de internet y papelería”, explica Andrés Santamaría, personero de Cali y presidente de la Federación. 

 

A pesar de los problemas de logística y la escasez de personal, los personeros de 150 municipios han implementado un sistema de citas para reducir el tiempo de espera de las personas dispuestas a contar sus casos, y así recortar las largas filas que se formaban afuera de las oficinas. Pero el número de turnos que se encontraban represados para marzo de este año superaba los 40 mil, según Fenalper.

 

El problema que se viene para las víctimas que no han querido o podido declarar es nacional y en Buenventura la falta de luz sólo lo empeoró. La petición urgente que han hecho personas como Obdulia Valencia y Mauricio Aguirre desde ese municipio vallecaucano es que se informe a la comunidad cuál será el procedimiento a seguir después del fin del plazo, que es en siete días, y cuál será el futuro de las víctimas que no se han atrevido a hablar.