Más allá de las diferencias entre el Gobierno y las Farc por el mecanismo para refrendar el acuerdo de paz, entre el plebiscito y la constituyente, la negociación está en un punto de no retorno y en pocos meses lo que se acordó en La Habana llegará al Congreso para la aprobación de la arquitectura jurídica de la paz. Un asunto para el cual el presidente Juan Manuel Santos requiere de una coalición fuerte que le permita, en poco tiempo y sin ninguna modificación, cumplir el trámite legislativo.
Los pasos en el Congreso se están dando. Mañana comenzarán las sesiones extras para discutir la prórroga y reforma de la Ley de Orden Público. Bajo el amparo de esta norma se dan las negociaciones de La Habana y por eso se debe ampliar su vigencia. Además, se dará vía libre a la propuesta de las zonas de concentración, que será radicada el martes, con diseño de la oficina del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, bajo absoluta reserva.
Para la reforma de la Ley de Orden Público y la segunda vuelta del acto legislativo para la paz, la Unidad Nacional tiene gasolina suficiente. Sin embargo, en el Gobierno saben que viene la aprobación de un complejo entramado jurídico –convertir en leyes lo acordado en La Habana– que requerirá de un apoyo más sólido para su rápida aprobación, darle legitimidad y para acallar las críticas del Centro Democrático.
Por este motivo, desde la Casa de Nariño se está buscando tender puentes para que el Partido Conservador y la Alianza Verde se sumen a la “coalición de unidad por la paz”. Por esta vía volverían al redil del Gobierno.
Hoy, el regreso oficial de los azules se da como un hecho. Desde diciembre se ventiló el tema en una reunión con Santos en la Casa de Nariño y fueron nombrados como compromisarios el presidente del Partido, David Barguil; los senadores Hernán Andrade, Juan Manuel Corzo y Nidia Marcela Osorio; y los representantes Pedrito Pereira, Heriberto Sanabria y Horacio Gallón. La decisión es: “regresamos a una nueva coalición, la Unidad Nacional cumplió su ciclo y es hora de pensar en la paz y el posconflicto”.
El representante Heriberto Sanabria, en diálogo con El Espectador, manifestó que “el partido no estaba en la coalición, pero no podemos estar por fuera de la paz. Si un partido se la ha jugado somos nosotros. En la historia reciente podemos hablar de los expresidentes Belisario Betancur y Andrés Pastrana, debemos seguir en ese empeño”. No obstante, en el conservatismo sigue habiendo voces críticas como la de Marta Lucía Ramírez, pero el grueso de los parlamentarios ya preparan el “trasteo”.
En la Alianza Verde también se han reunido en dos ocasiones para hablar del tema. En pocos días habrá un encuentro de parlamentarios, la dirección nacional y alcaldes y gobernadores recién posesionados. Un sector ratifica la independencia crítica. El otro señala que “nosotros no podemos seguir jalando la paz sin que se nos tenga en cuenta” y plantean llegar a la “Unidad por la paz”.
Uno de los argumentos es la posibilidad de que desde el Gobierno se brinde apoyo en infraestructura e inversión a los mandatarios de la colectividad para tener una gestión exitosa. Este planteamiento prima en la dirección nacional y en los electos.
Los congresistas se inclinan más por la independencia crítica, en especial porque consideran que casos como los millonarios sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar) y la venta de Isagén, en contra de lo que planteaba la gran mayoría de los parlamentarios, son argumentos para no sumarse a las filas del Gobierno.
Además, como dijo el senador Antonio Navarro: “Por la paz todo, no necesitamos burocracia”. No obstante, hay voces como la del senador Jorge Iván Ospina, quien considera que es necesario estar en el Gobierno y participar de beneficios en términos de representación.
Ese es uno de los puntos que se han venido discutiendo a puerta cerrada. Es claro que viene una inversión millonaria para el posconflicto (señalan que $90 billones en diez años) y la creación de una serie de entidades para la paz. Eso en términos prácticos implicaría cargos y presupuesto para los partidos de la coalición, tal como ocurre con el nombramiento de ministros y altos funcionarios del Estado.
Este punto fue objeto de discusión en una reunión del Partido de la U la semana pasada, en la que estuvieron los ministros Mauricio Cárdenas y Aurelio Iragorri. La situación se expuso en los siguientes términos: “El Partido Liberal tiene seis ministerios: Salud, Tic, Interior, Posconflicto, Cancillería y Justicia, a lo que se le suma Planeación Nacional. Cambio Radical tiene toda la infraestructura (Vivienda, Transporte y Vicepresidencia), pero no les interesa el proceso de paz. Necesitamos una coalición equilibrada y que piense realmente en la negociación”, dijo un parlamentario asistente. Por eso, al finalizar el encuentro el copresidente de la U, Roy Barreras, hizo un llamado a la “Unidad por la paz”.
El Partido Liberal estuvo reunido el jueves en Bucaramanga y la decisión fue la misma: “Convocar a partidos y organizaciones sociales y empresariales que estén comprometidos con la reconciliación, a conformar un Gran Frente Común por la Paz, para defender los acuerdos, para garantizar su cumplimiento, lograr la convivencia y superar el dolor y la desgracia que han provocado estos 50 años de lucha fratricida”.
La estrategia está servida: crear una gran coalición sobre la cual transitará cómodamente el bus de la paz. Para eso, cada partido pondrá sus cartas en la mesa, se barajará de nuevo y seguramente llegarán los anunciados cambios en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos. Se calculan diez años de millonarias inversiones para el posconflicto y nadie quiere quedarse por fuera.