Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las entidades presentaron una “alerta temprana binacional” con el fin de “prevenir las violaciones de derechos y proteger” a cerca de 29.000 indígenas de esta comunidad que habita en la línea limítrofe, de acuerdo a un comunicado.
Según cifras del pueblo Awá, en 2022 fueron víctimas de 22 homicidios, dos masacres (o asesinato de tres o más personas), siete desapariciones, diez hechos de desplazamientos masivos, cinco accidentes con minas antipersonales, entre otras acciones violentas. Además, unos siete menores de edad son reclutados mensualmente.
La guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 y bandas narcotraficantes se disputan en la región la “economía de la coca, la minería ilegal, la tala ilegal de bosques y otras economías ilícitas”, dijo el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, durante la presentación del informe en Bogotá.
Las organizaciones armadas aprovechan la porosidad de la frontera de 600 kilómetros “con brechas de presencia estatal”, favorables para el “ocultamiento de hombres y material de guerra”, añadió.
Pese al desarme del grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), la violencia persiste en Colombia y deja más de 9 millones de víctimas en medio siglo.
Con el histórico pacto “hubo entre comillas un descanso” pero luego “los grupos al margen de la ley se comenzaron a organizar, a generar más violencia” y “una represión muy fuerte”, peor que la que imponían los entonces rebeldes de las FARC, dijo Noel Amilcar, líder awá.
Y la violencia recae sobre los pueblos originarios que tradicionalmente se han opuesto al negocio de la droga.
Esta comunidad sufre además por “falta de atención del Estado en salud, educación, vivienda, acceso a agua potable, Internet”, sostuvo César Córdova, Defensor del pueblo de Ecuador.
El gobierno izquierdista de Gustavo Petro adelanta negociaciones con los grupos armados con miras a desactivar la prolongada guerra interna.
Desde que llegó al poder el 7 de agosto han matado a 14 indígenas awá y más de 10.000 han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento forzado, según la Defensoría.
“La situación del pueblo Awá es una situación de riesgo extremo”, insistió en el evento Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.