Cayetano Ipuana, mayor wayuu del territorio Paatki-Jeketumana en el Cabo de la Vela (La Guajira), ya no despierta sin preocupaciones. Sus inquietudes matutinas empezaron en el momento en que abrió la puerta, junto con seis familias más dueñas del territorio, a la consulta previa para el desarrollo del parque eólico JK4 en su territorio en noviembre del año pasado. JK4 es uno de los cinco parques que conforman el clúster eólico Jemeiwaa Ka´i, el más grande planeado hasta el momento en La Guajira, propiedad de AES Colombia y al que recientemente se unió Ecopetrol mediante la firma de un Acuerdo Marco de Inversión que le dará el 49 % de su propiedad, una vez se resuelvan algunos impedimentos.
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Las preocupaciones de Cayetano se han acentuado a medida que trascurren las conversaciones. Él, que no habla español, solo wayuunaiki, se ha dado cuenta que los alijuna (personas no wayuu) no han entendido el valor que tiene el territorio. Quisiera contarles que el territorio es como una mujer juramia, bien cuidada y protegida como lo hacían sus antepasados, para que aquel que viniera de lejos para pretenderla y hacerla su mujer la valorara por sus dotes. “Eso es igual ahora con esta tierra, esta tierra es una juramia, y si un hombre alijuna la quiere pretender, debe dar una buena compensación por ella”, dice.
Recuerda que a la tierra guajira la han pretendido muchos alijunas. “Ahí está Medialuna que la pretendió El Cerrejón, está Guajira 1 (parque eólico de Isagen), que también la enamoró un alijuna. Así es, a esta tierra la vienen a enamorar muchos alijunas. Si la van a enamorar, se la debe valorar por lo que ella vale”. Y recalca: “nosotros no estamos vendiendo la tierra, vamos a arrendarla, a prestarla por un tiempo, no podemos venderla, no sabemos su precio, es incalculable, esto es un prestado, un alquilado”.
Conchita Ipuana, autoridad tradicional de Paatki-Jeketumana y gran artesana, remarca además que esta tierra está en el corazón del Cabo de la Vela, lugar que tiene un gran valor cultural para todo el pueblo Wayuu pues allí se encuentra Jepira, aquel lugar en donde finaliza el camino de las “almas” de los wayuu muertos, donde a la inversa de la precaria vida material en esta tierra ellos encuentran la abundancia y el reposo. Muchas de estas almas, dicen, se guían por los distintos vientos que surcan el territorio, y se preguntan si los aerogeneradores les confundirán el camino.
Cuidar este lugar, guiar a través de los sueños las almas que llegan buscando a Jepira, es una responsabilidad de los clanes wayuu que habitan el Cabo de la Vela. Y esto es un gran compromiso. Temen, por ejemplo, que una mala negociación conlleve problemas con clanes de muchas partes de La Guajira. “¿Cómo haremos si un wayuu de la Alta Guajira sueña que su alma o la de sus parientes no podrá llegar a Jepira porque hicimos una mala negociación con los proyectos eólicos en este lugar”, señala Conchita. Además, se preocupa porque quizás las nuevas generaciones no tendrán este referente cultural porque el territorio se colmó con aerogeneradores.
A estas preocupaciones se añaden otras. Paatki-Jeketumana es el territorio de pastoreo del clan Ipuana; allí chivos y ovejos encuentran las fuentes de su alimento en los pastos, pocos en verano muchos en invierno, y en los trupillos y otras plantas presentes en cualquier momento del año. Pero, además, es el lugar donde crece en invierno el hongo merra, con el que las mujeres wayuu fijan el cebo de chivo que les sirve como “el mejor bloqueador solar” natural para una Guajira donde la radiación solar supera con creces la de otras regiones del país.
Tres puntos del territorio les inquietan concretamente porque, según comunicación de la empresa, se instalarán muy cerca tres de los 11 aerogeneradores del parque JK4, que tienen una altura de más de 150 metros, lo que equivaldría a un edificio de cinco pisos. Uno de estos puntos tiene que ver con la presencia de manantiales de agua dulce cerca del mar y de una laguna soñada que perdió su dulzura por un sueño no cumplido; el otro, con un árbol de totumo de más de cien años de antigüedad, que demarca uno de los límites del territorio; y el último, con Kamaichi (Pilón de Azúcar), cerro sagrado del pueblo Wayuu y de gran importancia para el turismo en el Cabo.
La consulta previa
En medio de estos pensares wayuu transcurre la consulta previa. Están en la etapa de evaluación de impactos. Antes se surtieron otros pasos, como la definición de la Ruta Metodológica, la conformación del equipo técnico wayuu y la definición de los tiempos del proceso de consulta desde el inicio hasta su protocolización. Y ahí empezaron las dudas, aun a pesar de tener firme la intención de llegar a acuerdos.
Lo que más inquietó a Conchita fue la insistencia de la empresa en que los wayuu no contrataran asesores. Ella y sus familiares sabían que en el caso de El Cerrejón, hace ya más de 40 años, la falta de profesionales wayuu fue una de las causas de una muy mala negociación que término por despojarlos de buena parte de su territorio a lo largo de toda la península. Eran otros tiempos, desde luego. Los derechos de los pueblos indígenas otorgados por la Constitución de 1991 no estaban vigentes, tampoco el derecho a la consulta previa que se dio con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. “Ahora nosotros tenemos buenos profesionales que saben defender nuestro territorio”, dice Conchita.
Pero las conversaciones son muy difíciles. Junto con la desconfianza labrada durante más de 500 años de historia de un mal relacionamiento con los alijunas, aparecen los problemas de un verdadero diálogo intercultural, uno de los principios que debería regir en las consultas previas. Tan poco intercultural es la consulta que las conversaciones deben hacerse en español, y Cayetano, que no lo habla, pero quien es figura central de las negociaciones, tiene que permanecer callado, mientras los traductores wayuu tratan de encontrar las metáforas que en wayuunaiki les permitan explicar los tecnicismos propios de una industria como la eólica y los de una legislación, que, si bien es un derecho, se traduce en la práctica en palabras técnicas difíciles de interpretar.
A esto se suma, como ya lo hemos visto, una disparidad de significados que habla de visiones encontradas sobre el territorio y las personas, el modelo de desarrollo deseado y los sueños de la vida por venir.
Es también difícil imaginar cómo será el futuro en 25 años, tiempo de duración del proyecto que ha planteado la empresa. Especialmente porque JK4 es solo uno de los proyectos de energía eólica en tierra y mar que se están planteando para La Guajira. El equipo técnico wayuu sabe por informaciones de prensa o búsquedas en internet que el territorio de La Guajira, y el Cabo de la Vela en concreto, está concesionado para muchos proyectos minero-energéticos y de energías renovables. Pero esa información no se pone en la mesa de negociación de la consulta, porque esta se realiza de manera parcial sobre cada proyecto en concreto y no con una visión regional que permita valorar en conjunto el impacto sinérgico de los proyectos y de este modelo de desarrollo sobre el territorio wayuu.
Decisiones económicas que se toman desde el centro del país, desde un Estado que ha determinado el rumbo del desarrollo de acuerdo con las tendencias globales y las necesidades del país. Esta, que debería ser una responsabilidad del gobierno para con los territorios y los pueblos indígenas, y parte fundamental de las consultas previas, está ausente en esta negociación.
La visión empresarial
Diego Patrón, gerente general de Jemeiwaa Ka´i SAS, empresa filial de AES Colombia y encargada de llevar las negociaciones territoriales de los proyectos, cree que “esta es una responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como ente encargado de tomar en consideración los impactos sinérgicos de estos desarrollos, mientras que las empresas se limitan a medir su impacto con respecto a su realidad actual y eso es lo que se discute con las comunidades”.
Otro de los principios de la consulta previa que debe garantizar la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP) es poder contar con información amplia, veraz, confiable y oportuna para que los pueblos indígenas, en este caso el wayuu, puedan tomar sus decisiones. En el caso de JK4 en el territorio de Paatki-Jeketumana, esto se ha cumplido solo parcialmente en el sentir de los wayuu.
Además de las demoras en la entrega de la información, a veces de tres y cuatro meses una vez solicitada, lo que va en detrimento de los tiempos estipulados para la consulta, la información entregada tiene vacíos importantes, señalan miembros del equipo técnico wayuu. Es el caso de los niveles de ruido de los aerogeneradores o de los efectos de estos sobre la salud humana y animal; especialmente les preocupan las aves migratorias y los murciélagos, polinizadores del territorio, junto con los chivos y ovejos que son la fuente del intercambio y de la alimentación.
En el caso del ruido, los wayuu del Cabo de la Vela creen que el estudio de impacto ambiental que hizo la empresa no es confiable, puesto que se realizó, como la empresa misma reconoce, en muy poco tiempo, tan solo dos días, y esto tendría un impacto crítico en el turismo, la economía tradicional, la identidad cultural y el territorio, teniendo en cuenta que la proyección de parques eólicos en este territorio es de alrededor de 90 aerogeneradores. Temen que este impacto termine por expulsarlos de su territorio. Para Patrón, “un distanciamiento del proyecto de 3 km del Cabo de la Vela hace muy lejana esa posibilidad”.
Pero estas respuestas llenas de certezas técnicas propias de la experticia empresarial, ancladas en la posibilidad de que todo puede subsanarse con medidas de manejo, junto con un imaginario de energía limpia que juega a su favor, no convence totalmente a los wayuu. Y aquí lo importante es entender que, de la categorización de los impactos entre bajos, moderados, severos y críticos, depende la compensación que la empresa debe dar a los wayuu. Para Conchita, Cayetano y los otros grupos familiares, el impacto es crítico, pero esto no lo definen ellos solos, corresponde a la empresa junto con la DANCP definir su gradación.
¿Cómo tasar el valor de la compensación por los impactos que conlleva el proyecto eólico si la información es parcial y fragmentada?, se preguntan. Saben que la hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa fuera en Colombia (World Bank, 2022) señala que en el Cabo de la Vela existen dos proyectos eólicos en el mar, uno de ellos a menos de 10 kilómetros de la línea de playa, que afectarán de manera severa las fuentes de alimentación de los pescadores wayuu y el turismo.
Saben también que Diego Patrón, ha informado en entrevistas de prensa (Portafolio, 10 de julio de 2024) que el excedente de la energía que insertará el clúster eólico Jumeiwaa Ka´i irá posiblemente para la producción de hidrógeno verde, otra de las ventajas competitivas que tiene el territorio guajiro por sus altos niveles de radiación solar. Para lo cual también reposa en el Ministerio de Minas otra hoja de ruta para su desarrollo.
La compensación del parque eólico
La transición energética debe ser justa, lo ha planteado una y otra vez el presidente Gustavo Petro. Incluso de manera reciente el ministro de Minas, Edwin Palma, lanzó la propuesta que las comunidades deben participar en los beneficios que traerá esta transición como socios de las empresas que la impulsan. Esta es una propuesta que los wayuu de Paatki-Jeketumana contemplan como otra posibilidad para la compensación por el uso de territorio durante 25 años. Esto porque lo que hasta el momento está sobre la mesa es una compensación donde el 80 % de la misma está basada en bonos verdes, instrumentos de deuda que se utilizan para financiar proyectos con beneficios ambientales positivos, y que además de las dificultades de su negociación los pondría en una dinámica económica a la cual no están acostumbrados.
También les preocupa que el 6 % de la compensación propuesta por la empresa esté basada en un derecho ya adquirido mediante el Plan de Desarrollo de este gobierno en el cual se estipula que las empresas que generen energía deben dar ese porcentaje a las comunidades donde se implementan los proyectos. “¿Por qué si ese es un derecho adquirido se introduce como parte de la compensación?”, se pregunta el equipo técnico wayuu. “Y si lo derogan en gobiernos próximos, perderíamos ese porcentaje”, finalizan.
Frente a estos tres elementos de la compensación, Patrón señala que “nuestros acuerdos con las comunidades van en tres líneas. Una es la compensación fija que se aplica sobre todos los impactos y dos son variables y tienen como premisa que en los proyectos debemos ser convocados y ganar todos. Por eso, los bonos verdes, que son parte fundamental de cualquier transición energética, permiten que todos participemos en ella. El 6 % fue una discusión de país para encontrar una forma de estabilizar la conversación con las comunidades, es un derecho que moverlo sería una grave equivocación porque el pulso político es absolutamente complejo”.
Señala, además, que “el 35 % de las utilidades de estos proyectos son de las comunidades y los pone en una situación muy ventajosa porque se pagan desde el inicio de los proyectos como un acuerdo frente a un derecho fundamental”. Para él, ser socios de las empresas no es ventajoso porque “en una cascada de pagos en una compañía, el accionista es el último en pagarse; entonces, si le fue mal, no se le paga. ¿Por qué? Porque hay pérdida, y todo el mundo participa de la pérdida. En este caso, los acuerdos de consulta se están estableciendo como un costo, lo que hace que durante los primeros 10 años los ingresos van hacia las comunidades en diferentes rangos”.
Los vientos que soplan sobre los proyectos de energía eólica en La Guajira están en un momento de turbulencia. Problemas regulatorios en el país, demoras en las consultas previas y en las licencias ambientales, conflictos sociales con las comunidades, que han generado malestar y bloqueos durante las obras, y problemas estructurales del territorio han dificultado su desarrollo. Con el Acuerdo Marco de Inversión entre Ecopetrol y AES Colombia para el clúster Jumeiwaa Ka´i y la compra por parte de la estatal petrolera del proyecto Windpeshi, abandonado por Enel Colombia en 2023, el Estado colombiano busca darle un nuevo impulso y calmar las perturbaciones que aquejan a estos proyectos de energías renovables.
Pero la mayor responsabilidad del gobierno es generar procesos de consulta previa que garanticen plenamente los derechos humanos, mediante información veraz, completa y oportuna, estudios ambientales (EIA) que analicen a fondo los verdaderos impactos sinérgicos del conjunto de los proyectos, y sobre todo, que suministren información certera sobre los alcances regionales de este modelo de desarrollo verde y sus verdaderas consecuencias sobre la vida futura de las comunidades. Por la forma fragmentada y parcial como viene llevando este proceso la DANCP, estas responsabilidades fundamentales del Estado están muy lejos de alcanzarse. También lo está la licencia social, requisito indispensable para que estos proyectos puedan desarrollarse con respeto y justicia con el pueblo wayuu.
Sin tener en cuenta estas dimensiones profundas, quizás se repita el sueño premonitorio de los wayuu durante la llegada de El Cerrejón a su territorio hace cerca de 50 años; en este, un rinoceronte, animal extranjero ajeno a estas tierras, arrasaba en su carrera con todo lo que encontraba a su paso.
* Periodista e investigadora de la Universidad Externado de Colombia.
claudia.cano@uexternado.edu.co
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