Viviendas gratis, en entredicho

El Minvivienda reconoce que “el contratista seleccionado presentó problemas de índole técnicos y económicos para continuar con la ejecución del proyecto de vivienda, en el barrio Bávaro”.

Sin embargo, desde el principio, la firma afrontó dificultades. Cuando había construido las primeras seis casas, la interventoría Unión Temporal-Interviviendas les ordenó demolerlas, porque los concretos no cumplían con los requerimientos técnicos. Luego del incidente, los trabajos se suspendieron por dos meses (julio a septiembre de 2014), y aunque retomaron las tareas a finales de 2014, los contratistas se desaparecieron.

El ingeniero Heinz Mira, residente técnico, asegura: “Hablé con Carlos Jaramillo, director de la obra, me ofreció un salario integral de $3’000.000 y yo acepté porque iba a ganar más. No hubo contrato escrito, sólo verbal. Me pagaron las primeras dos quincenas y después no volvieron a responder, decían que no tenían plata, después, de la noche a la mañana, se fueron sin dejar ni siquiera un teléfono”.

A Guillermo Llanos, oficial de construcción, también le deben dinero, así como a su esposa, quien hizo un préstamo de $2’000.000 para venderle la alimentación al equipo. “Por la indignación y presionando para que les pagaran, varios obreros le incautaron la camioneta al ingeniero Jorge Jaramillo, residente administrativo que es familiar de los dueños. Se tuvo que llamar a la Policía para que se la devolvieran, acordaron que se les iba a arreglar lo del pago, pero al otro día ya no había nadie. Ni siquiera contestaron el celular”, afirma Llanos. Como ellos, por lo menos 30 personas más, entre ingenieros, cocineras y arrendatarios de viviendas se encuentran afectados.

Para lograr el pago de salarios dejados de percibir, más la sanción por la no cancelación de los mismos, los empleados contrataron al abogado Javier Moros Acosta, quien demandó a Sánchez Beltrán Ltda. y a la Fiduciaria Bogotá, que tiene el contrato para administrar los recursos destinados al programa de viviendas subsidiadas, por cuantía de $142.500 millones, liquidados hasta febrero de 2015.

“A ninguno de los empleados les hicieron contrato escrito, sólo verbal, el cual goza de los mismos beneficios que confiere el Código Laboral”, señala el jurista.

El Minvivienda reconoce que “el contratista seleccionado presentó problemas de índole técnicos y económicos para continuar con la ejecución del proyecto de vivienda, en el barrio Bávaro”.

Sin embargo, desde el principio, la firma afrontó dificultades. Cuando había construido las primeras seis casas, la interventoría Unión Temporal-Interviviendas les ordenó demolerlas, porque los concretos no cumplían con los requerimientos técnicos. Luego del incidente, los trabajos se suspendieron por dos meses (julio a septiembre de 2014), y aunque retomaron las tareas a finales de 2014, los contratistas se desaparecieron.

El ingeniero Heinz Mira, residente técnico, asegura: “Hablé con Carlos Jaramillo, director de la obra, me ofreció un salario integral de $3’000.000 y yo acepté porque iba a ganar más. No hubo contrato escrito, sólo verbal. Me pagaron las primeras dos quincenas y después no volvieron a responder, decían que no tenían plata, después, de la noche a la mañana, se fueron sin dejar ni siquiera un teléfono”.

A Guillermo Llanos, oficial de construcción, también le deben dinero, así como a su esposa, quien hizo un préstamo de $2’000.000 para venderle la alimentación al equipo. “Por la indignación y presionando para que les pagaran, varios obreros le incautaron la camioneta al ingeniero Jorge Jaramillo, residente administrativo que es familiar de los dueños. Se tuvo que llamar a la Policía para que se la devolvieran, acordaron que se les iba a arreglar lo del pago, pero al otro día ya no había nadie. Ni siquiera contestaron el celular”, afirma Llanos. Como ellos, por lo menos 30 personas más, entre ingenieros, cocineras y arrendatarios de viviendas se encuentran afectados.

Para lograr el pago de salarios dejados de percibir, más la sanción por la no cancelación de los mismos, los empleados contrataron al abogado Javier Moros Acosta, quien demandó a Sánchez Beltrán Ltda. y a la Fiduciaria Bogotá, que tiene el contrato para administrar los recursos destinados al programa de viviendas subsidiadas, por cuantía de $142.500 millones, liquidados hasta febrero de 2015.

“A ninguno de los empleados les hicieron contrato escrito, sólo verbal, el cual goza de los mismos beneficios que confiere el Código Laboral”, señala el jurista.