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22 Dec 2021 - 6:46 p. m.

Wayuu se declararon en huelga de hambre por construcción de cárcel en La Guajira

Los indígenas de la comunidad La Ceibita Macedonia señalan que, debido a las obras, los han ido desplazando de su territorio, así como las cercas han cortado los caminos a la zona donde habitan alrededor de 66 familias.
El Ministerio del Interior determinó que para la construcción de la cárcel no se requiere consulta previa a la comunidad Wayuu.
El Ministerio del Interior determinó que para la construcción de la cárcel no se requiere consulta previa a la comunidad Wayuu.
ONG Nación Wayuu
El Ministerio del Interior determinó que para la construcción de la cárcel no se requiere consulta previa a la comunidad Wayuu.
El Ministerio del Interior determinó que para la construcción de la cárcel no se requiere consulta previa a la comunidad Wayuu.
Foto: ONG Nación Wayuu

Como última instancia, tres indígenas Wayuu de la comunidad La Ceibita Macedonia se declararon en huelga de hambre como protesta a la construcción de una nueva cárcel de mediana seguridad en Riohacha, La Guajira, que se hará en un predio aledaño al que viven por lo menos 66 familias indígenas.

Su inconformismo se centra en que, cuando se hizo el cercamiento del predio, hace aproximadamente dos años, se cortó el camino por donde transitaban los Wayuu, debido a que habitan en la parte trasera de donde se construirá la cárcel, por lo que solicitaron que se hiciera una consulta previa, al verse afectados.

Según explica la comunidad, se interpuso una tutela con la cual en segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Riohacha solicitó al Ministerio del Interior realizar las verificaciones correspondientes, así como establecer un diálogo intercultural con la comunidad que se vería afectada.

“Pero el diálogo nunca se surtió, excepto la resolución que emana el Ministerio del Interior manifestando que la consulta previa no procedía, desconociendo a la comunidad y por ende los impactos sociales, culturales, espirituales, que podría desencadenar el desplazamiento”, indicaron los Wayuu en comunicado.

Es por ello que los indígenas piden que se revise el alcance de la sentencia del Tribunal, se haga el acompañamiento del ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) y se establezcan mesas de diálogo con la alcaldía de Riohacha y el Ministerio del Interior para dar soluciones a las afectaciones que atribuyen a la obra, pues resaltan que no se oponen a la obra, sino que respeten sus derechos.

La nueva cárcel, en la que se invirtieron $182.000 millones, tendrá una capacidad hasta de 1.500 reclusos y siete pabellones que se dividirán para hombres, mujeres e indígenas. La obra fue adjudicada a finales de 2020 al consorcio Eron La Guajira, que integran las empresas Varela Fiholl y Compañía SAS y A Construir S.A.

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