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El Gobierno informó este martes que en lo que va de 2015 registró en su territorio 208 víctimas de minas antipersonales, de ellas 27 menores y 11 miembros de comunidades indígenas.
Durante su intervención en la decimocuarta reunión de los Estados parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales que se celebra esta semana en Ginebra, Colombia presentó los esfuerzos que realiza en materia de desminado y en favor de las víctimas de este armamento.
Comparó la última cifra de víctimas con la de 2014, cuando hubo 286 afectados, de los que 40 fallecieron por la explosión de las minas.
"Desde la solicitud de prórroga (para cumplir con liberar el territorio de estos artefactos) formulada por mi país en 2010, Colombia ha declarado cinco municipios libres de sospechas de minas", señaló en un discurso la embajadora colombiana Beatriz Londoño Soto.
La perspectiva oficial, indicó, es que liberar de sospechas de minas los territorios permitirá el retorno voluntario y seguro de las poblaciones desplazadas, así como inversiones en sectores rurales.
Sin embargo, dijo que todavía resulta muy difícil determinar con precisión cuáles son las áreas afectadas.
"Para los grupos armados ilegales es muy sencillo instalar minas antipersonales y muy costoso y complejo para el Estado despejar el territorio", comentó.
Agregó que la utilización de dispositivos explosivos improvisados, con características de minas antipersonales, siguen causando muertes y afectando tanto a civiles como a uniformados.
Sobre los esfuerzos oficiales para la eliminación de minas, la embajadora explicó que las capacidades de desmantelamiento han aumentado en las fuerzas militares, que actualmente cuentan con 14 pelotones de desminado humanitario con más de 10.000 efectivos entrenados para ello.