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Una delicada discusión quedó aplazada en el consejo directivo del Incoder. Se trata del proyecto que buscaba un acuerdo para la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo. La medida se argumentó diciendo que hasta que se resuelva la acción de tutela y la demanda de inconstitucionalidad que tiene esta figura no se abordará el tema. Esta salida le dio la razón a la Procuraduría, el beneficio de la duda a los indígenas demandantes e indignó a la Asociación de Reservas Campesinas (Anzorc).
En un comunicado, el Incoder confirmó que durante una reunión, el pasado jueves, a la que asistieron el ministro de Agricultura , Rubén Lizarralde; el viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández, y el gerente del Incoder, Ariel Borbón, llegó un oficio de la Procuraduría .
El documento, número 070 del 27 de marzo, señaló que la Procuraduría se había vinculado al trámite de la acción de tutela contra el acuerdo que busca constituir la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá y promovida por el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí, Natubaiyibari.
El Ministerio Público, en su comunicación, le solicitó al Incoder que se abstuviera de aprobar el mencionado proyecto hasta tanto se resolviera de fondo la acción de tutela y la acción de inconstitucionalidad. Apenas se hizo pública la decisión, César Jerez, presidente de Anzorc, señaló que no se trató de un aplazamiento, sino de “una leguleyada más del procurador que viola el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y los acuerdos”. Agregó que el Incoder “no cumple ni la palabra ni la ley”.
La polémica se desató luego de un artículo de El Espectador que detallaba la controversia que en voz baja se trenzaba entre organizaciones campesinas e indígenas por la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Un acuerdo con el Gobierno que al parecer iba muy adelantado, comprendía cerca de 175 mil hectáreas e incluía un diagnóstico que apuntaba a que en esta zona “no tenía presencia indígena”.
Como era de esperarse, representantes del pueblo indígena Motilón Barí, que habitan esa zona, protestaron. Diego Elías Dora, vocero de esta comunidad, en carta enviada el pasado 5 de marzo al procurador Alejandro Ordóñez y al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció que el Gobierno quiere “invisibilizarlos para cumplir unos acuerdos en La Habana”.
Esta última relación no es descabellada, ya que los delegados de paz de las Farc en La Habana han manifestado su interés en esta figura agraria como una forma de redistribución de la tenencia de la tierra, regularización de los procesos campesinos de colonización y de superación de las causas del conflicto con programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Paralelamente a esta controversia, existe una demanda, de agosto de 2013, contra las zonas de reserva campesina, establecidas en la Ley 160 de 1994, que regula la entrega de baldíos a campesinos, por razones similares. Édwar Álvarez Vacca le pidió al alto tribunal que las tumbara porque las comunidades indígenas nunca fueron consultadas para la expedición de esta norma que los afecta, porque “incita a la colonización en territorios ancestrales”. La Procuraduría avaló la tesis de la demanda y pidió tumbar las zonas de reserva campesina en todo el país.
Por lo pronto, tras el aplazamiento de esta discusión sobre el Catatumbo, el mensaje de urgencia que tendría el Incoder para sacar este proyecto adelante, y así enviarle un mensaje de tranquilidad a La Habana, con la materialización de los primeros acuerdos con la guerrilla, se detuvo en seco. Hasta ayer las Farc guardaban silencio, pero se espera un pronunciamiento.