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John Otis es un periodista estadounidense que vino a Colombia, en 1997, para informar sobre la guerra como corresponsal de la revista Time y se quedó. Hoy sigue trabajando desde Bogotá para medios como la Radio Pública de los Estados Unidos y es el consultor del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York para la región andina. A finales del año pasado recibió el premio de periodismo más importante de América: la medalla de oro Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, en Nueva York. (Vea otra entrevista de Nelson Fredy Padilla, a la artista Doris Salcedo).
Según el jurado, el galardón es por una carrera de 35 años informando sobre América Latina, “contribuyendo al entendimiento interamericano a través de su excelente trabajo periodístico”, publicando también en medios como United Press International, “Global Post”, “The Wall Street Journal” y “Houston Chronicle”. ¿Qué significa para usted?
Significa que tengo muchos años... ja, ja, ja. Es el reconocimiento a una carrera tratando de entender todos estos países y de transmitir a los estadounidenses lo que está pasando.
Empezó en 1989 en Panamá, durante la invasión estadounidense y la caída del dictador Manuel Antonio Noriega.
Exactamente. Yo era un novato y llegué diez días antes. Estaba tan perdido en ese momento que no sabía dónde estaba el cuartel de Noriega y andaba por la calle buscando un apartamento para vivir. No sabía que las tropas estaban a punto de invadir, pero uno aprende en el camino. Empezó la guerra, sacaron a Noriega en pocos días y ahora veo al presidente Donald Trump hablando de invadir a Panamá de nuevo para retomar el canal.
Ya con experiencia, lo mandaron a cubrir la guerra en Colombia, en 1997.
Sí. Llegué cuando Colombia era otro país. Había caos, una guerra muy fuerte, muchos secuestros, las FARC tenían como 15.000 tropas. Había gente que pensaba que los guerrilleros iban a ser capaces de tomar Bogotá o las ciudades grandes. Entonces hubo mucho interés de mis editores y, además, era la época del Plan Colombia, Estados Unidos estaba invirtiendo mucho en Colombia en la guerra contra las drogas y contra la guerrilla.
La situación no parece haber cambiado mucho, si vemos zonas rurales como Guaviare, Cauca, Chocó... Usted viaja esta semana a las selvas del Catatumbo para informar de nuevo sobre nuestra guerra cíclica y eterna. La misma en la que nos conocimos en tiempos del Caguán y la toma de Mitú, a finales de los años 90.
Es triste. Recuerdo que hace nueve años, cuando estaban a punto de firmar el proceso de paz en La Habana, Colombia era mucho más tranquilo, tanto que fui hasta el Guaviare para hacer una historia sobre una carrera de bicicletas. Fui haciendo un reportaje sobre bogotanos y antioqueños que viajaron a San José del Guaviare, con quienes montamos en bicicleta también en Calamar y Miraflores, porque se habían vuelto lugares muy calmados. Ahora en Guaviare han arrancado nuevos combates, como en Catatumbo.
Escribió el libro “La ley de la selva” (2010) sobre tres contratistas militares norteamericanos secuestrados por guerrilleros colombianos y sobre soldados del Ejército que encontraron una guaca con dinero en efectivo de las FARC. ¿Escribirá “La ley de la selva II”?
Esa época era un momento muy interesante en Colombia, porque el Ejército Nacional estaba en su máximo nivel de prestigio y había logrado debilitar a las FARC con la Operación Jaque para liberar muchos rehenes y, por otro lado, el libro cuenta cómo soldados rasos mal pagados llenaron sus bolsillos con dinero de la guerrilla. Hoy es otro Ejército con otros desafíos. La guerrilla es muy distinta. Veo la guerra un poco más complicada, un poco menos en blanco y negro. Antes eran las FARC contra el Ejército, con los paramilitares de por medio. Ahora hay tantos grupos distintos, mafias que quieren controlar regiones, que quieren extorsionar, ser los patrones de la zona, y no quieren enfrentarse con el Ejército, no quieren tomarse Bogotá. Me encantaría escribir otro libro, pero con un final feliz.
Difícil con la realidad actual. ¿Cómo cree que debe responder el Estado ante este tipo de violencia mafiosa como la del Catatumbo?
Obviamente tiene que haber más presencia estatal en esas zonas. Eso siempre ha sido el problema histórico de Colombia: que hay grandes extensiones del país sin gobierno, sin control, lugares muy fáciles para que estos grupos tomen el control, amedrenten a la población y hagan lo que les dé la gana. Se necesitan más fuerzas militares, policías, fiscalía, desarrollo...
¿Vale la pena insistir con procesos de paz?
Estos procesos de paz están fallando. Por lo que estamos viendo en Catatumbo, no veo que el ELN esté muy interesado en hacer la paz con el Gobierno. Toca repensar los procesos de paz con esos cambios en estos grupos ilegales, porque son muy distintos a las FARC de hace 15 años.
¿Por qué siendo corresponsal de guerra usted se volvió tan colombiano, con familia incluida, es ciclista y pedalea por todo el país?
Sí, de hecho hice el Giro de Rigo [Rigoberto Urán] el año pasado y hace dos años [me muestra la pulsera de recuerdo], y publiqué reportajes para la Radio Pública de EE. UU. Me quedé porque me encanta el país, las montañas y el ciclismo, que es una buena manera de ver Colombia.
Su responsabilidad también es informar sobre la violencia contra los periodistas y defender la libertad de prensa en estos países. El jurado del Premio Maria Moors Cabot lo reconoció: “Al mismo tiempo, ha defendido los derechos de sus compañeros reporteros en la región. Los últimos 13 años, ha sido consultor del Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ), investigando la censura de prensa, los encarcelamientos, las amenazas de muerte y los asesinatos de periodistas en América Latina”. ¿De qué se trata eso?
Lo que tratamos de hacer es comunicarnos con los periodistas que están en riesgo, asegurarnos de que estén bien, denunciar lo que les ha pasado, tratar de presionar al Gobierno o a la Unidad Nacional de Protección para que investiguen quién está detrás de las amenazas o los ataques y protegerlos.
Eso en Colombia implica conocer muchos casos, porque hay decenas de amenazados.
Sí. Nuestro trabajo es ayudarlos porque lo que siempre pasa aquí es que hay una amenaza o un asesinato de un periodista y hay una investigación, pero nunca termina en ningún lugar, o llegan a decir que lo mataron por cosas como “un lío de faldas”. Y queda la preocupación y la paranoia para ejercer la profesión en ese lugar. Uno de los problemas es la falta de buenas investigaciones y condenas a quienes atacan a los periodistas.
Cada año publicamos los informes del CPJ sobre libertad de prensa y ahora en zonas como la frontera con Venezuela, en medio de estos combates, los periodistas quedan en medio del fuego cruzado como los campesinos. ¿El grado de riesgo no cambia?
Infortunadamente en esa región seguimos conociendo casos. Hace poco ocurrió el de Juan Valentín Gamboa, que ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en noviembre pasado por entrevistar en Arauca a uno de los jefes de la disidencia de las FARC y recibió amenazas de otro grupo. Por su seguridad, él tenía que salir de la zona. Hay muchos casos de periodistas que han tenido que huir de esas regiones en conflicto, porque hacen sus reportajes, alguien se molesta y tienen que salir corriendo.
¿Se denuncian la mayoría de casos?
La cifra de denuncias es más o menos constante, pero en cuanto a las investigaciones y condenas, algunas veces han logrado condenar a los pistoleros, pero casi nunca a los autores intelectuales de los crímenes. Eso nos preocupa mucho.
La labor del CPJ es muy importante, tanto que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le dio el Premio Chapultepec 2024 por defender la libertad de información en el continente desde 1981. La mayor parte de su trabajo en este sentido ha estado centrada en Venezuela a causa del régimen de Nicolás Maduro.
Sí, porque la situación allá se ha estado deteriorando por muchos años, pero hay un antes y un después de la reciente elección presidencial que Maduro. Se robó esa elección y para consolidar su régimen empezó a encarcelar mucha gente; al menos 2.000 activistas, incluyendo una docena de periodistas.
¿Qué ha podido hacer por ellos?
Lo mismo; tratamos de llamar la atención sobre estos casos. El más reciente fue el de Carlos Correa, director de una ONG que se llama Espacio Público, que es como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, la organización más grande de libertad de expresión de Venezuela. Él fue detenido el 7 de enero y nosotros hicimos un escándalo junto con la OEA, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta que quizás el régimen pensó que no valía la pena tenerlo detrás de las rejas y lo soltaron el 16 de enero.
Usted ha informado sobre Venezuela desde la época de Hugo Chávez. ¿Cómo analiza el fenómeno creciente de silenciamiento de la prensa por parte de regímenes de izquierda como el de Maduro, el que tuvo Evo Morales —en cuya posesión los dos coincidimos en Bolivia—, populismo y autoritarismo que ahora se reproduce con la extrema derecha de Nayib Bukele en El Salvador?
Han sido gobiernos autoritarios, como el de Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales, en Bolivia; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, Bukele en El Salvador, o dictadores como Daniel Ortega, en Nicaragua, donde la libertad de prensa no existe y los periodistas se han ido. Por eso, en el CPJ tenemos un programa para periodistas en exilio.
¿Ha habido exilios recientes de colombianos?
Ha habido periodistas que han tenido que salir de sus regiones, por lo general han sido desplazamientos internos.
En las últimas dos semanas, veinte de los mejores editores de América Latina estuvieron en Bogotá en la cátedra anual de la Plataforma Periodística para las Américas Connectas. Conocí a nicaragüenses exiliados en San José, de Costa Rica, así como a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y mexicanos cuya situación de seguridad y libertad es muy preocupante y, sin embargo, siguen liderando redacciones para hacer periodismo de denuncia en defensa de las sociedades de sus países. Eso emociona y entristece a la vez.
La gran tristeza que tengo es que veo a América Latina volviendo al pasado, a dictaduras cerrando medios de comunicación, censurando como en los años 70, cuando en el Cono Sur hubo dictadores. Es difícil, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar la toalla? No se puede. Debemos ayudar a esos periodistas amenazados y exiliados con los que habló usted estos días, porque tienen el gran problema de que quieren seguir en la profesión y hay muy pocos trabajos disponibles. Muchos terminan manejando taxi o trabajando en hoteles, en restaurantes o en otras cosas, porque tienen que ganarse la vida y las posibilidades para seguir como periodistas cada vez son menores.
En su caso, ¿seguirá informado desde Colombia y defendiendo la libertad de prensa o 35 años fueron suficientes?
Sí, seguiré. Me encanta contar historias y también escribir sobre cosas lindas, porque ya soy colombiano, vivo acá, amo este país tan bello. Me encanta tomar vacaciones dentro de Colombia, más que en Estados Unidos. Le doy un ejemplo: el mes pasado estuve en Medellín, en un concierto que el director de música clásica Andrés Orozco Estrada dio con la Filarmónica Joven de Colombia. Este domingo publicaré un perfil sobre él en la Radio Pública estadounidense [también ha hecho de personajes como Nairo Quintana].
¿Teme que vuelva la época en que moverse por el país era un gran riesgo?
Cuando hago periodismo no corro riesgos estúpidos. Siempre trato de hacerlo en la forma más segura posible. Y en cuanto a explorar Colombia como turista, desde que se firmó el proceso de paz en La Habana, aún con los problemas de hoy, el país es más pacífico que antes, es otro Colombia. Cuando yo llegué, en el 97, uno no podía ni manejar de Bogotá a Medellín, por las pescas milagrosas.
El informe del CPJ de diciembre de 2024 reporta 361 periodistas presos en todo el mundo. ¿Qué hacen por ellos?
Tratamos de publicar todos los casos, hacer lobby y poner presión a los gobiernos, pero hay casos en donde los periodistas han estado encarcelados por varios años y no sabemos qué va a pasar.
La detención durante dos años y la persecución judicial de José Rubén Zamora, en Guatemala, es un ejemplo.
Zamora logró salir de la cárcel (en octubre pasado), pero tiene que seguir respondiendo las autoridades. Es lo mismo que ha pasado con los periodistas encarcelados en Venezuela, pues los que han salido deben reportarse a las autoridades y no pueden salir del país, pues les confiscan o anulan el pasaporte.
Como estadounidense, ¿cree que este panorama se agravará desde Estados Unidos con los anuncios del presidente Donald Trump contra migrantes y refugiados?
Es un gran problema. ¿Recuerda cuando mataron en Arabia Saudita al disidente Yamal Jashogyi (1958-2018), que era columnista para el Washington Post y el príncipe heredero estuvo implicado? Trump no dijo ni mu y siguió con relaciones estrechas con ese país. Ese tipo de ejemplo quiere decir que para él realmente la vida de un periodista vale cinco y la libertad de expresión está muy por debajo en su lista de prioridades. Esa es una de mis preocupaciones frente a lo que podría pasar en estos próximos cuatro años.
El fin de semana pasado, en la guerra en Gaza asesinaron con un dron israelí a un periodista palestino. Van 166 muertos allí. Históricamente, Colombia es uno de los países donde más periodistas han muerto ejerciendo su profesión por casos como el de nuestro director, Guillermo Cano, por quien el Ministerio de las Culturas declaró 2025 el año en su memoria. ¿Cómo usa el CPJ el legado de los sacrificados?
Nuestra ONG también trabaja por la libertad de prensa en Gaza. Cuando matan a un periodista, sea Guillermo Cano o un corresponsal en cualquier parte de Colombia, lo mejor que podemos hacer es seguir el caso en busca de justicia, porque solo con justicia, con condenas contra los autores intelectuales de estos crímenes, podremos reducir este tipo de violencia.
