Amenazan a líderes sociales, miembros de la mesa de víctimas de Antioquia

Desde el pasado miércoles, tres miembros de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia tuvieron que desplazarse desde sus respectivos municipios hacia Medellín, después de recibir varias amenazas de muerte. Se trata de Menderson Mosquera, coordinador de la mesa, y de Johnny Alejandro Sánchez Quintana y Niyineri Correa Urán, quienes hacen parte del Comité de Justicia Transicional de la misma organización.

La situación empezó el pasado 27 de junio, cuando los tres recibieron, al tiempo, un mismo mensaje de texto, cuyo remitente era un número desconocido. En el mensaje se lee: “A partir de este momento usted y su familia los declaramos objetivo militar (sic) sapos ya los tenemos identificados si siguen jodiendo tanto se van a morir son tres los identificados”.

Días después, el domingo 8 de julio, recibieron una segunda amenaza: “Muerte a todos los sapos lides (sic) sociales eso la incluye a usted a su familia al sapo de su marido la orden es acabar con todos ustes (sic) dejen de joder tanto ya les llego (sic) la hora”.

(Lea aquí: ¿Qué hay detrás del asesinato de líderes sociales en el país?).

Ante estas amenazas, Mosquera (proveniente del municipio de Venecia), Sánchez (de Carolina del Príncipe) y Correa (de Puerto Triunfo) se trasladaron, el pasado miércoles, hasta un albergue en Medellín, con la esperanza de que allí pudiera ser garantizada su seguridad. Pero para los tres, esta situación no ha mejorado, entre otras cosas, porque aseguran que en el albergue donde están no cuentan con las condiciones dignas.

“En ese albergue estamos desde el miércoles en la noche, con condiciones indignas para cualquier ser humano, porque higiénicamente no tiene las condiciones, tiene cucarachas, solo hay tres baños para 80 personas. Inclusive, la semana pasada encontraron un arma de fuego”, aseguró Mosquera en entrevista con El Espectador. La intención de los tres, asegura Mosquera, es volver a sus territorios a continuar con su trabajo en la defensa de los derechos humanos, porque la zozobra continúa, por los recientes asesinatos y amenazas a líderes sociales en todo el país.

Pero el temor no es solo por las amenazas que han recibido, sino también, porque sienten que el Estado no está garantizando su seguridad. En ese sentido, Mosquera explica que “estamos exigiendo medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección para proteger nuestras vidas, nuestra integridad y seguir realizando las actividades de nuestros territorios”. Algo en lo que también coincide Niyineri Correa, quien dijo a este medio que “los protocolos establecidos por la Gobernación de Antioquia no son eficaces, ni siquiera en un 70 %, para la seguridad y las garantías de los líderes amenazados. Estamos exigiendo al Estado que las garantías deben ser mucho mejores”.

(También: Cáceres, Antioquia: el pueblo en el que la violencia subió 175%).

En los últimos años, la Mesa Departamental de Víctimas ha hecho veeduría al cumplimiento de la ley 1448 de 2011, conocida como la ley de víctimas, en municipios antioqueños como Carolina del Príncipe, Guadalupe, Venecia, Puerto Triunfo, Yarumal, Andes, Támesis, Jericó, Valdivia y El Bagre. En ese trabajo han denunciado “algunos casos de contratación que se han realizado en la Unidad de Víctima en algunas alcaldías, porque no cumplen con el plan de acción territorial”, según Mosquera.

Según el Programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017 habían sido asesinados 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques y en los últimos años estos ataques se han incrementado en más de 100%. Además, desde la firma del acuerdo de paz, la ONU ha documentado alrededor de 170 homicidios, un crimen que en las últimas semanas se ha intensificado.

Ante la situación, el pasado 6 de julio, cuando Menderson Mosquera, Johnny Alejandro Sánchez Quintana y Niyineri Correa Urán ya habían recibido la primera amenaza en su contra, distintas organizaciones sociales convocaron una Velatón por la Vida, que se realizó no solo en Colombia sino en otros países, para rechazar estos asesinatos y pedir al Estado que dé las garantías necesarias para que los líderes continúen ejerciendo su trabajo.

Desde el pasado miércoles, tres miembros de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia tuvieron que desplazarse desde sus respectivos municipios hacia Medellín, después de recibir varias amenazas de muerte. Se trata de Menderson Mosquera, coordinador de la mesa, y de Johnny Alejandro Sánchez Quintana y Niyineri Correa Urán, quienes hacen parte del Comité de Justicia Transicional de la misma organización.

La situación empezó el pasado 27 de junio, cuando los tres recibieron, al tiempo, un mismo mensaje de texto, cuyo remitente era un número desconocido. En el mensaje se lee: “A partir de este momento usted y su familia los declaramos objetivo militar (sic) sapos ya los tenemos identificados si siguen jodiendo tanto se van a morir son tres los identificados”.

Días después, el domingo 8 de julio, recibieron una segunda amenaza: “Muerte a todos los sapos lides (sic) sociales eso la incluye a usted a su familia al sapo de su marido la orden es acabar con todos ustes (sic) dejen de joder tanto ya les llego (sic) la hora”.

(Lea aquí: ¿Qué hay detrás del asesinato de líderes sociales en el país?).

Ante estas amenazas, Mosquera (proveniente del municipio de Venecia), Sánchez (de Carolina del Príncipe) y Correa (de Puerto Triunfo) se trasladaron, el pasado miércoles, hasta un albergue en Medellín, con la esperanza de que allí pudiera ser garantizada su seguridad. Pero para los tres, esta situación no ha mejorado, entre otras cosas, porque aseguran que en el albergue donde están no cuentan con las condiciones dignas.

“En ese albergue estamos desde el miércoles en la noche, con condiciones indignas para cualquier ser humano, porque higiénicamente no tiene las condiciones, tiene cucarachas, solo hay tres baños para 80 personas. Inclusive, la semana pasada encontraron un arma de fuego”, aseguró Mosquera en entrevista con El Espectador. La intención de los tres, asegura Mosquera, es volver a sus territorios a continuar con su trabajo en la defensa de los derechos humanos, porque la zozobra continúa, por los recientes asesinatos y amenazas a líderes sociales en todo el país.

Pero el temor no es solo por las amenazas que han recibido, sino también, porque sienten que el Estado no está garantizando su seguridad. En ese sentido, Mosquera explica que “estamos exigiendo medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección para proteger nuestras vidas, nuestra integridad y seguir realizando las actividades de nuestros territorios”. Algo en lo que también coincide Niyineri Correa, quien dijo a este medio que “los protocolos establecidos por la Gobernación de Antioquia no son eficaces, ni siquiera en un 70 %, para la seguridad y las garantías de los líderes amenazados. Estamos exigiendo al Estado que las garantías deben ser mucho mejores”.

(También: Cáceres, Antioquia: el pueblo en el que la violencia subió 175%).

En los últimos años, la Mesa Departamental de Víctimas ha hecho veeduría al cumplimiento de la ley 1448 de 2011, conocida como la ley de víctimas, en municipios antioqueños como Carolina del Príncipe, Guadalupe, Venecia, Puerto Triunfo, Yarumal, Andes, Támesis, Jericó, Valdivia y El Bagre. En ese trabajo han denunciado “algunos casos de contratación que se han realizado en la Unidad de Víctima en algunas alcaldías, porque no cumplen con el plan de acción territorial”, según Mosquera.

Según el Programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017 habían sido asesinados 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques y en los últimos años estos ataques se han incrementado en más de 100%. Además, desde la firma del acuerdo de paz, la ONU ha documentado alrededor de 170 homicidios, un crimen que en las últimas semanas se ha intensificado.

Ante la situación, el pasado 6 de julio, cuando Menderson Mosquera, Johnny Alejandro Sánchez Quintana y Niyineri Correa Urán ya habían recibido la primera amenaza en su contra, distintas organizaciones sociales convocaron una Velatón por la Vida, que se realizó no solo en Colombia sino en otros países, para rechazar estos asesinatos y pedir al Estado que dé las garantías necesarias para que los líderes continúen ejerciendo su trabajo.