Caso Space: el drama continúa siete años después

La noche del sábado 12 de octubre de 2013 en Medellín se escuchó el estruendo del colapso de la torre seis del edificio Space. Ese mismo día Nelson Vanegas celebraba su cumpleaños en la torre tres. “Como hubo un incidente con una columna el día anterior, todos estábamos nerviosos. En la mañana del 12 yo le pregunté a unos ingenieros civiles si era seguro estar ahí, me dijeron que sí. En la noche estábamos tomándonos un vino y de un momento a otro se fue la luz y se elevó una nube de polvo. Hubo un pequeño silencio, antes del cual se escuchó un estruendo seco que parecía como un terremoto. Todos quedamos paralizados”, recuerda Vanegas, quien solo alcanzó a sacar su cartera y el celular. Siete años después, el hombre continúa en la lucha para que le devuelvan el dinero que pagó por ese apartamento, del cual apenas le han dado el 40% .

El colapso de Space, a cargo de la constructora Lérida CDO, fue noticia nacional en cuestión de minutos. 12 personas murieron: 11 obreros de la construcción y el estudiante universitario Juan Esteban Cantor. Las familias de los obreros fueron indemnizadas por la constructora. El caso del estudiante se llevó a los estrados judiciales. En el 2018 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, ratificó una condena contra Pablo Villegas, representante legal de Lérida; Jorge Aristizábal, ingeniero calculista; y María Cecilia Posada, directora de la obra; por homicidio culposo. Villegas fue condenado a 51 meses de prisión. Los otros dos a 49 meses.

Los días posteriores al colapso del edificio la constructora le devolvió el dinero a los propietarios de la torre seis. Lo mismo pasó con los dueños de apartamentos en la torre cinco, la cual había quedado con problemas en la estructura. “El municipio empezó la tarea de controlar esa torre para que no colapsara y era claro que había que demolerla o salir de ahí. Posterior a eso, conformamos comisiones para entablar diálogos con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el municipio de Medellín y con la vicepresidencia de la república”, detalla Vanegas.

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La Superintendencia de Industria y Comercio decidió postergar las sanciones y la constructora en convenio con ellos y otros entes constituyó un patrimonio autónomo en una fiducia por $26.000 millones para atender a Space. Sin embargo, el municipio empezó a mirar con lupa las otras construcciones de CDO, destapando otros problemas que no eran menores. Se encontró que los edificios Asensi y Continental Towers, también tenían riesgo de colapso. “Empezaron a hacer evacuaciones. Ese patrimonio que era para atender Space se convirtió en la caja menor para atender los problemas juntos. CDO dijo que ellos no iban a poner más dinero. Ese patrimonio se vio afectado por eso, por lo que logramos ponernos de acuerdo con las familias de que queríamos una negociación directa con la constructora”, explica Vanegas.

“La firma constructora entregó en determinado momento unos dineros para cancelar las indemnizaciones a sus propietarios y se logró negociar con unos 130 propietarios de los 162. En realidad los recursos que fueron entregados por la constructora permitían cancelar a la totalidad de los copropietarios. Pero la superintendencia me obligó a que pagara mensualmente toda la parte de los arrendamientos de las unidades que habían sido construidas por CDO y que tenían algún tipo de problema que implican riesgos o podrían ser demolidas. Eso representaba para la liquidación unos $600 millones mensuales”, detalla Marco Tulio Zapata, liquidador de Space.

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Las torres uno, dos, tres y cuatro quedaron en medio de los alegatos del municipio y la CDO. La constructora insistía en que querían comprar los apartamentos para arreglarlos, pues decían que en esas torres los problemas no eran tan graves. El municipio de Medellín decía que no permitía hacer absolutamente nada hasta no tener un concepto técnico que después nadie quería dar. Finalmente lograron un acuerdo con la Universidad de los Andes para que hicieran dicho peritaje. El estudio, que se reveló en 2014, concluyó que la principal causa del colapso fue un problema en las pilas de cimentación de las columnas que no cumplían con los códigos de diseño y construcción exigidos en Colombia.

Con el estudio, la Alcaldía de Medellín ordenó que Space no podría ser habitado de nuevo y tenía que ser derrumbado. El 23 de septiembre de 2014 las cuatro torres cayeron tras un proceso de implosión, algo nunca antes visto en Colombia. Se utilizaron 200 kilos de explosivo Indugel y 3.000 metros de cordón detonante.

La implosión de Space no fue suficiente para acabar con el drama de las familias, pues ellas habían llegado a un acuerdo con la constructora, acuerdo que se fue al piso con la decisión de derribar la edificación. “Lo que hizo CDO fue llamar a negociar uno por uno, a las personas que estábamos en ese grupo. Fue difícil contener eso porque muchos tenían deudas con bancos y demás. Recibían entre $210 y $220 millones por apartamentos que costaban de $260 millones en adelante”, explica Vanegas. Algunas familias decidieron que no querían negociar, sino demandar a la constructora.

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Lérida CDO fue declarada en quiebra. Luego de eso empezó un nuevo capítulo ante la Superintendencia de Sociedades. Un proceso de liquidación. “CDO quería dejarnos tirados y el municipio empezó a presionar. El procurador de ese momento, Alejandro Ordoñez, nos llamó a Bogotá, fuimos un grupo de abogados de la gente que estaba demandando, los representantes de las familias, el municipio, la Personería, la Defensoría. Con la presión se logró que CDO volviera a la mesa de negociación”, cuenta Vanegas.

Se llegó a un contrato para la reparación directa. La constructora se comprometió y les pagó el 40% en efectivo. “El 100% dependía del valor del apartamento, yo compré el mío en $260 millones; pero en 2017-2018, cuando se dio eso, ya debía ser por el orden de $310, $320 millones en un buen escenario. En un mal escenario $290 millones”, detalla Vanegas. Con la liquidación, el grupo de familias que están en la demanda no quedaron incluidos en la restitución que en el fondo se lograrían con la venta del lote.

El lote fue el terreno que quedó tras ser demolido el edificio. Sin embargo, la venta ha sido más complicada de lo que pensaron, pues para la respectiva venta debe aparecer a nombre de las personas que aún les deben parte de los apartamentos. “No ha sido posible el registro del diviso. Hasta que no estén registrados no son propietarios. La oficina de registro público ha rechazado en varias ocasiones los papeles. Yo no he podido venderlo”, explica Zapata.

Para Vanegas y las otras 15 familias que esperan la venta del lote, el drama del Space sigue latente. "El liquidador es el encargado de saldar todas las cuentas hasta que no quede nada pendiente. No se ha podido terminar y eso ha sido la tortura de los últimos dos años. En el último proceso, que fue este mes, devolvieron los papeles porque habían puesto unas medidas que llaman “embargo” y se debían $300.000″, agrega Vanegas, refiriéndose a la decisión de la Supersociedades de devolver los papeles.

La noche del sábado 12 de octubre de 2013 en Medellín se escuchó el estruendo del colapso de la torre seis del edificio Space. Ese mismo día Nelson Vanegas celebraba su cumpleaños en la torre tres. “Como hubo un incidente con una columna el día anterior, todos estábamos nerviosos. En la mañana del 12 yo le pregunté a unos ingenieros civiles si era seguro estar ahí, me dijeron que sí. En la noche estábamos tomándonos un vino y de un momento a otro se fue la luz y se elevó una nube de polvo. Hubo un pequeño silencio, antes del cual se escuchó un estruendo seco que parecía como un terremoto. Todos quedamos paralizados”, recuerda Vanegas, quien solo alcanzó a sacar su cartera y el celular. Siete años después, el hombre continúa en la lucha para que le devuelvan el dinero que pagó por ese apartamento, del cual apenas le han dado el 40% .

El colapso de Space, a cargo de la constructora Lérida CDO, fue noticia nacional en cuestión de minutos. 12 personas murieron: 11 obreros de la construcción y el estudiante universitario Juan Esteban Cantor. Las familias de los obreros fueron indemnizadas por la constructora. El caso del estudiante se llevó a los estrados judiciales. En el 2018 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, ratificó una condena contra Pablo Villegas, representante legal de Lérida; Jorge Aristizábal, ingeniero calculista; y María Cecilia Posada, directora de la obra; por homicidio culposo. Villegas fue condenado a 51 meses de prisión. Los otros dos a 49 meses.

Los días posteriores al colapso del edificio la constructora le devolvió el dinero a los propietarios de la torre seis. Lo mismo pasó con los dueños de apartamentos en la torre cinco, la cual había quedado con problemas en la estructura. “El municipio empezó la tarea de controlar esa torre para que no colapsara y era claro que había que demolerla o salir de ahí. Posterior a eso, conformamos comisiones para entablar diálogos con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el municipio de Medellín y con la vicepresidencia de la república”, detalla Vanegas.

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La Superintendencia de Industria y Comercio decidió postergar las sanciones y la constructora en convenio con ellos y otros entes constituyó un patrimonio autónomo en una fiducia por $26.000 millones para atender a Space. Sin embargo, el municipio empezó a mirar con lupa las otras construcciones de CDO, destapando otros problemas que no eran menores. Se encontró que los edificios Asensi y Continental Towers, también tenían riesgo de colapso. “Empezaron a hacer evacuaciones. Ese patrimonio que era para atender Space se convirtió en la caja menor para atender los problemas juntos. CDO dijo que ellos no iban a poner más dinero. Ese patrimonio se vio afectado por eso, por lo que logramos ponernos de acuerdo con las familias de que queríamos una negociación directa con la constructora”, explica Vanegas.

“La firma constructora entregó en determinado momento unos dineros para cancelar las indemnizaciones a sus propietarios y se logró negociar con unos 130 propietarios de los 162. En realidad los recursos que fueron entregados por la constructora permitían cancelar a la totalidad de los copropietarios. Pero la superintendencia me obligó a que pagara mensualmente toda la parte de los arrendamientos de las unidades que habían sido construidas por CDO y que tenían algún tipo de problema que implican riesgos o podrían ser demolidas. Eso representaba para la liquidación unos $600 millones mensuales”, detalla Marco Tulio Zapata, liquidador de Space.

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Las torres uno, dos, tres y cuatro quedaron en medio de los alegatos del municipio y la CDO. La constructora insistía en que querían comprar los apartamentos para arreglarlos, pues decían que en esas torres los problemas no eran tan graves. El municipio de Medellín decía que no permitía hacer absolutamente nada hasta no tener un concepto técnico que después nadie quería dar. Finalmente lograron un acuerdo con la Universidad de los Andes para que hicieran dicho peritaje. El estudio, que se reveló en 2014, concluyó que la principal causa del colapso fue un problema en las pilas de cimentación de las columnas que no cumplían con los códigos de diseño y construcción exigidos en Colombia.

Con el estudio, la Alcaldía de Medellín ordenó que Space no podría ser habitado de nuevo y tenía que ser derrumbado. El 23 de septiembre de 2014 las cuatro torres cayeron tras un proceso de implosión, algo nunca antes visto en Colombia. Se utilizaron 200 kilos de explosivo Indugel y 3.000 metros de cordón detonante.

La implosión de Space no fue suficiente para acabar con el drama de las familias, pues ellas habían llegado a un acuerdo con la constructora, acuerdo que se fue al piso con la decisión de derribar la edificación. “Lo que hizo CDO fue llamar a negociar uno por uno, a las personas que estábamos en ese grupo. Fue difícil contener eso porque muchos tenían deudas con bancos y demás. Recibían entre $210 y $220 millones por apartamentos que costaban de $260 millones en adelante”, explica Vanegas. Algunas familias decidieron que no querían negociar, sino demandar a la constructora.

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Lérida CDO fue declarada en quiebra. Luego de eso empezó un nuevo capítulo ante la Superintendencia de Sociedades. Un proceso de liquidación. “CDO quería dejarnos tirados y el municipio empezó a presionar. El procurador de ese momento, Alejandro Ordoñez, nos llamó a Bogotá, fuimos un grupo de abogados de la gente que estaba demandando, los representantes de las familias, el municipio, la Personería, la Defensoría. Con la presión se logró que CDO volviera a la mesa de negociación”, cuenta Vanegas.

Se llegó a un contrato para la reparación directa. La constructora se comprometió y les pagó el 40% en efectivo. “El 100% dependía del valor del apartamento, yo compré el mío en $260 millones; pero en 2017-2018, cuando se dio eso, ya debía ser por el orden de $310, $320 millones en un buen escenario. En un mal escenario $290 millones”, detalla Vanegas. Con la liquidación, el grupo de familias que están en la demanda no quedaron incluidos en la restitución que en el fondo se lograrían con la venta del lote.

El lote fue el terreno que quedó tras ser demolido el edificio. Sin embargo, la venta ha sido más complicada de lo que pensaron, pues para la respectiva venta debe aparecer a nombre de las personas que aún les deben parte de los apartamentos. “No ha sido posible el registro del diviso. Hasta que no estén registrados no son propietarios. La oficina de registro público ha rechazado en varias ocasiones los papeles. Yo no he podido venderlo”, explica Zapata.

Para Vanegas y las otras 15 familias que esperan la venta del lote, el drama del Space sigue latente. "El liquidador es el encargado de saldar todas las cuentas hasta que no quede nada pendiente. No se ha podido terminar y eso ha sido la tortura de los últimos dos años. En el último proceso, que fue este mes, devolvieron los papeles porque habían puesto unas medidas que llaman “embargo” y se debían $300.000″, agrega Vanegas, refiriéndose a la decisión de la Supersociedades de devolver los papeles.