En el año de 1917, en Medellín se inauguró el monumento al Salvador, se incendió el parque de Berrío, el municipio le compró a Coroliano Amador el mercado de Guayaquil, se presentaron epidemias de viruela y gripa, se creó el cuerpo de bomberos y, por iniciativa del concejal Guillermo Moreno, el alcalde Rafael Duque dio inicio a la Sociedad Protectora de Animales como dependencia oficial (decreto 67 del 27 de junio).
La nueva entidad comenzó gestionando el control del comercio del caucho con el que se fabricaban las caucheras utilizadas en la matanza masiva de los pájaros y la venta de las gallinas que se ofrecían en las calles y en la plaza de mercado de manera rudimentaria, carente de medidas higiénicas.
El periódico El Colombiano informó de manera sucinta, en no más de tres renglones, el primer registro de la entidad. Tan sobria como ha sido su figuración en estos cien años.
¿Qué interés podía despertar en un pequeño poblado que, según datos de 1915, contaba con 70.714 habitantes? Ya había entrado la primera locomotora a vapor y en el Circo Teatro España se alternaban exhibiciones fílmicas, representaciones dramático-musicales y corridas de toros. En medio de 178 cantinas, 45 prenderías, dos galleras y cinco pesebreras, circulaban 104 coches tirados por dos caballos, 352 de un caballo, 18 carretillas también con caballos y sólo seis automóviles de gasolina.
Mientras por el río llegaban las maderas en balsas, por las callejuelas tortuosas entraban y salían las recuas de mulas con productos para la plaza de mercado, para las trilladoras de café, conduciendo las turegas con carga, las vacas y los terneros para ser comercializados en la feria de ganado. Lugar que pronto se convirtió en la diversión para quienes asistían periódicamente a ufanarse como toreros improvisados que ejecutaban sus lances hiriendo al ganado.
Todos estos caballos abusados en los trabajos diarios, en las noches eran llevados a las ladrilleras que circundaban el poblado para pisar el barro. Sin descanso, los fines de semana se utilizaban para la diversión de los niños. Y empezaban nuevas jornadas cargando abarrotes, materiales de construcción y descargando el tren. De la vara a la soga, al planazo, al palazo, a la patada, al látigo, al foete, a la espuela, al freno de boca, al punzón, al aguarrás, a la cincha, a la cortada, a la mutilada de la cola, al arrastre, al mataburro, al enterramiento vivo, los caballos soportaban una violencia desmedida. En estos lugares comenzó a hacer presencia la Sociedad Protectora de Animales, acompañada por agentes de policía que apoyaban su autoridad de las que eran investidos sus secretarios para los asuntos con animales.
Cuidó las vacas y los caballos en los potreros El Guamal en El Poblado, Las Mulas y Rondalla en Robledo y El Campín en Santa Elena que eran propiedad unos del municipio y otros de Julio Vásquez G., socio de la entidad, y todos ellos en distintas épocas estuvieron a su cargo.
Con el correr del tiempo, en 1929, durante la gobernación de Camilo C. Restrepo se amplió su jurisdicción a nivel departamental, se crearon las juntas protectoras de animales, amparadas bajo su tutela según disposición legal, y se empezó la conformación de éstas en los municipios.
Publicaba mensualmente la revista Nuestros Amigos y un periódico quincenal. Por varios años emitió un programa radial de media hora diaria. Fueron frecuentes los enfrentamientos con las autoridades de higiene que en distintas épocas limitaron sus funciones hasta convertirla en una dependencia sanitaria presionada frecuentemente para hacerla responsable de la eliminación de los perros callejeros, contrariando sus postulados.
En 1945, la Secretaría Municipal de Higiene, en su campaña contra la rabia, utilizó la estricnina argumentando que sus fatales efectos no duraban más de cinco minutos y que si los dueños de los perros no tenían consideración para con sus semejantes al no controlarlos, la Secretaría continuaría con la campaña, no obstante la oposición de la Sociedad.
En 1947, el alcalde Eduardo Fernández Botero ordenó el desalojo de las oficinas que ocupaba en el palacio municipal, como rechazo a la protesta pública de su secretario, Berardo Congote E., por la utilización de las tenazas metálicas, instrumento bárbaro con el que los funcionarios de salud capturaban a los perros. El alcalde creó la Institución Defensora de Animales (IDEA), con algunos detractores que se acogieron a sus condiciones, y les entregó los recursos y las funciones de la entidad que en ese momento pretendió suprimir. Ante la intervención del Ministerio de Gobierno le fue imposible realizar su intento. Seis meses duró la nueva entidad, que finalmente se incorporó a la Sociedad Protectora de Animales. Durante ese tiempo funcionó en distintos locales prestados por socios y regresó al viejo palacio municipal, pero la tranquilidad duró poco. De una oficina a otra, arrinconados en el sótano, compartiendo el parqueadero con los carros oficiales o con bodegas de la oficina de bienes, cambiando frecuentemente su ubicación, siempre en peores condiciones, según los caprichos de los nuevos funcionarios que asignaban sus espacios a nuevas dependencias, como la Inspección de Alimentos y a otras que fueron apareciendo, convirtiéndola en víctima del desplazamiento con el que la intimidaron en su triste historia.
En 1950, el gobernador Eduardo Berrío González le otorgó carácter municipal y determinó que los alcaldes nombraran juntas municipales.
Gracias a la donación de un socio obtuvo un inmueble en el sector del Chagualo, donde de forma independiente continuó con su labor de ayudar a los animales necesitados sin decaer ante las arbitrariedades y los tropiezos. Debido a los planes urbanísticos del sector, en el año de 1974 recibió a cambio un comodato en el cerro El Volador, durante la alcaldía de Guillermo Mora Londoño. Sitio en el cual ha permanecido hasta la fecha.
En los años noventa abrió al público el consultorio popular veterinario, dio inicio a la esterilización masiva de perros y gatos, las campañas de adopción, la implantación del microchip y las actividades de sensibilización en establecimientos educativos. Medió para la conformación de la Junta Defensora de Animales y la de los comités de ética en el uso de animales en investigación. Para entonces los perros ladraban, los pateaban y los botaban a la calle. No existía ninguna otra entidad, ni oficial ni particular, que se doliera de ellos.
Con una posición definida gracias a la larga historia de la entidad, muchas veces opuesta a las tendencias imperantes, que hablan de bienestar animal cuando se trata de justicia; que hacen concesiones y lo que buscamos es igualdad; que se refieren a la compasión y es asunto de moral; que pretenden reglamentar lo que hay que abolir; que protestan cuando desde la entidad nosotros argumentamos; que buscan el castigo en vez de educar; que se basan en promesas y se trata es de compromiso; que denotan preferencias en lugar de la solidaridad; que se mueven en torno a personalismos desconociendo la interdisciplinariedad y otras miradas como la de la academia. Guiados sin fanatismos en todos estos años, aceptando las diferencias, sin atacar, sin participar en protestas mediáticas, respetando la opinión ajena como parte de la pluralidad, sin generar radicalismos, buscando la ampliación del círculo moral para incluir la responsabilidad con los otros seres vivientes.
Ahora los perros son recogidos, se les toman fotos con sus salvadores, se divulgan en las redes sociales, se buscan adoptantes, se les traslada a éstos la responsabilidad y se piden votos. Sentados en sus curules, devengando sueldos y honorarios, se convierten arrepentidos en los líderes de la causa, de una causa que no va más allá de los ladridos. Se habla de políticas públicas y desconocen a los animales de abasto (las víctimas olvidadas), no se adecúan los camiones de transporte regulados por el Intra desde 1987. Se olvidan los mataderos, públicos y clandestinos, los galpones de batería y los criaderos. Se desconocen los animales mal llamados de laboratorio. Entran y salen de las ciudades sin control, se comercializan en precarias condiciones, no se responde a las denuncias de cautiverio de especies protegidas. Y pasados 28 años, el Estatuto Nacional de Protección Animal no ha sido reglamentado, norma incompleta en la que los agresores de unas especies son considerados infractores, mientras que los de otras especies, como los toros, reciben el aplauso. Pero ahí están, después de haber sido aplaudidos por matar, vegetando período tras período, cambiando de causa, no así de partido, arrogándose el ser los salvadores de la causa animal.
Medellín se ufana de haber erradicado el espectáculo de la matada del marrano por acuerdo municipal (como si el Concejo reglamentara la ley). Espectáculo ya regulado en la Ley 84 de 1989. De haber retirado del servicio los caballos cocheros, sin reconocer la dilación de su fundamento, que fue el Código Nacional de Transportes y Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002 (6 de agosto) además de la circular SSPD8 de 2007 (noviembre 15) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De la creación del refugio La Perla que sólo fue el cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado 40 Penal Municipal del año 2001, además de ser una agresión a la entidad centenaria de parte del funcionario que argumentó que no quería un albergue porque los animales requerían un “Parque Ecológico Refugio Escuela Ambiental La Perla”, como si se tratara de una discusión semántica. Cuatro años y once meses después del fallo de tutela (septiembre de 2006), se inauguró el flamante parque que no apareció por la generosidad de ningún funcionario o político, ni por iniciativa que se preocupara por la sobrepoblación del único albergue existente, el de la SPA.
Los logros obtenidos en Medellín en beneficio de los animales responden a procesos generados en todos estos años de trabajo silencioso, con actores que han sido desconocidos, que no están en la memoria para reclamar a título personal los resultados.
Cómo celebrar cien años de sobrevivencia cargando toda la presión de la ciudad, como si de un ente oficial se tratara, incluso por las mismas dependencias públicas que le descargaron sus responsabilidades. Sometidos a tutelas, acciones de veeduría ambiental, demandas, controles, limitaciones, cumplimiento de fallos de juzgados y decisiones de inspecciones, en una ciudad que no disponía de perrera, coso municipal, cementerio para animales, ni horno crematorio. Con los políticos de turno, que en sus campañas al Concejo, amparados bajo el capote de la protección animal, desconociendo a quienes hicieron la historia, borrando el trabajo que generosamente hacía la entidad en sus momentos más duros al tener que tratar de mitigar el dolor de todos los animales de la ciudad y los municipios vecinos, juzgándola sin razones y acusándola de haber hecho una “escombrera” con los cadáveres de las víctimas de la violencia citadina. Olvidando que cuando cerraron el relleno sanitario de la Curva de Rodas acudieron a la entidad para la disposición de los cadáveres.
Pero como ahora hay un refugio para mostrar, construido encima de la historia de la Sociedad Protectora de Animales, y alardear con ello les da imagen, andan repartiendo puestos en nombre de las víctimas olvidadas, viajando y divulgando la ciudad maravilla para los animales.
* Autor de De capa caída (Vallejo Editores, 2014), investigación contra la tauromaquia en Colombia y el mundo.