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El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió en la tarde de este miércoles condenar a su departamento por el incumplimiento de pagos a la Fundación San Sebastián de Urabá, prestadora de servicios de educación a población desplazada y reincorporada a la vida civil en esta región del noroccidente antioqueño.
El caso, que estaba abierto desde 2007, también fue ratificado por el Consejo de Estado y en su condena se estipula que la Gobernación debe efectuar de manera inmediata los pagos a dicha fundación, por una suma que asciende los 450 millones de pesos.
A lo largo de los últimos 12 años, cuerpos burocráticos de la entidad territorial defendieron a la Gobernación diciendo que las actividades que realizó la Fundación San Sebastián de Urabá fue por su propia cuenta, sin que se realizara un proceso formal para ejecutar las capacitaciones educativas en cuestión.
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En contraposición a esto, el fallo del Tribunal indica que dentro del ente territorial existió un enriquecimiento sin justa causa, debido a que se benefició de una iniciativa de un privado (la fundación) para poder tener participación en el otorgamiento de un derecho fundamental, como lo es la educación, pero sin tener la contraprestación respectiva.
Para poner otro agravante, el Consejo de Estado aseveró que esta omisión de pagos y desconocimiento de los derechos de una población vulnerable (desplazados y reincorporados), por parte del departamento, "ocasionó que los reinsertados reincidieran en acciones ilegales y en la vinculación a bandas criminales o que se produjera su deserción escolar definitiva una vez que tuvieron acceso a los beneficios educativos”.
Hasta el momento, no hay una comunicación oficial por parte de la Gobernación de Antioquia respecto a este fallo.