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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que presentó una recusación contra la fiscal general Luz Adriana Camacho, tras los pronunciamientos que ha hecho la funcionaria sobre una indagación en contra del mandatario por un presunto caso de corrupción en un contrato que se firmó cuando era alcalde de Rionegro.
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“El gobernador de Antioquia tiene fuero y es del fiscal general. Es una investigación que yo adelantaría (...). Es una investigación que adelanta una fiscal delegada ante la corte por delegación mía en la cual ya se formuló imputación. Y no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, indicó Camargo.
Tras la declaración que hizo la fiscal el pasado 24 de junio, durante la rueda de prensa que se realizó en Medellín por el atentado contra Miguel Uribe, la Fiscalía rectificó y señaló que se refería a la indagación que se adelanta contra Rendón por presuntas irregularidades en los contratos para la construcción de unos CAI en el municipio de Rionegro, mientras él fue alcalde, entre 2016 y 2019.
Esto no fue bien acogido por el gobernador, quien aseveró que la afirmación no fue una ligereza o error. “Se constituye en una declaración sesgada que influye en las decisiones de los subalternos de la Fiscal; genera incertidumbre jurídica, especulaciones y zozobra en la opinión pública. Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia”.
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El mandatario indicó que la investigación ha sido acelerada, debido a que no se movió en dos años, pero en menos de un mes se han realizado 30 acciones investigativas. “¿Por qué después de dos años y cuatro fiscales, a esta investigación se le da una celeridad desmesurada y de manera tan repentina?”.
Sumado a esto, recalcó que el pronunciamiento denotaría un prejuzgamiento, por lo que pidió “que cada actuación de la Fiscalía sea pública, que los antioqueños puedan seguir paso a paso los movimientos que se presenten”.
¿Por qué es investigado el gobernador Rendón?
Desde 2023, se han cuestionado, por presunto detrimento patrimonial, dos contratos por cerca de $1.270 millones que firmó Andrés Julián Rendón para la construcción de dos CAI en Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, en el municipio de Rionegro, que además de retrasos nunca entraron en funcionamiento.
Tras la elección de Rendón como gobernador, el caso pasó de la Fiscal 28 de Medellín al fiscal delegado ante la Corte Suprema. La indagación ha andado a paso lento y ha estado en manos de cuatro fiscales, pero en las últimas semanas se aceleraron las acciones de la fiscal delegada.
Sobre el caso también se ha pronunciado el Centro Democrático, que el mismo día en que se conoció el pronunciamiento de Camargo, señalaron que “hemos dirigido cartas a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para expresar nuestra inquietud sobre las garantías para el gobernador Rendón”.