El panorama de la saturación hospitalaria en Medellín

Le dieron una camilla en urgencias, cuando llegó al hospital Pablo Tobón Uribe. Miriam Lozano, de 70 años, se contagió de COVID-19 y tenía dificultades para respirar. Le pusieron oxígeno, pero dejaría de serle útil si empeoraba. En principio estaba en el sexto puesto de la lista de priorización, pero después le dijeron que “si necesita intubación, no se la iban a dar por la situación. No había camas y preferían dárselas a los más jóvenes”, afirma su hija, Paola Andrea Parra, quien llevó el caso de su madre ante el área de trabajo social del hospital e incluso hasta la Secretaría de Salud para buscar una solución. Esperar. Esa fue la respuesta. Un proceso engorroso en el que la ha acompañado su esposo Daniel Mogollón, quien ha tenido que faltar varias veces a la empresa en la que trabaja para poder asistir en los trámites hospitalarios.

Esperaron un par de días fuera del hospital. Cerca, muy cerca, para escuchar si un médico anunciaba el nombre de la paciente. Se desocupó una cama en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios y se la ofrecieron a un joven de 30 años. “Él dijo que no. Que todavía aguantaba y que era mejor que se la dieran a Miriam. Eso nos dijo una enfermera”, cuenta Daniel Mogollón. Gracias a ello pudieron atenderla y estabilizarla. Tiene una inflamación pulmonar que dificulta su respiración. Están a la espera de si necesita una cámara de respiración con más capacidad que la que tiene para hacer la gestión en la EPS.

Congestión hospitalaria

Paola Parra estaba dispuesta a llevar a su madre a otro departamento con tal de que fuera atendida, aunque no fue necesario. Los traslados han sido una alternativa clave en medio de la pandemia frente al alto índice de ocupación de UCI en Medellín, que por estos días llega al 96,90 %. La gestión se hace mediante el departamento o las EPS y se busca suplir en otras ciudades las necesidades de camas. “Tiene complicaciones logísticas. No solo es la cama, es la ambulancia aquí y allá, el avión-ambulancia, disponibilidad en ambos aeropuertos y la conexión con una red hospitalaria distinta”, explicó Andrés Trujillo Zea, director general de la Clínica CES.

La cantidad de contagios y el nivel de ocupación UCI en la capital antioqueña llevó a que, desde el pasado miércoles 7 de abril, se declarara la alerta roja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria (Clínica León XIII), la Clínica CES, Clínica Universitaria Bolivariana, Clínica Las Vegas, Clínica Las Américas, Clínica Cardio Vid, Hospital San Vicente Fundación. Lo propio sucedió en los hospitales de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Las camas restantes son administradas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de manera centralizada en el departamento.

En la Clínica CES, por ejemplo, la situación es crítica. “Tenemos todas las camas ocupadas. Incluso pacientes ventilados en el servicio de urgencias y cirugías, que no es lo ideal, pero no tenemos dónde más ubicarlos. Estamos colapsados”, señala Andrés Trujillo. La suspensión de las intervenciones quirúrgicas programadas facilita el aprovechamiento de estos y otros espacios de los hospitales, de esta forma han logrado aumentar su capacidad de atención, en conjunto con la administración. “Nosotros nos hemos expandido al máximo. Estamos revisando posibilidades de ampliarnos según lo requieran los pacientes”, sostiene Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora general de la IPS Universitaria.

Se espera que los casos aumenten y se prolongue el estado de crisis, pues aún no se han reflejado los contagios que dejó la Semana Santa, ya que las complicaciones graves tienden a aparecer pasados más de cinco días después del contagio. De ahí que desde la Gobernación de Antioquia se extremaran las medidas para tratar de contener el avance del virus y se decretara un toque de queda continuo de cuatro días que rige hasta mañana a las 5:00 a.m. Eso sí, para las autoridades es claro que solo hasta que disminuya el número de infectados por día, se podrá dar por superada la emergencia.

Hospitalización en casa

Además de los traslados, aumento en capacidad de los centros de salud y las medidas restrictivas de la administración, se ha buscado desescalar pacientes, lo que permite agilizar la disponibilidad en las camas en cuidados intensivos y terminar el tratamiento en unidades de menor complejidad o desde las casas. Ese fue el caso de José Alfredo Herrera, de 51 años. Se contagió de COVID-19, presentó dificultades respiratorias y su familia lo llevó al Hospital San Rafael, en Itagüí. De allí lo trasladaron a urgencias de la IPS Universitaria. “Estuvo en una silla como tres días porque no había camillas. Todo está copado. Nos permitieron la hospitalización en casa gracias a que se estabilizó”, contó Simón Padilla, cuñado del paciente.

Esperaron dos horas y media a que llegara la ambulancia que lo trasladó sin inconvenientes. En su casa, José Alfredo está conectado al oxígeno. Todos los días, durante 20 minutos aproximadamente, lo visita un médico que le aplica los medicamentos y evalúa su proceso. El resto del tiempo está bajo los cuidados de su esposa y cuñado. “Tiene sus altibajos. Está delicado y no puede hacer mucho esfuerzo físico. Nos dijeron que recibirá esta atención más o menos durante un mes, dependiendo de la evolución que tenga”, añadió Simón.

El proceso lo ha facilitado la IPS Universitaria con su programa de atención domiciliaria, del que forman parte alrededor de 2.000 pacientes, que representan casi tres veces la capacidad de la clínica, según su directora Marta Ramírez.

Sin embargo, y a pesar de las medidas recientes adoptadas desde las administraciones locales y departamentales, los expertos insisten en la necesidad de que haya una conciencia por parte de los ciudadanos sobre la crisis que atraviesa el departamento. “Le hacemos un llamado a la comunidad para que cumpla todos los protocolos de bioseguridad y acate las medidas restrictivas de movilidad. Se necesita responsabilidad de los ciudadanos frente a su autocuidado”, pidió el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia.

Le dieron una camilla en urgencias, cuando llegó al hospital Pablo Tobón Uribe. Miriam Lozano, de 70 años, se contagió de COVID-19 y tenía dificultades para respirar. Le pusieron oxígeno, pero dejaría de serle útil si empeoraba. En principio estaba en el sexto puesto de la lista de priorización, pero después le dijeron que “si necesita intubación, no se la iban a dar por la situación. No había camas y preferían dárselas a los más jóvenes”, afirma su hija, Paola Andrea Parra, quien llevó el caso de su madre ante el área de trabajo social del hospital e incluso hasta la Secretaría de Salud para buscar una solución. Esperar. Esa fue la respuesta. Un proceso engorroso en el que la ha acompañado su esposo Daniel Mogollón, quien ha tenido que faltar varias veces a la empresa en la que trabaja para poder asistir en los trámites hospitalarios.

Esperaron un par de días fuera del hospital. Cerca, muy cerca, para escuchar si un médico anunciaba el nombre de la paciente. Se desocupó una cama en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios y se la ofrecieron a un joven de 30 años. “Él dijo que no. Que todavía aguantaba y que era mejor que se la dieran a Miriam. Eso nos dijo una enfermera”, cuenta Daniel Mogollón. Gracias a ello pudieron atenderla y estabilizarla. Tiene una inflamación pulmonar que dificulta su respiración. Están a la espera de si necesita una cámara de respiración con más capacidad que la que tiene para hacer la gestión en la EPS.

Congestión hospitalaria

Paola Parra estaba dispuesta a llevar a su madre a otro departamento con tal de que fuera atendida, aunque no fue necesario. Los traslados han sido una alternativa clave en medio de la pandemia frente al alto índice de ocupación de UCI en Medellín, que por estos días llega al 96,90 %. La gestión se hace mediante el departamento o las EPS y se busca suplir en otras ciudades las necesidades de camas. “Tiene complicaciones logísticas. No solo es la cama, es la ambulancia aquí y allá, el avión-ambulancia, disponibilidad en ambos aeropuertos y la conexión con una red hospitalaria distinta”, explicó Andrés Trujillo Zea, director general de la Clínica CES.

La cantidad de contagios y el nivel de ocupación UCI en la capital antioqueña llevó a que, desde el pasado miércoles 7 de abril, se declarara la alerta roja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria (Clínica León XIII), la Clínica CES, Clínica Universitaria Bolivariana, Clínica Las Vegas, Clínica Las Américas, Clínica Cardio Vid, Hospital San Vicente Fundación. Lo propio sucedió en los hospitales de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Las camas restantes son administradas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de manera centralizada en el departamento.

En la Clínica CES, por ejemplo, la situación es crítica. “Tenemos todas las camas ocupadas. Incluso pacientes ventilados en el servicio de urgencias y cirugías, que no es lo ideal, pero no tenemos dónde más ubicarlos. Estamos colapsados”, señala Andrés Trujillo. La suspensión de las intervenciones quirúrgicas programadas facilita el aprovechamiento de estos y otros espacios de los hospitales, de esta forma han logrado aumentar su capacidad de atención, en conjunto con la administración. “Nosotros nos hemos expandido al máximo. Estamos revisando posibilidades de ampliarnos según lo requieran los pacientes”, sostiene Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora general de la IPS Universitaria.

Se espera que los casos aumenten y se prolongue el estado de crisis, pues aún no se han reflejado los contagios que dejó la Semana Santa, ya que las complicaciones graves tienden a aparecer pasados más de cinco días después del contagio. De ahí que desde la Gobernación de Antioquia se extremaran las medidas para tratar de contener el avance del virus y se decretara un toque de queda continuo de cuatro días que rige hasta mañana a las 5:00 a.m. Eso sí, para las autoridades es claro que solo hasta que disminuya el número de infectados por día, se podrá dar por superada la emergencia.

Hospitalización en casa

Además de los traslados, aumento en capacidad de los centros de salud y las medidas restrictivas de la administración, se ha buscado desescalar pacientes, lo que permite agilizar la disponibilidad en las camas en cuidados intensivos y terminar el tratamiento en unidades de menor complejidad o desde las casas. Ese fue el caso de José Alfredo Herrera, de 51 años. Se contagió de COVID-19, presentó dificultades respiratorias y su familia lo llevó al Hospital San Rafael, en Itagüí. De allí lo trasladaron a urgencias de la IPS Universitaria. “Estuvo en una silla como tres días porque no había camillas. Todo está copado. Nos permitieron la hospitalización en casa gracias a que se estabilizó”, contó Simón Padilla, cuñado del paciente.

Esperaron dos horas y media a que llegara la ambulancia que lo trasladó sin inconvenientes. En su casa, José Alfredo está conectado al oxígeno. Todos los días, durante 20 minutos aproximadamente, lo visita un médico que le aplica los medicamentos y evalúa su proceso. El resto del tiempo está bajo los cuidados de su esposa y cuñado. “Tiene sus altibajos. Está delicado y no puede hacer mucho esfuerzo físico. Nos dijeron que recibirá esta atención más o menos durante un mes, dependiendo de la evolución que tenga”, añadió Simón.

El proceso lo ha facilitado la IPS Universitaria con su programa de atención domiciliaria, del que forman parte alrededor de 2.000 pacientes, que representan casi tres veces la capacidad de la clínica, según su directora Marta Ramírez.

Sin embargo, y a pesar de las medidas recientes adoptadas desde las administraciones locales y departamentales, los expertos insisten en la necesidad de que haya una conciencia por parte de los ciudadanos sobre la crisis que atraviesa el departamento. “Le hacemos un llamado a la comunidad para que cumpla todos los protocolos de bioseguridad y acate las medidas restrictivas de movilidad. Se necesita responsabilidad de los ciudadanos frente a su autocuidado”, pidió el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia.